Su titular, Claudia Ortiz, reconoció que los gastos duplican a los ingresos y defendió los topes a las consultas médicas. El oficialismo impulsa una reforma tras el receso invernal para aumentar la cuota a los adherentes voluntarios.
La obra social de los empleados públicos de La Rioja (APOS) atraviesa una severa crisis financiera que reabrió el debate sobre su sustentabilidad y la calidad de sus prestaciones. Su titular, Claudia Ortiz, blanqueó el complejo escenario contable que afronta el organismo: registra un gasto mensual de entre 13.000 y 14.000 millones de pesos, mientras que sus ingresos apenas oscilan entre los 8.500 y 9.000 millones.
La diferencia, que genera un rojo operativo de hasta 5.500 millones de pesos por mes, es cubierta parcialmente por el Tesoro provincial. «El Gobierno pone una parte, pero no el total. Al no completarse, se pueden emitir órdenes de pago para algunos prestadores y para otros no. Esa es la discusión que estamos teniendo para buscar un equilibrio», admitió la funcionaria. Ante este desfasaje, Ortiz defendió la aplicación de auditorías estrictas y la vigencia de cupos y topes en las consultas médicas para frenar «la maquinita de facturar».
En ese contexto de asfixia presupuestaria, el oficialismo provincial busca avanzar en la Legislatura, una vez que culmine el receso invernal, con un proyecto de ley presentado por el diputado peronista Juan Carlos «Juanquis» Santander para modificar el régimen de aportes.
Los cambios en la lupa: subas para el grupo familiar y aportes mínimos
Ortiz aclaró de forma tajante que la iniciativa no modificará la alícuota que se descuenta a los trabajadores titulares, sino que apuntará a los denominados adherentes voluntarios (familiares directos que el empleado decide incorporar al sistema de forma opcional) y a los salarios más bajos.
El nuevo esquema de incrementos prevé:
- Cónyuges: El aporte pasará del 1% actual al 2,5%.
- Hijos mayores de 25 años: Se establecerá una escala que llegará al 3% para la franja que va hasta los 30 años. Los menores de 21 y los estudiantes de hasta 25 años mantendrán el 2,5% actual.
- Tope mínimo por cargo: Se fijará una base de cotización equivalente a la categoría 15 de la administración pública (hoy en unos 11.000 pesos). La medida impactará principalmente en sectores como el docente, donde hay maestros que trabajan pocas horas y aportan cifras insignificantes por todo su grupo familiar.
«Los costos en salud van por ascensor y los fondos por la escalera. Sostener a los adherentes voluntarios a tan bajo costo es un gran riesgo para el sistema», argumentó la contadora, al tiempo que cruzó a la oposición por rechazar la reforma en la Cámara de Diputados: «Le hacen mucho daño al sistema. Hay que analizar objetivamente que la obra social está en crisis y sostiene a más de 150.000 afiliados».
Restricciones en las derivaciones y demoras con prestadores
Para contener la sangría de fondos, APOS también comenzó a aplicar una fuerte política de restricción en las derivaciones médicas hacia centros de salud de Córdoba y Buenos Aires. A partir de ahora, los traslados fuera de la provincia quedarán reservados de manera exclusiva para casos de alta complejidad que no tengan posibilidad de resolución en las clínicas u hospitales locales.
La falta de liquidez ya impacta en la cadena de pagos a los profesionales de la salud. Si bien Ortiz aseguró que la provincia «está pagando dentro de todo bien», reconoció que arrastran retrasos de varios meses en las liquidaciones con entidades clave como el Colegio de Odontólogos, una tensión que el Palacio de Gobierno intenta administrar mes a mes para evitar el corte total de los servicios médicos.
