El intendente de Lamadrid, Luis Orquera, advirtió que el departamento Villa Castelli concentra el mayor potencial minero de la provincia. Exigen que las empresas operadoras reconozcan a los pueblos de la zona como «comunidades» para garantizar cupos laborales y beneficios económicos directos.

El boom de la minería en la cordillera reactivó un viejo foco de disputa territorial y económica entre La Rioja y San Juan. El intendente del departamento riojano de Lamadrid, Luis Orquera, confirmó que el bloque oficialista avanza en una dura negociación con las empresas operadoras del mega-proyecto Vicuña para que se reconozca formalmente el impacto geográfico de la actividad en suelo riojano y se traduzca en puestos de trabajo e infraestructura local.

«Estamos en una etapa de diálogo y de pelea permanente. Con la gente de San Juan de Vicuña y las otras empresas que están explorando tenemos excelente relación, pero estamos fijando los puntos para ponernos de acuerdo», admitió el jefe comunal, exhibiendo la sintonía que busca imprimir la gestión del gobernador Ricardo Quintela tras la reciente presentación del Plan Quinquenal minero en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires ante inversores extranjeros.

La Rioja busca capitalizar que la zona de Villa Castelli (departamento General Lamadrid) fue calificada por las áreas técnicas como «la de mayor riqueza y potencial minero» de la provincia. Sin embargo, el grueso de la logística actual opera bajo bandera sanjuanina. «Ya está funcionando Vicuña a pleno y pasan por nuestro camino. Por eso el principal reclamo es mano de obra local, contratación de empresas de servicios riojanas y beneficios directos para la región», detalló Orquera.

El Código Minero y la exigencia de un canon para los pueblos

La estrategia de los intendentes del interior riojano apunta a una aplicación estricta del marco legal para forzar a las multinacionales a derramar recursos en los municipios vecinos a los yacimientos. En el centro de la mesa de negociación se encuentra la figura de «comunidades» establecida en el Código de Minería.

Al ser declarados bajo esta condición, las mineras quedan obligadas a colaborar de forma directa con los pueblos más cercanos a los proyectos. El plan del Ejecutivo riojano incluye:

• Cupo laboral y capacitación: El municipio ya inició programas de formación técnica para el personal local, exigiendo que las empresas absorban esa mano de obra en lugar de trasladar operarios de otras provincias.
• Fondo de infraestructura: Exigen la compensación por el uso y desgaste de la infraestructura pública. «La provincia hace los caminos y las obras. Las empresas tienen que aceptar colaborar», argumentó el intendente.
• Pago de cánones específicos: Se analiza la implementación de un cargo o canon compensatorio por la utilización de los recursos y rutas de la zona del Valle del Bermejo.

«Sabemos que el desarrollo de la minería es un proceso lento, pero va a funcionar y será el motor económico del interior de La Rioja. Genera una expectativa enorme por la necesidad urgente de puestos de trabajo genuinos», concluyó Orquera antes de sumarse a la comitiva oficial del gobernador Quintela en su recorrida por el interior de la provincia.