Aguas Riojanas comenzó a instalar los primeros 500 medidores domiciliarios para avanzar con la futura Ley de Medición. El Gobierno busca administrar mejor el recurso mientras advierte que el dique Los Sauces no logró recuperarse y que la provincia extrae más agua de la que los acuíferos pueden recargar.

El gobierno de Ricardo Quintela decidió acelerar una de las reformas que considera centrales para enfrentar la crisis hídrica que atraviesa La Rioja. Aguas Riojanas comenzó a instalar los primeros 500 medidores domiciliarios como paso previo a la implementación de la futura Ley de Medición, con la que la Provincia pretende controlar el consumo de agua y administrar con mayor precisión un recurso cada vez más escaso.

La iniciativa, impulsada junto al diputado Gonzalo Becerra, aparece en un contexto de creciente preocupación por la situación de las principales cuencas hídricas, que no lograron recuperarse pese a las lluvias registradas durante el último verano.

El gerente de Aguas Riojanas, Roberto Valle, explicó que la nueva herramienta permitirá conocer en tiempo real el comportamiento de las cuencas de Los Sauces, Guaco, Sanagasta, Chilecito y La Lumbre, consideradas estratégicas para el abastecimiento provincial.

«Es una herramienta muy importante porque nos permitirá administrar correctamente la distribución del agua y anticiparnos cuando tengamos un verano con escasos recursos», afirmó.

La preocupación oficial se concentra especialmente en el dique Los Sauces, cuya cuenca alimentadora prácticamente no recibió precipitaciones durante la última temporada estival.

«En esas cuencas prácticamente no llovió durante todo el verano. Eso hizo que el dique no recuperara su nivel y seguimos atravesando una emergencia hídrica», advirtió Valle.

El sistema abastece aproximadamente al 30% de la ciudad de La Rioja, principalmente a los barrios del norte y oeste de la Capital, dos de las zonas que históricamente presentan mayores problemas de abastecimiento durante los meses de mayor demanda.

Pero el Gobierno también pone el foco sobre el consumo domiciliario.

Según explicó el funcionario, mientras los parámetros internacionales para regiones áridas establecen un uso promedio de 140 litros diarios por habitante, en La Rioja ese indicador alcanza los 700 litros por persona.

«Estamos utilizando mucho más de lo necesario. Extraemos agua de acuíferos a unos 350 metros de profundidad y estamos sacando más agua de la que la naturaleza puede recargar», sostuvo.

Ese diagnóstico es uno de los argumentos que utiliza la Provincia para avanzar con la instalación masiva de medidores, una política que históricamente encontró resistencias en distintos sectores sociales.

La primera etapa comprenderá 500 conexiones, principalmente en el microcentro de la Capital y otros sectores considerados estratégicos. El objetivo oficial, sin embargo, es extender progresivamente el sistema a las casi 98.000 conexiones que administra Aguas Riojanas en los cinco departamentos donde presta servicio.

Valle explicó que los trabajos se realizan mayormente durante los fines de semana para reducir el impacto sobre la circulación y la actividad comercial.

En paralelo, el funcionario alertó sobre el incremento de robos y hechos de vandalismo contra los nuevos equipos instalados.

«Hemos sufrido robos y actos de vandalismo contra los medidores. Ya realizamos las denuncias correspondientes y hay personas detenidas por estos hechos», aseguró, al tiempo que pidió la colaboración de los vecinos para denunciar cualquier ataque contra la infraestructura del servicio.

Mientras avanza con el plan de medición, Aguas Riojanas también prepara un operativo especial para el acto por los 50 años del martirio de monseñor Enrique Angelelli, que se desarrollará en Punta de los Llanos.

La empresa tendrá a su cargo el abastecimiento de agua potable para las agrupaciones gauchas, peregrinos y asistentes, en un encuentro para el que el Gobierno provincial espera la llegada de más de 3.000 personas de distintos puntos del país.

La emergencia hídrica se convirtió así en otro de los desafíos estructurales que enfrenta la administración de Quintela. La apuesta oficial pasa por combinar nuevas obras, mayor control del consumo y una reforma normativa que permita administrar un recurso que, según reconocen en el propio Gobierno, ya no alcanza para sostener el ritmo actual de demanda.