El intendente de la Capital riojana, Armando Molina, anunció que instruyó la aplicación de medidas destinadas a proteger los salarios de las trabajadoras y los trabajadores municipales frente a embargos judiciales, en cumplimiento de la Ley Provincial 10.901.
“Desde septiembre, y en cumplimiento de la Ley Provincial N.º 10.901, instruí que ningún embargo judicial afecte el salario de las trabajadoras y trabajadores municipales”, expresó en su publicación en X.
El jefe comunal acompañó el anuncio con una definición sobre el objetivo de la medida: “El salario se protege. El trabajo se respeta. La familia se cuida”.
Molina había anticipado la medida
En un mensaje anterior, el intendente había expresado: “Vamos a detener los embargos ilegales en los sueldos de los empleados y empleadas municipales”. Más tarde vinculó la instrucción con la ley provincial y señaló su aplicación desde septiembre.
La calificación de “ilegales” corresponde al jefe comunal. En esos mensajes no identificó expedientes ni resoluciones judiciales particulares.
El DNU de Quintela para proteger a las familias frente al sobreendeudamiento
El antecedente de la medida municipal es el Decreto de Necesidad y Urgencia 1.293/2026, firmado por el gobernador Ricardo Quintela. El Ejecutivo riojano creó con ese instrumento un régimen provincial de protección para usuarios de créditos de consumo y declaró por 180 días la emergencia económica, crediticia y social vinculada con esas operaciones. La Ley Provincial 10.901 ratificó el decreto.
La iniciativa apunta a proteger los ingresos familiares frente al sobreendeudamiento y las prácticas crediticias abusivas. Su objetivo es ampliar las herramientas de control y acompañamiento para quienes enfrentan obligaciones difíciles de sostener, especialmente cuando recurren al crédito para cubrir necesidades básicas.
El régimen incorpora exigencias de información para los proveedores alcanzados, mecanismos de registro y fiscalización e instancias de conciliación. Estas herramientas buscan facilitar la revisión de las condiciones de contratación y la búsqueda de alternativas de refinanciación.
La protección de los salarios y de los ingresos de los hogares constituye uno de los ejes de la medida impulsada por Quintela. La intervención provincial se orienta a prevenir abusos y condiciones desproporcionadas, sin implicar el desconocimiento general de las deudas ni de la actividad crediticia legítima.
Ese marco contempla la suspensión transitoria de determinados embargos y ejecuciones judiciales vinculados con proveedores de crédito comprendidos en el régimen, principalmente prestamistas y empresas no reguladas por la Ley de Entidades Financieras. El alcance de estas disposiciones fue abordado en la cobertura de Rioja Política sobre el régimen de protección crediticia.
Qué informó el municipio
En un comunicado, el Municipio Capital precisó que Molina instruyó al área correspondiente para que, desde septiembre, ningún embargo judicial afecte el ingreso de las trabajadoras y los trabajadores municipales. La administración encuadró la decisión en el cumplimiento de la Ley Provincial 10.901 y en la protección del sustento familiar.
“El salario de nuestros trabajadores es intocable. En este momento, donde cada peso cuenta, tenemos la responsabilidad de cuidar sus ingresos y garantizar que puedan llevar el sustento a sus familias”, sostuvo Molina, según el comunicado.
El Municipio reafirmó su compromiso de acompañar a las familias municipales en un contexto económico complejo y de proteger a quienes sostienen diariamente el funcionamiento de la ciudad.
Asesoramiento gratuito: dónde y cuándo consultar
Las trabajadoras y los trabajadores municipales pueden acceder a asesoramiento gratuito de lunes a viernes, de 18 a 20 horas, en el edificio militante, segundo piso del Municipio Capital, según la información difundida por la administración municipal.
La expresión “ningún embargo judicial” forma parte del anuncio municipal. Su aplicación debe encuadrarse en los supuestos previstos por la norma provincial; el comunicado no individualiza expedientes ni resoluciones judiciales.
El anuncio tampoco comunica una condonación de deudas: se refiere a la protección de los haberes frente a las medidas de cobro judicial alcanzadas por ese marco.
Fuentes: publicaciones de Armando Molina en X del anuncio sobre la protección salarial y del mensaje previo sobre embargos.
