Ricardo Quintela. Imagen facilitada a la redacción.
La Rioja cuenta con un régimen provincial de protección para usuarios de créditos de consumo, creado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1293/2026, firmado por el gobernador Ricardo Quintela. La medida busca intervenir frente a condiciones abusivas de financiamiento y facilitar la revisión de obligaciones que comprometen los ingresos familiares.
El decreto declaró por 180 días la emergencia económica, crediticia y social vinculada a estas operaciones. Según la información difundida por el Ejecutivo, incorpora mayores exigencias de información, mecanismos de registro y fiscalización e instancias de conciliación para abordar situaciones de sobreendeudamiento.
Información y controles sobre los préstamos
El Gobierno provincial fundamentó la iniciativa en las dificultades de hogares que recurren al crédito para afrontar alimentos, medicamentos, servicios y otros gastos esenciales.
El régimen apunta a mejorar la transparencia de las operaciones y a brindar herramientas frente a tasas, cargos o condiciones desproporcionadas. También contempla medidas transitorias destinadas a facilitar la revisión y refinanciación de obligaciones.
Desde el Ejecutivo aclararon que la iniciativa no supone desconocer deudas ni cuestionar la actividad financiera legítima. Su objetivo declarado es intervenir ante abusos y promover condiciones compatibles con la capacidad de pago de los usuarios.
Molina prometió detener los embargos que calificó de ilegales
El intendente de la ciudad de La Rioja, Armando Molina, se pronunció sobre los embargos a trabajadores municipales. “Vamos a detener los embargos ilegales en los sueldos de los empleados y empleadas municipales”, afirmó en un mensaje de su cuenta de X, @amolinalarioja, aportado a esta redacción.
La declaración expresa un compromiso del intendente. El mensaje no detalla los casos alcanzados, las medidas previstas ni los plazos para concretarlas.
La ratificación legislativa
La Cámara de Diputados provincial ratificó el decreto. Durante su tratamiento, el diputado Raúl Cabral sostuvo que la regulación busca atender especialmente problemas relacionados con créditos informales, tasas, plazos y garantías abusivas.
Según informó la Legislatura, los representantes de la Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza no acompañaron la medida.
Qué deben distinguir los usuarios
La declaración de emergencia no equivale a una condonación general de deudas ni permite concluir que cualquier préstamo queda automáticamente refinanciado.
Para conocer el alcance de la protección en cada caso, será necesario identificar qué operaciones están comprendidas y cuáles son los requisitos para acceder a las instancias de revisión, refinanciación o conciliación.
