El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, confirmó que llevará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el reclamo territorial que su provincia mantiene con San Juan por el área del distrito minero Vicuña, que incluye zonas próximas a Ischigualasto. La decisión reactivó una controversia limítrofe que ya había generado tensiones a comienzos de año y que ahora escaló al Congreso Nacional, con un cruce entre legisladores del propio Partido Justicialista que expuso quiebres internos del espacio.

El límite entre ambas provincias fue fijado por el Decreto Ley 18.004, de 1968. San Juan sostiene su plena vigencia legal, mientras que La Rioja lo cuestiona y reclama parte de ese territorio, unos 3.000 km² de zona cordillerana donde se emplaza el distrito Vicuña, con proyectos de cobre y oro de escala internacional como Filo del Sol y Lunahuasi.

El cruce entre legisladores del PJ

El diputado nacional por San Juan Cristian Andino salió al cruce del planteo riojano. «Como legislador nacional, pero sobre todo como sanjuanino, expreso mi absoluta defensa de cada centímetro de nuestra provincia», sostuvo, y agregó que la disputa «no se trata solamente de una línea en un mapa», sino de «la historia» y «el trabajo de generaciones de sanjuaninos».

La respuesta llegó desde la propia bancada riojana del PJ. La diputada nacional Hilda «Beba» Aguirre de Soria le contestó «de igual a igual, con el respeto federal que nos debemos las provincias hermanas, pero también con la firmeza que me dan la historia y el derecho», y pidió revisar los antecedentes históricos que, sostuvo, respaldan la postura de La Rioja.

El contrapunto se replicó en la política provincial. El diputado sanjuanino Federico Rizo acusó a Quintela de usar el reclamo «para hacer política, para un poco limpiar su mala gestión». Le respondió el presidente del bloque justicialista de Diputados de La Rioja, Cristian Pérez: «Los límites provinciales no se establecen a fuerza de micrófonos ni de agravios. Descalificar al gobernador Ricardo Quintela no modificará ningún límite ni resolverá una controversia que debe ser analizada con seriedad, documentación y respeto institucional».

Una zona con 18.000 millones de dólares en juego

Detrás de la disputa territorial hay un fuerte interés económico. Vicuña prevé una inversión inicial estimada en 18.000 millones de dólares y la minería ya genera en San Juan más de 12.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Quintela fundamentó su reclamo cuestionando la distribución de la carga impositiva y el esquema de incentivos vigente, y argumentó que La Rioja necesita ingresos propios frente al corte de fondos extra coparticipables y una deuda de 300 millones de dólares vinculada a parques solares provinciales.

Para destrabar el conflicto, el gobernador propuso un esquema de administración compartida o «cogobierno» económico sobre el área en disputa, tomando como modelo el que ya rige en la Puna entre Salta y Catamarca: un comité de gestión interprovincial que reparta las regalías en un 50% para cada jurisdicción, sin alterar la soberanía civil ni la prestación de servicios a cargo de San Juan. Las autoridades sanjuaninas rechazaron de plano cualquier esquema de reparto.

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El trasfondo de Guandacol y la ruta riojana

La tensión con la empresa que desarrolla Vicuña ya se había hecho visible meses atrás, cuando vecinos de Guandacol y Villa Castelli bloquearon con piquetes el paso de camiones hacia la traza que conecta el proyecto minero con Chilecito, en reclamo de contribuciones locales o de la contratación de insumos y mano de obra riojana. Consultada en aquel momento, la desarrolladora confirmó que la ruta de acceso por territorio riojano seguirá utilizándose durante toda la vida del proyecto, aun cuando la empresa avanza en paralelo con una traza alternativa por el lado sanjuanino.

Una fractura que llega al mapa electoral

El intercambio dejó expuestas diferencias entre dirigentes del PJ de La Rioja y San Juan sobre el reclamo territorial. Las declaraciones políticas expresan las posiciones de cada provincia: por sí mismas no modifican los límites ni equivalen a una resolución judicial sobre la controversia.

Imagen de portada: fotografía de archivo de Rioja Política; no corresponde al encuentro o a las declaraciones de esta nota.