El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a cuestionar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y planteó un esquema alternativo para el desarrollo de la minería en la provincia, basado en la participación de empresas estatales junto con capitales privados. En declaraciones a un medio de San Juan, calificó al RIGI como «el peor despojo que tiene la República Argentina» y aclaró que su posición no implica rechazar la llegada de inversiones privadas o extranjeras, sino modificar las condiciones bajo las cuales se desarrollan los emprendimientos.
Según detalló el mandatario, La Rioja cuenta actualmente con 25 proyectos mineros en distintas etapas: 17 de prospección y 8 de exploración. Ninguno se encuentra todavía en etapa de explotación y, de acuerdo con sus propias declaraciones, ninguno solicitó hasta el momento la adhesión provincial al RIGI.
Un socio, no un régimen de incentivos
La propuesta del Gobierno riojano consiste en que las empresas privadas puedan asociarse con compañías estatales de la provincia, con una participación del Estado sobre el valor bruto de producción que podría ubicarse en el 10%, el 15% o el 20%, según el mineral y las características de cada proyecto. «Nos asociamos con ellos. Tenemos empresas estatales con las que trabajan en conjunto. El Estado se asocia y decimos: vamos con un 10% del bruto, un 15%, un 20%, de acuerdo con el mineral. Nos ponemos de acuerdo porque yo no le impongo nada a nadie. Nos ponemos de acuerdo los proveedores, los trabajadores y la riqueza para la empresa, para el país y para la provincia», explicó Quintela.
«Todavía no tenemos licencia social»
Uno de los puntos centrales que planteó el gobernador es que la provincia todavía no cuenta con el respaldo social necesario para avanzar hacia la explotación. «No, explotación no, porque nosotros todavía no tenemos licencia social. A partir de mi llegada al poder empezamos a construir esa licencia social, esa confianza en gran parte de la sociedad, que es obviamente observada con mucha precaución y con mucho detenimiento por la gente que tiene algún tipo de dificultad con la explotación minera», afirmó.
En esa línea, sostuvo que la provincia busca fijar condiciones ambientales antes de avanzar hacia una eventual etapa productiva: «lo que nosotros estamos procurando es darle garantías de sustentabilidad ambiental a cada uno de los proyectos. No tenemos el cheque en blanco de la sociedad para la explotación minera».
El Plan Quinquenal Minero
La postura se enmarca en el Plan Quinquenal Minero 2026-2030 presentado por la provincia, que contempla el desarrollo de los proyectos en marcha, una mayor participación estatal y el fortalecimiento de proveedores y trabajadores locales. En junio, la administración riojana había informado sobre 26 proyectos —17 en prospección y 9 en exploración—; en las declaraciones más recientes, Quintela actualizó el número a 25, con 17 en prospección y 8 en exploración.
El planteo abre una discusión distinta a la que propone el RIGI a nivel nacional, pensado para atraer grandes inversiones mediante un marco de incentivos fiscales. La Rioja busca, en cambio, que la participación del Estado provincial forme parte de la estructura económica de los futuros emprendimientos, con intervención de proveedores y trabajadores locales. Quintela remarcó que la diferencia no implica un rechazo absoluto al capital privado, sino la exigencia de que el Estado participe de la generación y distribución de los beneficios derivados de los recursos minerales.
El debate cobra relevancia en un contexto en el que la provincia se encuentra aún en una etapa predominantemente exploratoria, sin proyectos en producción. Por eso, la definición de las condiciones para una eventual explotación será determinante para los emprendimientos que puedan avanzar desde la exploración hacia la construcción y, más adelante, hacia la producción.
