El ministro de Seguridad de La Rioja, Miguel Zárate, explicó que el proyecto de Ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana propone crear un organismo externo a la Policía para investigar la conducta de los efectivos y reorganizar la prevención con direcciones diferenciadas para Capital e interior. Según indicó, la iniciativa contaba con aprobación en comisión y su tratamiento en el recinto estaba previsto para este jueves 17 de septiembre.
La propuesta busca ordenar en un mismo sistema a la Policía, el Servicio Penitenciario y los demás organismos del área, bajo la conducción política y civil del gobernador y del Ministerio de Seguridad.
Denuncias y control fuera de la estructura policial
Uno de los cambios centrales sería el reemplazo de la Dirección de Asuntos Internos por una unidad de auditoría y control externo dependiente directamente del Ministerio de Seguridad. Recibiría denuncias, investigaría las conductas y tramitaría sanciones por actuaciones de integrantes de las fuerzas.
«La Policía va a dejar de ser juez y parte al mismo tiempo», sostuvo Zárate. Señaló que el objetivo es dar mayor transparencia a las investigaciones y garantizar el debido proceso para los efectivos.
El ministro precisó que la conducción de la unidad sería civil y que contaría con un área legal y un cuerpo de instructores. La integración del equipo, que podría ser civil o mixta, se definiría en la reglamentación. Se trataría de un organismo externo a la fuerza, dentro de la estructura del Ministerio.
Según explicó, el nuevo mecanismo permitiría a los vecinos presentar denuncias por posibles abusos ante un órgano ajeno a la estructura policial. La propuesta también contempla garantías de defensa para el personal investigado.
Capital e interior tendrían direcciones propias
Zárate anunció que la actual Dirección de Seguridad se dividiría en dos: una enfocada en los problemas de la Capital y otra en los departamentos del interior. Argumentó que la conducción actual concentra demasiadas responsabilidades y que es necesario mejorar la coordinación territorial.
El proyecto contempla unidades departamentales para reforzar la articulación entre las dependencias y sus superiores. La plana mayor pasaría de 13 a 14 direcciones, según detalló.
En investigación, prevé una Dirección de Investigación Criminal para fortalecer el abordaje de delitos complejos y el trabajo con el Ministerio Público Fiscal ante la implementación del sistema acusatorio.
Participación vecinal y planificación con datos
La iniciativa reconoce a los foros vecinales como actores del sistema de seguridad y contempla al Consejo Provincial de Seguridad. La comunidad participaría en los diagnósticos sobre los problemas de cada zona y en la elaboración de respuestas.
También propone un observatorio para recopilar y analizar información destinada a planificar las políticas públicas, junto con la capacitación permanente de las fuerzas.
Zárate explicó que las leyes sobre el personal policial y penitenciario conservarían su vigencia, incluidas las reglas de carrera y jerarquías. El jefe de Policía seguiría siendo un integrante de la fuerza. La propuesta también daría un marco orgánico al Servicio Penitenciario.
Sobre los recursos, sostuvo que las nuevas áreas del Ministerio se organizarían mediante la reasignación de cargos y personal existentes. Afirmó que la reforma no tendría implicancias presupuestarias considerables.
Plazos e incorporaciones a la Policía
Al momento de las declaraciones, Zárate describía un proyecto pendiente de tratamiento en el recinto. Señaló que, de aprobarse y publicarse oficialmente, tendría una implementación progresiva y un plazo máximo de 180 días para su reglamentación.
El ministro aclaró además que esta iniciativa organiza las instituciones de seguridad y es distinta del proyecto de Código de Convivencia.
En otro tramo, informó que el Gobierno trabaja para incorporar a 270 nuevos efectivos a partir del 1 de octubre. Presentó esa fecha como el objetivo de la gestión y aclaró que todavía se avanzaba en las previsiones administrativas y presupuestarias.
Respecto de los adicionales policiales, indicó que los organismos que solicitan el servicio deben tramitar los pagos en coordinación con la Policía y sostuvo que existe una instrucción de no demorar más de 30 días los trámites administrativos.
