La abogada Estela Ponce, coordinadora del dispositivo territorial Nueva Vida en La Rioja, cuestionó la eficacia de la reforma para frenar el delito y alertó sobre la judicialización de conflictos cotidianos entre estudiantes. Cómo es el abordaje interdisciplinario en territorio y el impacto emocional en los adolescentes.

La puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil que redujo la edad de punibilidad a los 14 años continúa sumando reparos y preocupación entre los organismos técnicos encargados de abordar las problemáticas de la niñez y la adolescencia. En La Rioja, la coordinadora del área penal juvenil y del dispositivo territorial Nueva Vida, la abogada Estela Ponce, advirtió sobre las consecuencias directas que la norma acarrea sobre conductas que históricamente se resolvían en el plano educativo o familiar y que hoy quedan bajo la órbita de los tribunales.

«Fue una ley sancionada en un contexto de enojo y descontento social, planteada como una supuesta solución mágica contra la inseguridad cuando la delincuencia juvenil representa un porcentaje ínfimo de los delitos. Se atacó por un camino que no bajará la inseguridad y estamos metiendo al sistema penal a chicos en pleno desarrollo», advirtió la especialista en declaraciones radiales.

En esa línea, Ponce coincidió con las advertencias planteadas por defensores oficiales y jueces provinciales respecto del riesgo de criminalizar episodios menores: «Antes eran transgresiones, faltas de conducta o travesuras escolares que se abordaban desde un enfoque preventivo y proteccional. Hoy, una pelea en el recreo o una agresión física entre compañeros de colegio puede ser denunciada, abrir una causa judicial y dejar antecedentes penales imborrables para un adolescente de 14 años».

Para frenar esta escalada penal, la funcionaria adelantó que articulan con autoridades escolares: «Estamos conformando mesas de trabajo interdisciplinarias con directivos y gabinetes pedagógicos de las escuelas secundarias. Los colegios deben contar con herramientas de mediación para contener y resolver las conflictividades mínimas dentro de la institución y evitar que los chicos terminen judicializados».

Cómo opera el dispositivo y el impacto en los jóvenes

El dispositivo Nueva Vida, dependiente de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, es el organismo administrativo encargado de ejecutar los planes socioeducativos y las medidas judiciales no privativas de la libertad dictadas por los juzgados competentes.

• Abordaje en libertad:El organismo atiende un promedio mensual de entre 15 y 20 adolescentes. Los chicos permanecen en sus hogares bajo un plan de intervención que dura entre un mes y un año, con el objetivo de garantizar su revinculación escolar, capacitación laboral y contención social.
• Equipo interdisciplinario:Cuenta con trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, profesionales de la salud, profesores de educación física y abogados, complementados por operadores territoriales que visitan periódicamente las viviendas para supervisar el cumplimiento del plan.
• Garantías en comisarías: Ponce aclaró que ante una aprehensión policial de un menor interviene el equipo de guardia de la Secretaría de Derechos Humanos, encargado de constatar que no existan demoras ilegales ni apremios físicos en las dependencias.

Por último, la abogada expuso la secuela emocional que sufren los adolescentes al verse inmersos prematuramente en un proceso judicial: «Los chicos de 14 o 15 años ingresan asustados, con una enorme angustia por no comprender la magnitud del sistema. Esa presión les genera un desplome en su rendimiento escolar y afecta directamente la dinámica de sus familias. Por eso lanzamos campañas informativas y de concientización para que en los hogares y las aulas se dialogue sobre las consecuencias penales que hoy conllevan estas conductas», concluyó.