El gobernador riojano respaldó la iniciativa parlamentaria para evaluar la salud mental de candidatos y funcionarios. Además, insistió en frenar el RIGI, advirtió que «habrá que nacionalizar y expropiar lo que haga falta» para recuperar los recursos naturales y fustigó a los legisladores peronistas que votan con la Casa Rosada: «El que es traidor, es traidor».

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a arremeter contra la gestión de Javier Milei en un reportaje donde cruzó con dureza la estabilidad psíquica del jefe de Estado, defendió la exigencia de un examen psicofísico obligatorio para cargos electivos y anticipó un programa de gobierno peronista de cara a 2027 que contemple la revisión total de las desregulaciones económicas, incluyendo posibles nacionalizaciones y expropiaciones de recursos estratégicos.

«Cualquier empleado de la administración pública, desde el cargo más humilde, tiene que pasar y presentar un examen psicofísico para ingresar al Estado. Con mucha mayor razón deben hacerlo quienes tienen responsabilidades sobre la sociedad: legisladores, intendentes, gobernadores y el Presidente de la Nación», sentenció el mandatario provincial.

Al ser consultado sobre el debate en torno a las aptitudes psicológicas de la primera magistratura, Quintela no anduvo con rodeos: «El actual presidente todos sabemos que no está en condiciones de conducir los destinos de la República Argentina. Tiene un desequilibrio emocional muy fuerte, una ira, un odio y una bronca que transmite entre el bien y el mal. Y lo peor es que los pícaros que están a su alrededor, incluida su hermana, aprovechan ese descontrol para llevarse el esfuerzo del pueblo argentino y sacar beneficios propios».

Un frente anti-Milei y la advertencia: «Nacionalizar y expropiar lo necesario»

De cara al armado opositor rumbo a las elecciones generales de 2027, el dirigente peronista aseguró que el proceso de unidad del Partido Justicialista se concretará «más temprano que tarde» para confluir en un frente amplio junto a centrales obreras y fuerzas afines. Sin embargo, remarcó que la prioridad antes de definir candidaturas debe ser presentarle un programa de emergencia a la sociedad:

• Plan de shock social e industrial: Quintela diagnosticó un «industricidio con más de 33.000 empresas destruidas» y planteó la necesidad de implementar de inmediato un plan de reactivación de obras públicas desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego para dinamizar las economías regionales. «La urgencia es que la gente vuelva a comer, mande sus hijos a la escuela y pueda curar a su familia», definió.
• Cuestionamiento al RIGI: Calificó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones como «el saqueo más fenomenal de los recursos naturales no renovables». En ese sentido, advirtió: «Cada kilo de oro o cada barril de petróleo que se extrae no se repone. Si esos recursos no se distribuyen en la sociedad, no tiene sentido esa supuesta inversión. Lo hemos dicho con claridad: lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar; y lo que sea necesario expropiar, lo vamos a expropiar. No podemos dejar en manos del mercado servicios esenciales como el agua, la energía y la conectividad».
• Centralismo porteño: Criticó que la Argentina actual «centraliza todo en la Capital Federal y distribuye de manera inequitativa», por lo que propuso rediscutir el esquema federal y avanzar en reformas normativas para consagrar los servicios básicos modernos como derechos indispensables.

Dardo a los tránsfugas del PJ: «El que es traidor, es traidor»

Hacia el cierre de la entrevista, Quintela apuntó directamente contra los diputados y senadores nacionales de origen justicialista que acompañaron proyectos clave de la Casa Rosada y facilitaron la ratificación de vetos presidenciales.

«El que es traidor, es traidor; no hay muchas vueltas. Hay compañeros que llegaron con el voto justicialista y terminaron traicionando al pueblo y a su provincia vendiendo su voto y su conciencia», fustigó el mandatario riojano.

Y si bien admitió que las sanciones partidarias internas o la expulsión formal «no tienen consecuencias directas porque ya hicieron su negocio», concluyó: «Hay que sentarlos en el banquillo para que le expliquen a la sociedad que los votó por qué tuvieron esa conducta. La sociedad rápidamente se da cuenta cuando hay intereses personales por encima del mandato popular».