César Salcedo celebró el fallo judicial que intimó a la Casa Rosada a girar partidas salariales y becas estudiantiles en cinco días bajo apercibimiento de multas. Además, alertó que el Presupuesto 2027 asigna un 33% menos de recursos que los proyectados por el Consejo Interuniversitario Nacional.

Tras la confirmación judicial que otorgó un plazo perentorio de cinco días al Poder Ejecutivo Nacional para dar cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario, el rector de la Universidad Nacional de Chilecito (UNDEC), César Salcedo, advirtió sobre la gravedad institucional de la resistencia oficial y adelantó que, si la Casa Rosada persiste en el desacato, los rectores avanzarán por la vía penal.

«Al presidente de la Nación se lo eligió para dirigir la República; no es un emperador ni un monarca, aunque a veces actúe como tal. En un Estado de derecho, la ley es un límite para los gobernantes y una garantía para los gobernados. Si el Ejecutivo no acata una ley ratificada por dos tercios de ambas cámaras del Congreso y confirmada por la Justicia, se expone a sanciones concretas: primero astreintes (multas diarias) y luego una denuncia penal por el delito de desobediencia», advirtió Salcedo en diálogo radial.

El titular de la UNDEC aclaró el alcance prioritario de la medida cautelar que quedó firme: «La manda judicial no beneficia a la gestión ni a los gastos corrientes todavía; lo que ordena en lo inmediato es actualizar los salarios docentes y no docentes por inflación acumulada desde 2023 por su carácter alimentario, e indexar de la misma forma las becas estudiantiles como las Progresar y Manuel Belgrano. El resto del financiamiento para investigación, extensión e infraestructura se definirá más adelante».

Tijeretazo en el Presupuesto 2027

Salcedo, quien participó activamente del último plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en Bariloche, fustigó además la pauta de gastos que el Ejecutivo envió al Congreso de la Nación para el próximo ejercicio. Según los cálculos del sistema universitario, el proyecto oficial congela el funcionamiento académico y perpetúa el desfasaje:

• Brecha del 33%: Mientras el CIN proyectó una partida global de 11 billones de pesos (con un aspiracional de 18 billones para recuperar infraestructura y programas científicos), la propuesta de la Casa Rosada estipula apenas 7,3 billones.
• Base desactualizada: El rector denunció que el cálculo de sueldos se elaboró tomando los haberes deprimidos de junio con un ajuste del 3%, y un incremento del 20% para gastos operativos ya licuados por la inflación.
• Apagón científico: Cuestionó la ausencia total de fondos para obras de infraestructura en los campus y el desfinanciamiento de las áreas de investigación y extensión.

«La educación superior pública es preexistente a la propia Constitución Nacional y constituye una política de Estado identitaria del pueblo argentino que ningún gobierno puede desarticular. La sociedad ya fijó un límite contundente en las calles y ahora es la Justicia la que ratifica ese mandato», concluyó.