Gisela Flamini precisó que ni la familia de Zoe ni el Ministerio Público Fiscal iniciaron acciones por presunta mala praxis tras el posteo en redes sociales. Además, calificó de «inconstitucional» la baja de imputabilidad a 14 años y advirtió que la crisis y el consumo de drogas dispararon la violencia de género.

Luego de la fuerte repercusión y conmoción que generó la publicación en redes sociales de la madre de Zoe —la niña de 4 años fallecida días atrás en el Hospital de la Madre y del Niño—, la jueza a cargo del Juzgado de Violencia de Género y Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de La Rioja, Gisela Flamini, salió a aclarar que no existe ninguna investigación judicial en curso en torno al caso.

«No hay una investigación penal abierta porque no hubo una denuncia formal de la familia ni una actuación de oficio por parte del Ministerio Público Fiscal», explicó la magistrada.

Flamini detalló que, inmediatamente posterior al fallecimiento, personal policial de Asuntos Juveniles y de la División Homicidios acudió al nosocomio materno infantil para orientar a los familiares sobre la necesidad de radicar la denuncia en caso de sospechar impericia o mala praxis médica, paso indispensable para que el Poder Judicial pueda ordenar el secuestro de la historia clínica y el resguardo de pruebas. «Los jueces tenemos estrictamente prohibido actuar de oficio. En casos de supuesta mala praxis médica, al no ser hechos de flagrancia evidentes a simple vista, se requiere indefectiblemente que se inste la acción penal. Hasta la fecha no ingresó ninguna presentación», puntualizó.

Críticas a la baja de imputabilidad a 14 años: «A todas luces inconstitucional»

Consultada sobre la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil y la tramitación de una causa en la provincia contra un adolescente de 14 años por presuntas agresiones, Flamini expresó una severa preocupación por los alcances de la normativa sancionada por el Congreso:

• Desfasaje de la ley con la realidad local: «Cuando se militó socialmente esta ley, la gente pensaba en casos gravísimos como homicidios cometidos por menores en el conurbano bonaerense, hechos que en La Rioja no existen. No contemplaron que un empujón o una pelea en el patio de una escuela puede meter a un chico de 14 años en un proceso penal con antecedentes que le cambiarán la vida para siempre», advirtió.
• Falta de recursos y presupuesto: Cuestionó la inacción del Gobierno nacional tras el plazo de 180 días previsto en la norma. «No se enviaron fondos a las provincias, ni capacitación, ni se construyeron institutos adecuados de tratamiento y reinserción. La ley tiene postulados teóricos sobre educación y trabajo, pero en la práctica es inviable; es una mentira sin presupuesto», fustigó.
• Planteos de inconstitucionalidad: Aunque recordó que el sistema argentino aplica el control difuso de constitucionalidad caso por caso, Flamini anticipó que la norma «es a todas luces inconstitucional» frente a la Convención sobre los Derechos del Niño y tratados internacionales de derechos humanos, por lo que no descartó que magistrados locales avancen con declaraciones de inconstitucionalidad en expedientes concretos.

Crisis económica y drogas: los motores detrás de la violencia de género

Hacia el tramo final de la entrevista, la magistrada trazó un diagnóstico de la conflictividad intrafamiliar en la provincia, marcada por al menos dos femicidios investigados en lo que va del año y un aumento sostenido en los juzgados especializados.

«Hay dos factores determinantes que hace un par de años no teníamos con esta intensidad: la crisis económica y el crecimiento del consumo problemático de sustancias. Son elementos transversales que originan las agresiones y explican el tenor violento de las denuncias actuales», subrayó.

En esa línea, advirtió sobre dos fenómenos recientes que complejizan la intervención judicial: la repetición de intentos de suicidio o autolesiones de los agresores tras perpetrar los ataques y la expansión del consumo de estupefacientes en mujeres del núcleo familiar. «El consumo de drogas no exime la responsabilidad penal de los agresores, pero encarcelarlos no soluciona el fondo del problema si el Estado no aporta herramientas terapéuticas e integrales para abordar las adicciones», concluyó la jueza.