El secretario de Derechos Humanos de La Rioja confirmó que este miércoles a las 9 se realizará un taller sobre violencia institucional en el Paseo Cultural Castro Barros. Cuestionó la baja en la edad de imputabilidad a los 14 años, alertó sobre las condiciones de encierro de menores en el barrio Vargas y desmintió una huelga de hambre en la Alcaidía.

En medio del debate por la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia y los recientes hechos delictivos que involucraron a menores de edad, el secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor «Pocho» Brizuela, adelantó los ejes de la jornada de capacitación sobre violencia estatal e institucional que encabezará la abogada y criminóloga Claudia Cesaroni. La actividad se desarrollará este miércoles desde las 9:00 en el Salón Coty Agost Carreño del Paseo Cultural.

El funcionario remarcó que el encuentro está destinado a fuerzas de seguridad, jueces, fiscales, defensores oficiales, personal de salud mental y operadores de niñez y adolescencia. «El Estado no puede reproducir violencia en una sociedad que ya sufre altos niveles de violencia. Al delito no se lo combate con otro delito ni con mano dura, sino con la ley, instituciones y dispositivos que apunten a la reinserción», enfatizó Brizuela.

Inaplicabilidad de la ley penal juvenil y el déficit en La Rioja

Brizuela cuestionó la reforma nacional que reduce la punibilidad a los 14 años, advirtiendo sobre la contradicción de sancionar leyes de fondo sin financiamiento federal para construir dispositivos adecuados:

• Falta de edificios y equipos: denunció que la normativa exige espacios de alojamiento diferenciados con abordajes interdisciplinarios civiles que hoy no existen en el país. «Se aprueba una ley punitiva pero no se giran partidas a las provincias; si los chicos terminan en cárceles comunes con adultos, será un desastre», graficó.
• El albergue del barrio Vargas: el titular de Derechos Humanos expuso que el área de detención de menores y mujeres en la zona norte de la Capital no reúne las condiciones requeridas por las convenciones internacionales: es un predio reducido donde conviven sectores con adultos y carece de profesionales para una contención integral.
• Estadísticas vs. alarma mediática: sostuvo que los delitos gravísimos cometidos por la franja de 14 a 16 años representan un porcentaje ínfimo a nivel sociológico. Como antecedente, recordó que cuando funcionó el centro Nueva Vida, la población de adolescentes de 16 a 18 años por causas graves llegó a un pico máximo de apenas tres internos, pasando largos períodos con un solo alojado.

«El encierro precoz funciona como una fábrica de delincuencia. Cuando un adolescente sin contención va a parar a una celda común, solo incorpora resentimiento y odio, saliendo a cometer delitos peores. La respuesta estatal ante faltas correccionales debe ser la escuela, el territorio y el resarcimiento del daño», argumentó el secretario.

La situación en la Alcaidía provincial: demoras procesales y desmentida

Consultado sobre las versiones que circularon respecto a una huelga de hambre de internos en la Alcaidía policial, Brizuela ratificó la desmentida emitida por el Ministerio de Seguridad tras realizar inspecciones oculares durante el fin de semana:

• Sin medidas de fuerza: confirmó que ningún detenido inició medidas de abstinencia alimentaria ni suscribió notas al respecto, atribuyendo los trascendidos a reclamos formulados por familiares.
• Mora judicial: no obstante, Brizuela reconoció que persisten reclamos legítimos vinculados a la lentitud del sistema penal: «Hay personas detenidas por delitos como robo que llevan 8 o 9 meses en la Alcaidía sin que se les tome declaración indagatoria o se resuelva su situación procesal. Si se dicta el procesamiento deben ir al Servicio Penitenciario, pero no pueden permanecer en un limbo jurídico por falta de celeridad judicial».

Taller abierto con Claudia Cesaroni

La disertación central del encuentro en el Paseo Cultural estará a cargo de Claudia Cesaroni, abogada del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), abogada querellante en causas de lesa humanidad (como la masacre del Pabellón Séptimo en la cárcel de Devoto y la causa del fotógrafo Pablo Grillo) y autora de ensayos sobre el sistema punitivo.

La jornada tendrá formato de debate participativo y está abierta también a estudiantes de Abogacía, Criminalística, Trabajo Social y docentes secundarios, abordando el rol preventivo del Estado y los protocolos de actuación en comisarías, cárceles y centros de salud mental.