Categoría: Justicia

El gobierno vendió el 47% de las acciones de LedLar SAPEM al mexicano Carlos Ahumada

El gobierno de La Rioja vendió el 47 por ciento de las acciones de la empresa estatal LedLar SAPEM, ubicada en la localidad de Chamical, al empresario mexicano Carlos Ahumada.

Así lo informó a FM Ciudad de San Luis el propio mexicano, quien tiene abierta una causa por defraudación en México, según la prensa azteca.

En San Luis se construye un parque solar fotovoltaico que producirá una cantidad de energía equivalente a la que hoy consume la totalidad de la ciudad de La Punta, sumado a las mil viviendas que se ejecutan, el Centro de Alto Rendimiento Deportivo e incluso con las luces del estadio Juan Gilberto Funes en funcionamiento.

El parque consiste en 900 cadenas de paneles solares, con una inclinación de 30 grados, que reciben energía solar, la transmiten a unos inversores y la reconvierten en energía que se suma al sistema de interconectado nacional.

El empresario Carlos Ahumada, propietario de la empresa Pessa, Promotora de Energía Solar, – socia minoritaria de Led Lar, que construye los paneles – explicó que “si no pasa nada, va a ser el parque solar más grande de la Argentina”.

Los paneles se construyen en Chamical, La Rioja, en un emprendimiento que tiene como principal protagonista al Gobierno de esa provincia, accionista mayoritario de LedLar SAPEM.

El parque solar estará instalado en un predio de 50 hectáreas en La Punta. Su instalación también está a cargo de la Promotora de Energía Solar. En el lugar, el proyecto generó cerca de 50 puestos de trabajo.

En San Luis, “hemos tenido respaldo del Gobierno, hemos podido tramitar el impacto ambiental; también en  la factibilidad por parte del Municipio de La Punta y en la factibilidad por parte de EDESAL, no hemos tenido ningún problema; puede ser que difusión o promoción del emprendimiento es lo que puede faltar”, destacó Ahumada.

canvas

Se reaviva en México la grave situación de la justicia de Chamical

José Agustín Bocci despacha en una casa ubicada a una cuadra de la plaza principal de Chamical, en La Rioja, Argentina. De clase media, este hombre también es dueño del cibercafé que está en la cochera de esa vivienda.

Esto no tendría importancia para los mexicanos, si no fuera porque él es uno de los fiduciarios del pagaré que desde hace un año ocupa la atención de la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de la recién nombrada secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles.

El pleito legal entre el empresario Carlos Ahumada Kurtz, el PRD y Robles Berlanga está en su etapa de investigación.

El PRD alista una demanda contra el juez del fuero común de La Rioja, Argentina, Pablo Ricardo Magaquian, por “obstruir” la justicia al rechazar la entrega del pagaré original con el que Ahumada demanda al partido y a la funcionaria federal, a fin de poder realizar pruebas periciales al documento.

El pagaré, en poder de EL UNIVERSAL, está fechado el 1 de agosto de 2003 y en él aparece la firma de Rosario Robles Berlanga como presidenta nacional y del Consejo Nacional del PRD. El documento avalaría una deuda del partido con Ahumada por 400 millones de pesos más intereses. El equipo jurídico del PRD afirma que el texto del documento es “falso”.

El juez de La Rioja giró la primera acción legal para embargar los recursos que recibe el sol azteca luego de dar aviso de la supuesta deuda. Un juez federal mexicano ejecutó la orden de embargo el 9 de agosto de 2014.

“Es evidente que Carlos Ahumada tiene control del juzgado, el juez se ha negado reiteradamente a mostrarnos el documento base de la acción para hacer una prueba pericial y ver si la firma [de Rosario Robles] estaba antes de que se hiciera el pagaré. Es corrupto y está coludido”, denunció Waldo Fernández, encargado de la defensa del sol azteca.

Además, el PRD presentará ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) una queja contra la magistrada Edith Alarcón Meixueiro, entonces titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil y quien dio trámite al exhorto con medidas coercitivas [embargo de prerrogativas] del juez argentino, porque ésta se saltó un paso al no dar aviso a la Cancillería mexicana.

Alarcón Meixueiro giró el año pasado un oficio al Instituto Nacional Electoral (INE) para retener los recursos del partido, pero éste libró provisionalmente el embargo por un amparo que le otorgó otro juez federal mexicano, el Séptimo de Distrito en Materia Civil, Concepción Martín Argumosa, a cambio de una garantía de 15 millones 600 mil pesos. En breve, definirá si protege indeterminadamente al PRD o cancela el amparo provisional.

Lo anterior se suma a la estrategia jurídica que emprendió, por separado, Rosario Robles por extorsión, fraude y falsificación del pagaré.

El PRD contestó la demanda ejecutiva mercantil interpuesta en Argentina. Pero Robles Berlanga no lo ha hecho. Por lo que, a través de edictos, un juzgado federal la emplazó el 30 de junio pasado para que en un plazo de 84 días hábiles, a partir de esa fecha, conteste la denuncia promovida por Ahumada.

Desde Argentina, el empresario lamentó que Robles “se esconda” como medida dilatoria del juicio en su contra. Relató que en una casona del barrio de Coyoacán se rechazó identificar como propietaria a la funcionaria, pero que posteriormente el juez federal mexicano identificó ese domicilio por medio del SAR y el ISSSTE, como el de la actual secretaria. Los actuarios también intentaron notificarla en sus entonces oficinas de Sedesol y en Palacio Nacional, pero no se les dio el acceso.

“Si ella, como cualquier ciudadana de bien, hubiera recibido la notificación como lo hizo el PRD, y hubiera después hecho lo que correspondía, se hubiera ahorrado lo anterior, pero lo hizo para tratar de evadir la justicia y es una secretaria de Estado, y el ejemplo que da es de abuso de poder”, reprochó Ahumada, quien en 2003 fuera pareja sentimental de la ahora funcionaria federal.

La “banda del cibercafé”

El equipo jurídico del sol azteca encargado del expediente Ahumada, encabezado por el diputado federal Waldo Fernández González, dijo que se trata de un fraude articulado por el equipo de Ahumada al que se refieren como “la banda del cibercafé”.

Ahumada Kurtz transfirió la propiedad del título de crédito [el pagaré] al Fideicomiso Justicia y Verdad, cuyos fiduciarios son dos argentinos de clase media: José Agustín Bocci y Marcelo Alejandro Zalazar. Pero los beneficiarios del cobro de esta deuda son los dos hijos de Ahumada.

De acuerdo con los análisis técnicos iniciales de las partes involucradas a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL, la copia del pagaré permite observar que falta una firma de Rosario Robles, ya que tendría que haber signado dos veces —como aval y como presidenta del PRD—, y se identifica como otra anomalía que el documento no está endosado formalmente —de puño y letra de Ahumada— al Fideicomiso Justicia y Verdad.

Pero llama la atención que la dirección para los trámites del fideicomiso es un domicilio particular en el barrio Sagrado Corazón de Jesús, en Chamical, provincia de La Rioja, donde se ubica un cibercafé.

Mientras que el abogado del fideicomiso en México, Miguel Ángel Guzmán Cortés, dio como domicilio para recibir notificaciones de avisos judiciales sobre este caso la dirección de otro cibercafé, ubicado en la delegación Venustiano Carranza.

De acuerdo con un documento interno del PRD, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, se estableció que “existen elementos para suponer que se trata de un domicilio apócrifo”.

“Estamos ante la presencia de un grupo delictivo. Ellos ganan 25 mil pesos mensuales por esto. Nos encontramos ante la banda del cibercafé. Resulta que el domicilio que ponen en México para recibir notificaciones, y donde despecha un abogado que ve un caso de 400 millones de pesos, es un cibercafé. Estamos ante la presencia de alguien que actúa mal. Luego, el fideicomiso, la institución que maneja un asunto de 400 millones, es un domicilio particular, de vivienda media, donde también hay un cibercafé. Por eso los bautizamos como la banda del cibercafé”, concluyó el abogado del PRD.

Ahumada denuncia amenazas

EL UNIVERSAL obtuvo una copia del pagaré en el que aparece la firma de Rosario Robles y del cual la defensa de la titular de Sedatu y la del PRD exigen el original para hacer una prueba pericial y comprobar su autenticidad.

Waldo Fernández citó que el pagaré está escrito con base en los estatutos del PRD que se aprobaron dos años después de la fecha que aparece en el documento [1 de agosto de 2003].
“Ahumada es Nostradamus porque los estatutos que menciona [en el pagaré] son incorrectos. En aquel tiempo la presidenta [del partido] no tenía facultades para contraer ninguna deuda, quien tenía facultades era el secretario general. Los estatutos surgieron dos años después de la firma”, aseguró.

En entrevista telefónica, Ahumada aseguró que “teme por su vida”, porque personal del Cisen acudió a exigirle que “deje de estar chingando a Rosario”, y dijo que el resquebrajamiento actual del partido se debe a la corrupción enquistada en su cúpula desde 2003, cuando lo dirigía Robles Berlanga y su secretario general era el propio Carlos Navarrete.

“Están cosechando lo que han sembrado durante muchos años, el PRD ha sembrado la mentira, el descrédito, la hipocresía”, expresó.

Ahumada denunció que el pasado 11 de agosto acudieron a Buenos Aires ocho personas para presenciar una audiencia en la cual se le plantearían cuatro preguntas, lo que calificó como una amenaza.

La reunión comenzó a las 10 de la mañana y apenas duró 20 minutos. Ahumada estuvo acompañado por su esposa, Cecilia Gurza. Logró una prórroga de 10 días al argumentar que su abogado defensor para esta demanda es Raúl Zaffaroni, actualmente juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Margarita Espino del Castillo Barrón, una de las abogadas de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, aseguró que Carlos Ahumada Kurtz intentó extorsionar a la ex presidenta nacional del PRD desde el 15 de octubre de 2012, y advirtió que el caso “desembocará en la captura” del empresario argentino por extorsión, fraude y falsificación.
Espino admitió que la firma que aparece en el pagaré con el que el argentino reclama una deuda millonaria al partido es auténtica, pero acusó a Ahumada de “implantar” el contenido.

De acuerdo con la abogada, el 15 de octubre de 2012 Robles Berlanga recibió en su domicilio un sobre con tres copias fotostáticas de las hojas en blanco que ella firmó “en algún momento”, y que posteriormente le fueron sustraídas, pero tampoco sabe con precisión la fecha en que las extrajeron de su “escritorio”.

Luego de recibir las fojas blancas con su firma, Robles acudió ante el Notario Público 158 del Estado de México para tramitar una copia certificada de esas hojas para dar fe de que estaban en blanco. Y posteriormente denunció penalmente a Ahumada por los delitos federales de extorsión, falsificación y fraude ante la PGR, el 21 de agosto de 2013.

“En su momento, ella recibió amenazas de Carlos Ahumada, por eso ella plantea que [las hojas] fueron sustraídas por él, porque él le dijo que las tenía en su poder”, reveló la abogada.

De acuerdo con la versión de la jurista, Carlos Ahumada amenazó a Robles luego de enviarle las copias simples de su firma a través de terceros. Y se prevé que éstos sean citados como testigos para continuar con las investigaciones.

“Teniendo esa hoja firmada le implantan un texto. Él pone aquí como fecha el 1 de agosto de 2003, lo cual es absolutamente falso, porque además hay una serie de situaciones que es imposible que la maestra Robles haya firmado por cuestión de la representación partidaria que ella ostentaba en ese momento”, concluyó la abogada.

canvas canvasa canvass

Escándalo internacional de juez riojano con mexicano relacionado a LedLar SAPEM

El INE analiza la petición de un juzgado federal para embargar al PRD, luego de una demanda presentada por Carlos Ahumada en Argentina.

En día anteriores el proceso inicó en el Juzgado Undécimo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal recibió la notificación del proceso de embargo.

Ahumanda reclama a los perredistas 520 millones de pesos como prerrogativas de financiamiento público que el partido político recibió.

El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, dijo que se trata de un caso complejo debido a que la demanda inició en un juzgado argentino, y advirtió que se podría llegar hasta las instancias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Instituto Nacional Electoral tiene hasta el próximo lunes para responder a la solicitud del juzgado federal respecto al caso del empresario argentino.

Cabe recordar que desde 2013, Carlos Ahumada demandó al PRD ante un juzgado de Chamical, provincia de La Rioja, Argentina, el pagó de 400 millones de pesos más otros 120 millones de intereses, por concepto de un préstamo para contratar publicidad, entre 2003 y 2004, que le hizo al partido cuando era dirigido por Rosario Robles, actual Sedesol.

Para el consejero presidente del INE, el caso es muy complejo porque implica el análisis de “derecho argentino, derecho internacional, derecho mexicano, derecho comercial o mercantil mexicano y también derecho electoral”.

canvas 1 2 3

Caso Carlos Ahumada: Involucran en estafa a juez de Chamical en México

El pagaré que dio origen al pleito legal entre el empresario Carlos Ahumada Kurtz, el PRD y la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, por una supuesta deuda millonaria que data de 2004 y en favor del argentino, desapareció del juzgado de Chamical, Argentina.

El diputado federal del PRD y encargado de la estrategia jurídica del partido en este caso, Waldo Fernández, explicó que al no encontrarse el documento original y eje de la demanda contra el sol azteca, el juicio internacional debe quedar anulado.

Denunció que desde que inició la demanda, el juez argentino Pablo Ricardo Magaquian, quien lleva la causa, ha negado a los abogados del PRD revisar el expediente del caso y tener acceso al documento original para elaborar pruebas periciales.

Además, informó que “a través de argucias jurídicas”, Ahumada Kurtz ha evitado presentarse a declarar formalmente sobre el juicio en curso.

El 14 de octubre, el empresario Carlos Ahumada acudió al juzgado federal de Buenos Aires, Argentina, y pidió nuevamente que su audiencia fuera diferida, ya que desde su punto de vista el juez federal no tiene competencia para recibirle la declaración. La audiencia se reprogramó para el 18 de noviembre.

Los abogados del PRD y de Rosario Robles han exigido desde el principio la presentación del pagaré original para la realización de pruebas periciales que comprueben la autenticidad o no del documento, ya que los perredistas y los representantes de Robles afirman que la foja es falsa.

El 22 de septiembre, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, un juez federal de Buenos Aires, Argentina, giró una orden para que la Gendarmería Nacional Argentina acudiera al juzgado de Chamical [del fuero común y donde se inició la demanda en contra del PRD y de Robles Berlanga] a solicitar la entrega del pagaré original para poder realizar el peritaje por parte de autoridades ministeriales argentinas y con participación de la Procuraduría General de la República (PGR).

Pablo Ricardo Magaquian, juez de Chamical, en la provincia de La Rioja, rechazó entregar el pagaré, por lo que se procedió a allanar el juzgado. Sin embargo, al abrir la caja fuerte del órgano jurisdiccional no se encontró el documento original, sino una copia certificada del mismo.

Como resultado de esta actividad ministerial realizada el 28 de septiembre, se levantó un acta, pero no se mencionó el motivo por el cual no se encuentra el documento original resguardado por el juzgado que inició la demanda.

El 15 de octubre y el 2 de noviembre, abogados del PRD se presentaron en el juzgado de Chamical para hablar con el juez Pablo Ricardo Magaquian para revisar el expediente del caso, pero nuevamente el juzgado rechazó reunirse con ellos y mostrarles los documentos originales.

Los abogados acudirán en breve otra vez al juzgado del fuero común acompañados de un notario que dé fe de esta situación irregular.

EL UNIVERSAL buscó al empresario Carlos Ahumada Kurtz para conocer su posición sobre el tema, pero el argentino rechazó hacer comentario alguno.

canvas

 

La Corte rechazó el recurso de España por la denominación “La Rioja Argentina”

Vistos los autos: “Consejo Regulador Denominación Origen Calificada Rioja c/ E.N. -IN Vitivinicultura- Resol C 32/02 s/ proceso de conocimiento”.

Considerando:

Que el recurso extraordinario es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal subrogante, se rechaza el recurso extraordinario. Con costas (art. 68 código citado).

LA CAUSA

La Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en 10 Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, ratificó la Resolución N° 32/02 del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que reconoció al término “La Rioja Argentina” como indicación geográfica y de producción preliminar.

El tribunal entendió que el aditamento “Argentina”, como elemento diferenciador entre la indicación geográfica argentina y la denominación de origen controlada “Rioja” -de procedencia española-, resulta suficiente para impedir la confusión entre los dos nombres.

Así que consideró que ese elemento distintivo evita inducir a error a los consumidores y salvaguarda el derecho de la actora a la protección internacional de esa denominación de origen controlada.

Por lo tanto, la Cámara concluyó que la resolución de la autoridad de aplicación cumple con la normativa nacional e internacional que regula las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

Contra ese pronunciamiento, la actora interpuso un recurso extraordinario que, una vez contestado por la demandada, fue concedido pues que opinó que estaba en juego la interpretación de normas de índole federal en los términos del artículo 14 de la ley 48.

La actora relata que se encuentra legitimada por la ley española 24/2003 para vigilar el prestigio de la denominación de origen “Rioja” en el mercado nacional e internacional.

En ese contexto, manifestó que la resolución del Instituto Nacional de Vitivinicultura que reconoció la indicación geográfica ‘La Rioja Argentina” viola 10 dispuesto en los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, ratificado por ley 24.425. En 10 sustancial, se agravia que ese nombre se confunde con la denominación de origen española y que, por lo tanto, es pasible de inducir a error a los consumidores y afectar el prestigio de la denominación “Rioja”, que integra su patrimonio.

Asimismo, entiende que los vinos provenientes de la provincia de La Rioja no cumplen con los requisitos de homogeneidad necesarios para ser identificados con una indicación geográfica determinada, pues considera que no se encuentra precisada una calidad o característica del producto que se deba exclusiva o principalmente a la zona geográfica referida.

Según la Procuración General de la Nación, el recurso extraordinario ha sido mal concedido pues los agravios de la recurrente no suscitan cuestión federal por no tratarse de ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 14 de la ley 48. Por el contrario, remiten principalmente al estudio de cuestiones de hecho y prueba, cuyo tratamiento es ajeno a la instancia extraordinaria.

En efecto, si bien la controversia ha sido resuelta sobre la base de la ley 24.425 -de carácter federal-, los agravios planteados en el recurso extraordinario se refieren principalmente a aspectos fácticos que no exigen la interpretación de esa norma.

Así, la decisión sobre si la identificación geográfica “La Rioja Argentina” es suficientemente distinta a la denominación de origen española “Rioja” requiere de la valoración de prueba, la cual ha sido analizada de modo fundado en las instancias anteriores.

En este sentido, la Corte Suprema ha dicho que los extremos de hecho pertinentes a la correcta aplicación de una ley federal no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria.

La Corte se declara incompetente en demanda de AMP por participación de otros gremios en paritarias docentes

Captura de pantalla (3317)La Corte Suprema de Justicia se declaró incompetente en la demanda presentada por la Asociación de Maestros y Profesores (AMP), con el fin que se declare inconstitucional el decreto que establece la participación en las negociaciones colectivas de trabajo de otras agrupaciones de docentes sin personería gremial.

Según la demanda, “la Asociación de Maestros y Profesores (A.M.P.) de La Rioja, con domicilio en la ciudad de La Rioja, en su carácter de entidad sindical de primer grado con personería gremial, de conformidad con el arto 30, inc. a, de la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, promueve demanda, en los términos del arto 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de La Rioja y el Estado Nacional, a fin de obtener que se declare la inconstitucionalidad del decreto 560/14 dictado por el gobernador de la provincia”.

“Cuestiona dicho acto administrativo en cuanto establece la participación en las negociaciones colectivas de trabajo de otras agrupaciones de docentes sin personería gremial, en violación del arto 3 0 del decreto provincial 1842/08, de la ley nacional 23.551, de Asociaciones Sindicales, en particular, de su arto 31, inc. c, del Convenio 87 de la 01T y del arto 31 de la Constitución Nacional”, agrega.

Captura de pantalla (3318)

El dictamen de la Procuración Fiscal

Poder Judicial de La Rioja, último en el ranking de acceso a la información

Captura de pantalla (3211)

El Poder Judicial es una de las instituciones públicas menos sometidas al escrutinio público; no existen estrategias sistemáticas de rendición de cuentas de jueces y funcionarios judiciales, ni tampoco una reflexión comprensiva sobre la calidad del servicio de justicia.

Sin embargo, y en línea con la tendencia nacional e internacional, los poderes judiciales nacional y provinciales comenzaron a publicar información sobre su gestión en sus sitios web.

Captura de pantalla (3209)A pesar de estos esfuerzos, en muchos casos algunos datos relevantes no están publicados y, cuando lo están, la falta de uniformidad y sistematización suele dificultar su análisis, evaluación y reutilización.

Para fomentar un sistema judicial más transparente, eficiente e independiente, CIPPEC diseñó el Índice de acceso a la información judicial de las provincias argentinas, que analiza y evidencia el nivel de acceso a la información que garantizan los poderes judiciales provinciales (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

La información relevada está dividida en 11 ejes: transparencia activa, producción de datos, actos jurisdiccionales, compras públicas, selección y remoción de magistrados, interacción, personal, código de ética, capacitación, sistemas de control y participación ciudadana. El Índice tiene en cuenta la accesibilidad de esta información a través del sitio oficial del Poder Judicial, no así la calidad o la cantidad de la información producida y publicada.
Captura de pantalla (3210)

 

Informe completo

ENOD SA tendrá que pagar Ingresos Brutos por productos riojanos en Buenos Aires

Captura de pantalla (3091)Que en relación a su particular situación frente a los diversos cambios de la normativa tributaria provincial, indica que mediante la resolución 285/2001 de la Gerencia Regional Metropolitana Conurbano Norte de la entonces Dirección Provincial de Rentas, se la declaró exenta del pago del impuesto sobre los ingresos brutos por la actividad de hilado, tejido y acabado de textiles, plastificados de telas y tintorería industrial, con efectos a partir del 1° de julio de 1994, independientemente del lugar donde los productos vendidos fueran elaborados.

Sin embargo -continúa-, cinco años más tarde, a través de la resolución determinativa y sumarial 86/2006 se determinaron en su contra presuntas diferencias del referido tributo, correspondientes a los períodos fiscales 2001, 2002, 2003 Y 2004 (enero a abril), por considerar que aquella exención alcanzaba únicamente a los ingresos por ventas de mercaderías producidas en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires y no a los provenientes de La Rioja.

Captura de pantalla (3090) Captura de pantalla (3092)

Fallo completo

El despido de una trabajadora de Chilecito llegó a la Corte

Captura de pantalla (2715)La Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso extraordinario interpuesto por Bel Sa Yac S.R.L., se hace lugar al recurso extraordinario interpuesto por las personas físicas mencionadas en dicho dictamen y se revoca la sentencia apelada con el alcance allí indicado.

Costas en el orden causado en atención al modo en que se resuelven las cuestiones planteadas.

Captura de pantalla (2716)

Fallo de la Corte

Dictamen del Procurador

Procuración rechaza un planteo contra la denominación “La Rioja Argentina”

Captura de pantalla (2466)

La Procuración General de la Nación rechazó un planteo de España por la denominación “La Rioja Argentina”, según el dictamen firmado por la prosecretaria administrativa, Adriana Marchisio, y la procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, Adriana García Netto.

En el dictamen, la Procuración explica que “si bien la controversia ha sido resuelta sobre la base de la ley 24.425 -de carácter federal-, los agravios planteados en el recurso extraordinario se refieren principalmente a aspectos fácticos que no exigen la interpretación de esa norma. Así, la decisión sobre si la identificación geográfica “La Ríoja Argentina” es suficientemente distinta a la denominación de origen española “Ríoja” requiere de la valoración de prueba, la cual ha sido analizada de modo fundado en las instancias anteriores”.

En este sentido, recuerda que “la Corte Suprema ha dicho que los extremos de hecho pertinentes a la correcta aplicación de una ley federal no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria (Fallos: 255:26). Por ello, opino que corresponde rechazar el recurso interpuesto”.

Hay que apuntar que “la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en 10 Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, ratificó la Resolución N° 32/02 del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que reconoció al término “La Rioja Argentina” como indicación geográfica y de producción preliminar”.

Al respecto, “el tribunal entendió que el aditamento “Argentina”, como elemento diferenciador entre la indicación geográfica argentina y la denominación de origen controlada “Rioja” -de procedencia española-, resulta suficiente para impedir la confusión entre los dos nombres. Así, el a quo eonsideró que ese elemento distintivo evita inducir a error a los consumidores y salvaguarda el derecho de la actora a la protección internacional de esa denominación de origen controlada”.

Por lo tanto, “la Cámara concluyó que la resolución de la autoridad de aplicación cumple con la normativa nacional e internacional que regula las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen”.

La Corte ordenó a la Provincia que pague casi $9 millones a la obra social docente OSPLAD

Captura de pantalla (2434)

Autos y Vistos;

Considerando:

Que de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal y lo decidido por este Tribunal en las causas CSJ 28/2013 (49-0)/CSl “Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) c/ Salta, Provincia de s/ ejecución fiscal” y CSJ 215/2013 (49-0)/CSl “Obra Social para la Actividad Docente c/ Santa Fe, Provincia de s/ ejecución fiscal”, pronunciamientos del 8 de octubre de 2013 y 4 de febrero de 2014, respectivamente, este juicio es de la competencia originaria de este Tribunal.

Por ello, se resuelve:

  1. Declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte.
  2. En consecuencia, cabe proveer a la ejecución promovida y, por lo tanto, requiérase el pago de la suma reclamada -$ 7.386.915,32-, más la de $ 1.500.000 que en forma provisoria se fija para responder a intereses y costas de la ejecución.

En defecto de pago, citese a la ejecutada para oponer excepciones, dentro del término de treinta días (art. 9° de la ley 25.344), más otros seis que se fijan en razón de la distancia, y a constituir domicilio en el radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y domicilio electrónico (acordadas 31/2011 y 36/2013), bajo apercibimiento de ley.

Para su comunicación al señor Gobernador y al señor Fiscal de Estado de la Provincia de La Rioja, líbrese oficio al juez a cargo del juzgado federal de la ciudad de La Rioja, en el que se hará constar a los letrados autorizados para su diligenciamiento, y al cual deberá acompañarse dos juegos de copias del escrito de inicio, de los certificados de deuda correspondientes, de las actas de inspección y anexos alli indicados y de la presente resolución.

Notifíquese y comuníquese a la señora Procuradora General de la Nación.
La causa

Captura de pantalla (2433)
El dictamen de la Procuración

Captura de pantalla (2435)

Pronunciamiento de la Procuración General de la Nación

Fallo de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema desestimó un recurso de queja de Aguas Riojanas SAPEM

Captura de pantalla (2431)

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Aguas Riojanas S.A.P.E.M. s/acción contencioso administrativa”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó la queja en examen, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se desestima la queja. Declárase perdido el depósito de fs. 73. Notifíquese y, oportunamente, archívese.

Captura de pantalla (2432)