El diario mendocino hizo un panorama económico titulado “Industria: fin de la promoción y apuesta por la integración”. En la oportunidad, informa: “El fin del régimen comienza a instalar un debate que busca definir la política que deberá tener el sector en los próximos años. Desde distintos ámbitos apuestan por el desarrollo de diferentes sectores y regiones. También se suma el desafío de mejorar los parques industriales”.
El informe es el siguiente:
Durante casi 33 años, pocas leyes les quitaron tanto el sueño a los mendocinos como la que determinó la aplicación de la Promoción Industrial (PI) en las provincias vecinas de San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja y que comenzó a regir en 1979. Es que el crecimiento industrial de la región cuyana se veía, ante los ojos de la Nación, como desparejo.
En el imaginario argentino estaba instalada la idea de que Mendoza era una provincia muy fuerte y rica y que sus vecinas no lo eran tanto. Sin embargo, esto no era tan cierto en el sector industrial. Los números y censos industriales mostraban que Mendoza estaba por entonces en una importante crisis en el sector industrial y con la implementación de la PI se produndizaría aún más.
Cuyo venía de una etapa de crecimiento y desarrollo desde el año ‘54, siendo parte de un proceso que duró hasta el ‘74, basado en la industrialización por sustitución de importaciones.
La provincia lideraba el crecimiento en la región.
A fines de los ‘70 y principios de los ‘80 se mantuvo dicha estructura, sin embargo la novela no parecía tener un final feliz: a mediados de los ‘80 sobrevino una difícil etapa de crisis y desindustrialización.
“Entre 1974 y 1984, el crecimiento industrial tuvo un proceso inverso con la pérdida de 1.500 industrias, lo cual afectó seriamente a Mendoza con el cierre de 910 establecimientos. También impactó en San Juan, donde cerraron 642 firmas”, según indica una investigación de la Universidad Nacional de San Juan denominada “Transformación de la industria en la región de Cuyo. Evolución, estructura, regulación e impactos”, dirigida por el investigador Alberto Gago.
El desacierto de la Nación en las últimas tres décadas no tuvo en cuenta los datos de los sucesivos Censos Nacionales Industriales, los cuales arrojaban una serie en franca caída y cierres de establecimientos mendocinos previos a la PI y, peor aún, el proceso continuó con su aplicación. (Ver cuadros)
En 1954, en Mendoza existían (según los Censos Industriales Nacionales) 5.696 establecimientos y en 2004, sólo 2.304. En 5 décadas la provincia perdió más de 3.300 firmas, más de la mitad.
Para Gago, “el desarrollo económico nacional es muy anárquico dentro de la línea de tiempo y aparece, inclusive, un desarrollo contradictorio que se refuerza con la PI”.
El empleo, en negativo
La misma curva descendente se repitió en el empleo y en su creación. En casi 40 años, el empleo industrial en Mendoza creció sólo un 14%, menos de 0,4% en promedio por año, según indica otra investigación realizada en la provincia por la Fundación Ideal.
Mientras que los índices de crecimiento de las fuentes de trabajo en las provincias promocionadas vecinas fue, en promedio, del 278% durante el período estudiado, que va desde 1973 hasta 2011.
Los datos son contundentes y hablan por sí mismos: en dicho período se crearon 6 mil puestos de trabajo industriales en Mendoza. A la par, en las cuatro provincias promocionadas se crearon más de 47 mil nuevos empleos.
Según los datos censales del empleo industrial en la región, en 1954, en Mendoza había casi 30 mil puestos. El tope de empleo se dio en 1984, momento en los que se alcanzó casi 60 mil lugares de trabajo para quedar en el 2004 en casi 30 mil. Se redujo a la mitad, algo menos grave que en el caso del cierre de establecimientos.
“El mayor impacto negativo de empleo industrial -explica Gago- se produjo entre 1984 y 1994 con una pérdida superior a los 22 mil puestos. La tendencia se continúa en 2004 con promedios algo menores”.
Bajo la lupa de la pérdida
A tres décadas de la Ley 22.021 y su complementaria, la 22.702, que promocionaba a las provincias vecinas y concedía importantes beneficios y exenciones impositivas a las empresas, a nadie en Mendoza se le ocurre pensar que fue una herramienta útil, eficiente y mucho menos equitativa para la región. Al unísono, los mendocinos de todos los sectores (público, privado, académico) señalan que fue un rotundo “fracaso”.
Porque “la implementación de un sistema de promoción industrial genera efectos no sólo en la estructura productiva de las provincias beneficiadas, sino también en el país, al afectar la recaudación del Estado Nacional y en las provincias vecinas, por distorsionar significativamente los costos relativos de producción”, indica un estudio del Consejo Empresario de Mendoza (CEM) titulado “Actualización del Impacto Económico para la Argentina y Mendoza de los Regímenes de Promoción en las Provincias de San Juan, La Rioja, San Luis y Catamarca”, fechado en 2011.
En ese mismo informe analizan que dicho sistema “no sólo afecta a Mendoza, sino que no resulta beneficioso para el país en su conjunto”. A nivel nacional, el costo fiscal del régimen fue de $ 260 mil millones al 2012 y las pérdidas fueron tres veces superiores a la inversión promovida.
En Mendoza, los datos pegan fuerte y dimensionan el “daño”. En cuanto a los recursos fiscales, la pérdida total a 2010 es de $ 10 mil millones y en términos de actividad productiva la cifra alcanza los $ 62 mil millones. Por lo que la pérdida económica total supera los $ 72 mil millones.
Con dichos valores en caja, Mendoza podría haber construido 2 mil escuelas o 340 hospitales, indica el informe del CEM.
Los beneficios para las empresas eran muchos y, competitivamente, Mendoza quedó muy atrás durante 3 décadas. En un primer momento la PI generó la deslocalización de empresas mendocinas y nacionales hacia las provincias promocionadas. Grandes firmas como Zanella, Bagley, Alpargatas, Galgo, entre otras textiles, alimentarias y olivícolas, se instalaron en las provincias promocionadas para disfrutar de las exenciones. “En ese momento -cuenta Gago- se decía que las empresas tenían rueditas”.
Beneficios y fraudes
En líneas generales y a través del tiempo, podían disfrutar de la exención del Impuesto a las Ganancias en un 100% durante 15 años, para que reinvirtieran ese dinero. También de la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante 15 años. «Si el insumo costaba $ 120, pagaban 100 y por esos $ 20 le daban a su proveedor el cupo fiscal que recibían del Estado. Después, el proveedor le pagaba al Estado con el bono que recibió de la empresa promocionada. Así, compraban todos los insumos un 20% más barato”, explica el economista Rodrigo González de la Fundación Ideal.
También se beneficiaba a las empresas eximiéndolas del pago de los derechos de importación de bienes de capital, y además, si eran nacionales tampoco pagaban IVA. “Entonces, no abonaban el IVA cuando compraban insumos y tampoco cuando hacían inversiones en bienes de capital. En este caso el beneficio era por 10 años y se reducía a partir del cuarto. Las empresas estimaban el cupo fiscal que acumulaban en 15 años y lo manejaban de distinta forma. En algunos casos se sobredimensionaron y todavía hay empresas que tienen cupos disponibles. El fraude más común se daba con firmas que compraban bienes de capital e insumos en una provincia promocionada y los utilizaban en otra que no tenía promoción”, agregó el economista de Ideal.
Lo que viene
Todos los sectores, privados, académicos y el gobierno provincial incluido, se preguntan por el futuro a corto plazo y en esto casi todos coinciden en que se debería apoyar un desarrollo por sectores y a nivel regional. Un modelo que incluya a todos.
La senadora Laura Montero (UCR) adelanta que ya se presentó un proyecto de Desarrollo Regional de Inversiones (tiene dictamen de 5 comisiones) para todas las regiones productivas del país y por cupos de crédito fiscal. “Así -dice Montero- se evita la competencia por los recursos entre las provincias y todo se distribuye en forma igualitaria y por cadenas productivas”.
Casi la misma visión tiene la dirigencia del actual Gobierno provincial. Para ellos, en la opinión del ministro de Agroindustria y Tecnología, Marcelo Barg, hay que “profundizar la industrialización” de Mendoza.
El plan es pensar en el eje: más productividad, más empleo, mayor crecimiento y más diversificación. ¿Y cómo se hace? “A través de las herramientas financieras con las que cuenta el Estado (Fondo para la Transformación, Cuyo Aval, Mendoza Fiduciaria)”, indica Barg. Pero también subsidiando tasas en interacción con los bancos Nación y BICE.
La otra apuesta del Gobierno es coincidente con los privados y académicos: trabajar en relación con las otras provincias en una integración regional y por sectores productivos. Por ejemplo, en el sector olivícola, y se inspiran en el antecedente de la Coviar en la vitivinicultura.
También para el presidente del CEM, Leonardo Andreu, habría que armar una “agenda común de regionalización de los problemas y soluciones”. Aclara, “no por división geográfica, sino por sectores productivos”. Sin embargo, la expectativa se consume ante las nuevas ideas y propuestas. Desde el Gobierno provincial poco se adelanta y sólo se mencionan las herramientas financieras que están vigentes desde hace tiempo.
La gran deuda
“No tenemos nada que ofrecerles a las empresas nuevas que se quieren instalar”, explican desde la gerencia de Aderpe ante las promesas concretas de las provincias vecinas. “San Juan -ejemplifica- tiene un parque industrial público muy atractivo. Ellos asesoran (a las empresas), localizan, los hacen miembros de las cámaras, firman convenios (de reciprocidad) y dan muchos incentivos”. También ponen como ejemplo positivo al de San Luis.
Para los miembros de las cámaras empresarias, parques industriales y Zona Franca la deuda con la industria “es grande”. Hasta el momento, señalan, “hay pocos avances” en los Parques Industriales en cuanto a obras viales y de infraestructura. Tienen grandes déficits: vial (caminos internos y de accesos y rutas), de luminarias, de conectividad (en muchos no hay teléfono ni internet), y de seguridad. Estas falencias conspiran contra el desarrollo industrial.



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