Se trata del contador Roberto Soria quien fue “escrachado” por la justicia, luego fue liberado al determinarse que no habría cometido las estafas. El profesional nunca había estado en La Rioja, salvo cuando fue extraditado desde su provincia. 
El contador santiagueño Roberto Soria nunca antes había estado en la capital riojana, salvo cuando fue detenido como presunto involucrado en la estafa en Viviendas. Tras haber “escrachado” por la justicia, luego fue liberado al determinarse que no habría cometido las estafas.
Según el abogado contó a Noticiero 7 de Santiago del Estero, habría sufrido el robo de su identidad.
Juan José Saín, abogado de Soria, recordó que “el contador Soria estaba requerido por el juez Daniel Barría” y recordó que “el contador Soria no conoce la provincia de La Rioja, no tiene ninguna relación con el gobierno de la provincia, no tiene clientes riojanos, ni tiene ningún tipo de vínculo que permita sospechar en la acusación tan grave que se ha realizado desde los Tribunales riojanos”.
El juicio en contra de los imputados por la estafa en Vivienda, José Llanos y Sergio Quinteros, fue suspendido el lunes por un pedido de la defensa para consensuar otra alternativa, que podría ser un juicio abreviado.
Según El Independiente, en dos semanas se debe definir la situación, pues la pretensión es que se conceda la libertad y asumir el compromiso de devolver el dinero de los damnificados.
Llanos y Quinteros, están sindicados como los supuestos responsables de vender viviendas sociales que eran construidas por la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo. Más de 50 personas, le entregaron a Llanos dinero, para asegurarse la adjudicación de la vivienda, pero el trámite nunca se concretó, según consta en la investigación judicial. Los interesados, entregaron entre mil, diez mil y cincuenta mil pesos, dinero que no fue retribuido.
Llanos, está detenido en el Servicio Penitenciario Provincial y calificado como el supuesto autor del hecho, mientras que Quinteros carga con el rol de partícipe primario del hecho.
La estrategia delictiva, consistía en ofrecer adjudicaciones de viviendas sociales construidas por el Estado provincial. Los interesados, entregaban una parte del total del inmueble y quedaban a la espera de la entrega de la adjudicación, para luego re-negociar la deuda. La sumatoria de los montos de dinero que Llanos habría recibido, superarían el millón de pesos.
En algunas negociaciones, los damnificados le entregaban a Llanos 50 mil pesos para que el trámite se concrete sin demoras, pero eso nunca sucedió. Otros, reunían desde mil hasta 30 mil pesos para no quedarse fuera del negocio. La investigación, sostiene que los damnificados eran parte de adjudicaciones de viviendas construidas por la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo (A.P.V.y U), quienes habrían adquirido el derecho, por un proceso de licitación.
El ofrecimiento de viviendas sociales, se produjo entre los años 2008 y 2009. Precisamente, en septiembre de 2009 se descubrió el negocio, porque los damnificados se quejaron ante la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo, que en ese momento tenía como máximo referente al actual diputado nacional, Javier Tineo, que llegó a ocupar el cargo de ministro de Infraestructura.
La denuncia penal, es iniciada por María Inés Frasca, en su carácter de Directora General de Despacho, del Ministerio de Infraestructura de la Provincia.
Según la investigación judicial, “las víctimas reclamaban la entrega de una casa, diciendo que el dinero no les interesaba si tenían la vivienda, dado que ellos decían tener documentación oficial”, perteneciente a la APVyU.
En la denuncia del caso, se consignó que los damnificados “aseguraron que este tipo de operatoria y adjudicaciones, venía de larga data y que estarían en conocimiento de la misma, muchas personas.
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