Es el juez de instrucción Mario Martínez. Uno de los dos únicos magistrados que quedaron en la Capital. Con su paso a la función de fiscal federal, solo queda el juez Daniel Barría para atender todos los casos vinculados a delitos penales en el principal departamento.
La jefa de los fiscales federales del kirchnerismo, Alejandra Gils Carbó, designó al juez de instrucción de La Rioja Mario Martínez como fiscal «ad-hoc» en causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad cometidos en La Rioja, para reforzar la labor de los fiscales del juzgado federal y del Tribunal Oral Federal local.
La designación de Martínez puede resentir aún mas a la justicia penal de la capital riojana. De los tres juzgados, uno está vacante por jubilación del magistrado Alejandro Arce. Los otros dos están a cargo de Martínez y de Daniel Barría. Si Martínez pasa a cumplir funciones como fiscal, Barría quedará como único juez.
La decisión de la Procuración Federal indicó textualmente: “Designar al doctor Mario Eduardo Martínez en carácter de Fiscal “ad-hoc”, para que intervenga en forma conjunta o alternada con los magistrados a cargo de las causas en trámite por crímenes de lesa humanidad de la sección judicial de La Rioja sin distinción de instancias, y de la misma forma, en el desarrollo de los debates orales de la sección Córdoba”.
Resolvió asimismo “hacer saber al doctor Martínez que, por imperio de la leyes 25.188 y 26.857 y lo normado por este Ministerio Público Fiscal en la Resolución PGN 1302/13, Anexo I, dispone de treinta (30) días hábiles a partir de la notificación de la presente para dar efectivo cumplimiento a la obligación de presentar su Declaración Jurada Patrimonial”, así como “aclarar que la contratación bajo la modalidad de relación de dependencia autorizada en la presente resolución no generará derecho a la estabilidad ni expectativa de efectivización alguna”.
Mientras tanto la designación de Martínez provocó la reacción del abogado defensor de derechos humanos, Miguel Ángel Morales, querellante en el juicio por el asesinato del ex obispo Enrique Angelelli, quien se quejó “de los casos de violaciones flagrantes a los derechos humanos en por lo menos tres casos o tres expedientes que el doctor Martínez tiene cajoneados desde hace tres años y que involucran directamente a efectivos policiales”.
Martínez además es el juez que instruyó la causa por la presunta mala praxis sobre el joven Enzo Abel Gallo, muerto tras ser intervenido quirúrgicamente por una apendicitis en el Sanatorio Rioja. En el caso había dictado la prisión preventiva de los médicos Carlos Paliza y Enrique Coppari, a quienes procesó por homicidio con dolo eventual. Sin embargo, sin desprocesarlos ni cambiar la calificación del hecho, los liberó cuando la corporación médica presionó con un paro en hospitales públicos y clínicas privadas.
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