El organismo impulsó una auditoria sobre el área que ocupaba el ex funcionario provincial. Habría irregularidades en las rendiciones de fondos públicos. Millicay fue desplazado de su cargo por el gobernador Luis Beder Herrera el pasado 7 de octubre. Si se detecta algún delito, el Tribunal de Cuentas lo denunciará penalmente ante la justicia.
El Tribunal de Cuentas ordenó la realización de una Auditoría en la Coordinación General de la Unidad de Descentralización Administrativa en Chilecito, repartición que estaba a cargo del desplazado dirigente Gastón Millicay.
La medida fue adoptada mediante la resolución Nº 105/13, firmada por el presidente del organismo de contralor, Luis Zamora; el vocal Jorge Omar Menem y Gerardo Fuenzalida, vocal subrogante legal, en virtud de las facultades de fiscalización y vigilancia de las operaciones financieras y patrimoniales del Estado que el artículo 16, inciso b) de la Ley Nº 4828 le asigna al Tribunal de Cuentas de la provincia.
El órgano de contralor ya cuenta con documentación sobre el manejo de la Coordinación Ejecutiva en la que se investigan supuestas irregularidades y ordenó la auditoría para un análisis más exhaustivo.
La Auditoría estará a cargo del director Domingo Quinteros y el auditor Fernando Astorga.
El artículo 164 de la Constitución Provincial indica respecto a las facultades del Tribunal de Cuentas de la Provincia que “si en el curso del trámite administrativo surgiere la posible comisión de un hecho delictivo, se remitirán las actuaciones respectivas al juez competente”.
Esto está reglamentado en el artículo 38 de la Ley Orgánica del TC, donde se establece que “si durante la sustanciación de juicios ante el TC, éste presumiera que se ha cometido delito de acción pública, deberán formular la denuncia correspondiente ante el juez competente”.
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