La Cancillería profundizó una causa judicial por malversación de fondos públicos y fraude contra el Estado por más de 4 millones de pesos contra el ex diputado nacional Jorge Yoma, a quien también denunció por otros delitos cometidos mientras el riojano estuvo al frente de la embajada argentina en México.
La causa, que a decir de fuentes judiciales cuenta con pruebas contundentes, incluiría facturas truchas y documentación de organismos nacionales y mexicanos que prueban el delito del ex legislador del Frente para la Victoria.
Entre 2006 y 2009, Yoma se desempeñó como embajador argentino en México, estancia que -según la denuncia de Cancillería- le costó millones de pesos al Estado nacional.
Distintos sumarios administrativos -como los 314 y 78 del año 2010- daban cuenta de las graves irregularidades cometidas en la embajada durante la gestión del ahora ex diputado Jorge Yoma.
Ante estos hallazgos y con todos los elementos de prueba en sus manos, finalmente la Cancillería presentó una denuncia el 24 de junio de 2013 por supuesta «malversación de fondos públicos» y «fraude en perjuicio de la administración pública».
Los sumarios en cuestión tuvieron su origen en las reiteradas insuficiencias de partidas en la sede de la embajada -es decir, falta de fondos- y las intimaciones de deudas recibidas en la representación por gastos producidos por la administración Yoma.
Los hechos investigados se concentraron en dos tipos de maniobras. La primera tiene que ver con la realización de refacciones en la residencia oficial que el ex legislador riojano consideraba «urgentes», pero que en realidad eran mejoras suntuarias. Un ejemplo: la instalación de un jacuzzi. Esas obras no fueron autorizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
De la investigación también surge que la auditoría encontró sobreprecios en la contratación de los trabajos y la presentación de facturas presumiblemente apócrifas, de acuerdo al organismo fiscal mexicano, en las rendiciones de gastos firmadas por el embajador.
La segunda maniobra que revelaron los sumarios administrativos, está relacionada con la realización de gastos personales -clasificados como «gastos de representación»-, sin disponer de partidas para tal finalidad.
Según la denuncia, Yoma no habría encontrado mejor forma de cubrir esos gastos que desviando fondos que le llegaban para el pago de los aportes y retenciones laborales de los empleados de la embajada, así como los alquileres. De esa manera, siempre según Cancillería, financiaba sus gastos personales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo que terminar pagando las deudas generadas por Yoma por estos conceptos. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) determinó que las irregularidades cometidas habrían ocasionado al erario público un perjuicio económico de 4.296.167,43 pesos.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas tomó en su momento intervención como parte acusadora en el sumario 78/2010, consultando en distintas oportunidades el avance de la investigación y si se había realizado, por parte de la Cancillería, la denuncia penal pertinente tal lo manifestado por la Unidad de Auditoría Interna.
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