Los avances, los aspectos pendientes y el “grave error político” de la designación del actual jefe del Ejército luego de las denuncias en su contra por su participación en la dictadura en los años 70, son destacados en un informe de balance realizado por el CELS, organización cercana al Gobierno.
“Derechos humanos en la Argentina” es la denominación del Informe que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó el año pasado al cumplirse tres décadas del retorno de la democracia.
En el citado texto se destacan los avances en materia de derechos humanos y los aspectos que deben profundizarse como también se critica la designación de Cesar Milani como jefe del Ejército y su ascenso a teniente general, a pesar de las denuncias en su contra que el mismo CELS reflejó, que se ventilaron en causas judiciales, sumado a los datos que lo mencionan en el “Nunca más” riojano. Al respecto, el presidente del CELS y periodista cercano al oficialismo, Horacio Verbitsky, tras la designación de Milani sostuvo que “el ascenso es un grave error político” aunque agregó que “afirmar que ello invalida la política de derechos humanos de la última década revela un sesgo deliberado”.
Entre los pendientes, el informe del CELS destaca que falta toma de conciencia respecto de los derechos colectivos, en especial los laborales, los de los pueblos originarios, los servicios públicos y el acceso a la información pública. Además, considera que “otra deuda crítica se sitúa en torno a la violencia institucional, la necesaria subordinación de las fuerzas de seguridad a las autoridades civiles y los periódicos rebrotes de demagogia punitiva”. Y subraya que ante “improbables regresiones” en materia de derechos humanos que puedan darse en un futuro, es necesario que “avances considerables”, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) se configuren en políticas de Estado, como sucedió con el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.
De igual modo el informe advierte sobre leyes referidas, ya sea de forma directa o indirecta, al accionar gubernamental ante protestas sociales, como la ley antiterrorista promulgada a fines de 2011, que duplica la pena ante cualquier delito contenido en el Código Penal si es para generar terror en la población o para obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar una decisión. El CELS criticó duramente esa norma al señalar que “permitiría utilizar el agravante de terrorismo en la resistencia a desalojos, cortes de vías de circulación o meros actos de protesta en el espacio público”. A ello se suman el denominado “Proyecto X” de espionaje a movimientos sociales, al igual que el proyecto de ley reclamado ante la Asamblea Legislativa por la Presidenta para “reglamentar” la protesta en las calles, reinstalan políticas represivas y vulneran los derechos humanos.
Entre los avances alcanzados en pos del respeto a los derechos humanos y el programa Memoria, justicia y verdad, se cuenta la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad que ya registran más de mil procesados y 521 condenados. Asimismo, están en marcha once juicios por delitos de lesa humanidad en nueve jurisdicciones (incluida la megacausa de La Perla, en Córdoba) y en algunos de ellos se juzgan también a civiles como en el megajuicio de Mendoza en el que están imputados los ex jueces Otilio Romano y Luis Miret. Entre los logros también se anotan la recuperación de la identidad por parte de 110 hijos de desaparecidos y la implementación del sistema de búsqueda a partir del Banco Nacional de Datos Genéticos. Como gestos políticos tuvieron su impronta el desplazamiento de la cúpula de las Fuerzas Armadas y la promoción del juicio político a la “mayoría automática” de la Corte, medidas que impulsó Néstor Kirchner durante su presidencia. Mientras la discusión en torno a los llamados derechos humanos de segunda y tercera generación, tanto individuales como colectivos, avanzó durante esa presidencia y la de Cristina Fernández.
