Un informe de la Fundación Libertad y Progreso basado en una investigación coordinada por el economista Julio Pierkarz señala que el total de la deuda pública que recibirá la próxima administración, contando los juicios de los jubilados, estaría por encima de los 303.000 millones de dólares, equivalentes a un 58,8% del PBI. Sin contar este concepto, la deuda sería de 283.024 millones de dólares, es decir, un 54,9% del PBI.
Además, la organización señaló que la tan publicitada “política de desendeudamiento” sólo se cumplió en el período inicial de 2003 a 2008, cuando la Argentina acumuló un superávit fiscal financiero de US$ 12.600 millones. Luego, de 2009 a 2013, el Gobierno acumuló un déficit financiero de 63.000 millones de dólares. Es decir, esto implica un déficit total de US$ 52.000 millones acumulado hasta 2013, período en el cual la deuda pública creció en US$ 51.000 millones. Luego, en 2014 y lo que va de 2015, el déficit fiscal se agravó de manera significativa, sumando aproximadamente US$ 66.100 millones, dejando un saldo negativo de los tres períodos de la administración Kirchner de 118.000 millones de dólares, básicamente surgido del enorme crecimiento del gasto público en comparación a la recaudación.
Los jubilados y el BCRA financiaron la fiesta
Otro punto clave señalado por la Fundación Libertad y Progreso señala que el análisis de la deuda total se ve dificultado por el hecho de que el Gobierno recibió financiamiento del Banco Central (BCRA). Así, entre 2008 y 2013, el Tesoro recibió 20.000 millones de dólares como utilidades del BCRA, lo que permitió expandir la base monetaria para financiar el gasto público sin aumentar la deuda, deteriorando el balance del Banco. A este fenómeno se agregó el pago de deuda externa con reservas del mismo BCRA, para lo cual se emitieron títulos que incrementaron la deuda. En ese período, el BCRA financió un total de 30.000 millones de dólares del déficit de US$ 52.000 millones mencionado más arriba, parte del cual se transfirió como costo a la ciudadanía por mayor inflación, siendo esta inflación uno de los principales problemas a resolver.
Además, otra porción importante fue financiada por transferencias de la ANSES que tampoco pueden ser consideradas como ingresos genuinos, sino como incremento de deuda contra los futuros jubilados.
En este contexto, la Fundación explicó que cualquier solución al problema de la deuda a partir de diciembre de 2015 deberá centrarse en eliminar gradualmente los déficits fiscales. “Para esto no deberá recurrirse al BCRA, ni a la ANSES ni a otros entes oficiales para cubrir los déficits. Además se deberá reparar el activo y el patrimonio del BCRA y recomponer la cantidad y calidad de sus reservas. El período de 2016-2019 no será suficiente para recuperar plenamente al Banco Central, pero se habrá iniciado una nueva etapa. En el período 2020-2023 se podrá avanzar en hacer una política más firme de desendeudamiento”, destacaron desde la organización.
“Se estiman necesidades de financiamiento por 113.000 millones de dólares para el período 2016-2019. De modo que la próxima administración deberá hacer un programa coherente para reducir el riesgo país y facilitar el acceso a los mercados de capitales y a la financiación de los organismos internacionales sin que exista ninguna posibilidad de repetir la dilapidación de capital semejante a la década pasada”, acotaron desde la organización.
“Aún con un programa racional de reducción gradual de los desequilibrios fiscales, la deuda aumentaría al 61% del PBI en 2019 para ser reducida recién en el siguiente período presidencial. La única alternativa para lograr una reducción de la deuda durante los próximos cuatro años sería con una reducción real del gasto público, en ningún caso puede lograrse por aumentos impositivos. Por el contrario, puede suponerse que habrá una presión política para reducir impuestos por el extraordinario nivel a donde han llegado”, acotaron.
Desde Libertad y Progreso agregaron además que este análisis no contempla la emisión de nuevos bonos que serán necesarios para contemplar el pago a los juicios ganados por los jubilados, estimados en unos US$ 20.000 millones, suponiendo que del millón de juicios potenciales, y con los 300.000 que ya perdió el PEN, se llegará al final a una cantidad aproximada de 500.000 juicios perdidos.
2014 y 2015, años críticos para el déficit
De acuerdo a los estudios realizados por la Fundación, en 2014 el déficit fiscal se agravó, llegando a 20.800 millones de dólares, y si se suma el déficit financiero nos da un déficit total de 29.600 millones de dólares (cerca de 5,7% del PIB). Sumando las amortizaciones de capital, dio un total de necesidades de financiamiento para 2014 de US$ 43.600 millones. Esto se financió con US$ 12.200 millones de renovación de capital y capitalización de intereses a la ANSES, unos US$ 23.700 millones provenientes del BCRA (US$ 9.100 millones como utilidades y US$ 11.800 millones como deuda y US$ 6.500 millones como Letras Intransferibles). Es decir, el 90% del déficit, 39.500 millones de dólares, fue cubierto por ANSES y BCRA y otros organismos intra-estatales. El saldo fue emisión de deuda en (Bonad, Bonar), además de Bonar 2024 para pagar a Repsol; en total por unos US$ 7.200 millones. A eso se le debe sumar US$ 3.700 millones de aumento de deuda con el Club de París. Así, la deuda total del Tesoro aumentó en 37.240 millones de dólares en 2014 alcanzando el 50,1% del PIB.
Según Libertad y Progreso, el 2015 es un año crítico que puede terminar con un déficit primario de US$ 25.100 millones, un déficit financiero total de US$ 36.500 millones, o sea 6,2% del PIB. Con US$ 13.800 millones de amortizaciones, las necesidades de financiamiento rondan los US$ 50.300 millones. “Estimamos que el financiamiento provendrá: US$ 7.300 millones de la ANSES; US$ 35.300 millones del BCRA (US$ 9.600 millones de utilidades, US$ 9.800 de adelantos transitorios y US$ 16.000 millones de reservas a cambio de letras intransferibles), lo cual mantendrá una alta inflación. Faltarían unos US$ 7.600 millones, que pueden provenir de emisión de bonos locales e internacionales. Suponemos un acuerdo con los Holdouts por US$ 20.000 millones en bonos a mediano plazo. Así, la deuda total bruta ascendería a 51,8% del PIB”, destacaron desde la Fundación.
