La situación de las mujeres en América Latina y el Caribe ha mejorado desde 1995, año en que 189 países firmaron la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, pero los avances han sido dispares y heterogéneos, y la desigualdad y la discriminación sigue afectando a muchas mujeres en la región, impidiendo el logro de su plena autonomía, la que es fundamental para garantizar el respeto, ejercicio y goce de sus derechos humanos y para lograr la igualdad.
En la autonomía en la toma de decisiones hay avances gracias a reformas institucionales en el poder ejecutivo, el poder legislativo, el sistema electoral y la justicia.
Casi todos los países cuentan con mecanismos para el adelanto de las mujeres, los que, en el curso de estos 20 años, han tendido a subir en la jerarquía del poder ejecutivo, permitiendo una mayor incidencia en la formulación de políticas.
La presencia de mujeres en cargos de representación política si bien es dispar entre los países, en general ha aumentado de manera significativa. La presencia de mujeres en los parlamentos de América Latina y el Caribe pasó de un 12% alrededor de 1995 al 26,4% actual.
La aprobación de leyes de cuotas en 14 países de América Latina y de paridad en algunos países es causa de este logro, aunque aún queda camino por andar.
En autonomía económica, la participación de las mujeres al mercado laboral ha aumentado en la región aunque con diferencias entre los países en intensidad y velocidad.
En todos los países persisten las barreras inherentes a la estructura del mercado laboral, y a la luz de los datos sobre distribución del tiempo entre mujeres y hombres, se evidencia que los costos de la participación laboral son asumidos individualmente por las mujeres.
Las mujeres subsidian el cuidado y la mayoría de quienes carecen de ingresos propios son mujeres.
Mientras la mayoría de los países de la región ha reducido la pobreza, en el caso de las mujeres esto no es así; por el contrario el índice de feminidad de la pobreza ha aumentado.
En autonomía física, hoy todos los países de la región cuentan con leyes para combatir la violencia contra las mujeres y 10 países de la región cuentan con leyes integrales de violencia.
Sin embargo las cifras de violencia muestran que los esfuerzos son todavía insuficientes y urge ampliar la acción de los Estados para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.
La mayoría de los países de la región aún carece de leyes que definan con precisión los derechos reproductivos y el acceso universal a la salud sexual y reproductiva.
