A partir del año 2003 la política regulatoria del gobierno nacional ha sido pésimamente concebida, no sólo en lo referido a la necesaria regulación de los servicios públicos de infraestructura donde no es posible la competencia sino también –de manera creciente a partir del año 2005– en lo que se refiere a las intervenciones llevadas a cabo en distintos mercados competitivos regulando precios máximos (o requiriendo autorización para llevar a cabo aumentos de precios), en muchos casos –alimentos, petróleo, etc.– para “desligar” los precios domésticos de los precios internacionales.
En todos los casos, el gobierno nacional ha demostrado una tendencia irrefrenable para mantener precios y tarifas por debajo de los niveles que reflejan los costos de producción y que permiten o alientan la re-inversión, dando lugar tanto al crecimiento exponencial de subsidios como a la contracción de inversiones, con consecuencias crecientemente visibles sobre el deterioro en la calidad de los servicios.
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