El presidente del directorio del Nuevo Banco de La Rioja SA, Jorge Rodolfo González, denunció hoy al gobierno de Luis Beder Herrera por querer «apropiarse» de la entidad, que administra activos por unos 2.240 millones de pesos.
En un comunicado, González se dirigió a la opinión pública para «denunciar la toma» de la que es objeto la entidad, después de haber denunciado operaciones sospechosas de la gestión provincial por movimientos de 300 millones de pesos.
El banquero señaló que el gobierno provincial suscribió y rubricó «sin observaciones» todos los balances presentados por la entidad al Banco Central de la República Argentina, desde el 2000 hasta el 2014 incluido.
La entidad financiera administra activos por 2.240 millones de pesos y el gobierno de Beder Herrera impulsó una ley que fue aprobada por el kirchnerismo en la Legislatura para expropiarla porque, dijo, no acompaña con créditos a la producción.
El Banco de Santiago del Estero SA (BSE) controla el 70% de las acciones de la entidad desde 2000, después de que la firma quebrara en dos oportunidades durante los años 90, con «enormes e irrecuperables pérdidas para el erario público», según González.
«Durante estos casi quince años fuimos acompañados en la gestión por dos directores y un síndico representantes del Estado Provincial, desempeñándose uno de esos directores como vicepresidente de la entidad», dijo el banquero.
La entidad es periódicamente calificada por el Banco Central, que conduce Alejandro Vanoli, mediante el sistema CAMELBIG y cuenta en la actualidad con una nota «que puede ser considerada óptima para el sistema financiero argentino», apuntó González.
Tras el avance del oficialismo riojano, la entidad le pidió a Vanoli la «presencia de un veedor en la entidad», pero la autoridad monetaria aún no dio una respuesta concreta y el Gobierno provincial avanza con la estatización.
González se comunicó por teléfono con el vicepresidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, y le informó que el NBLR había comparecido ante la Justicia para interponer «un anuncio de casación contra la medida autosatisfactiva obtenida por el gobierno».
Esa presentación del NBLR ante el Tribunal que dictó la medida autosatisfactiva fue realizada antes que la misma obtuviera firmeza, por lo que la decisión de avanzar con la estatización «no está firme ni consentida».
«La medida autosatisfactiva como toda decisión jurisdiccional tiene un plazo para su firmeza, la cual no puede obtenerse antes de transcurridas 24 horas de haber sido notificada, mucho menos si ya hemos efectuado el anuncio de la casación», dijo González.
Y agregó: «Ninguna firmeza tiene la medida autosatisfactiva dictada a favor del gobierno, ni son válidas decisiones o actos fundados en dicha medida, la que hasta la fecha no está ni firme ni consentida».
Noticias Argentinas
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