La creación de un nuevo impuesto a la ya golpeada actividad vitivinícola puso en alerta a todo el sector. Se trata del proyecto de un diputado oficialista que pretendía financiar el deporte a través de una carga parafiscal al alcohol y las bebidas gaseosas de 45 centavos sobre el precio total de venta al público.
Si bien la iniciativa para modificar la Ley Nacional del Deporte y crear un ente dedicado a costear la actividad –denominado Enaded–avanzó el lunes en comisiones, se decidió modificar la fuente de recursos. Pese al compromiso, los empresarios vitivinícolas se mantienen en vilo y siguen de cerca las tratativas en el Congreso.
Ante el cuestionamiento de varios diputados, quienes advirtieron sobre un eventual riesgo para las provincias, el oficialismo decidió eliminar el artículo 50 del proyecto de creación del Enaded y reemplazarlo por una ley complementaria que se dará a conocer en los próximos días.
Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina, en un comunicado a sus asociados informó que la entidad “movilizó acciones directas ante gobiernos provinciales, legisladores, Poder Ejecutivo nacional y la corporación vitivinícola argentina que lidera la acción, a partir de la presentación de documentos y estudios que determinan la inconsistencia de incluir nuestra actividad en el gravamen que se pretende imponer”.
El gerente de Bodegas de Argentina, Juan Carlos Pina, en diálogo con Economía y Petróleo, explicó que ayer el plenario emitió un despacho en donde se desistió del artículo 50 que afectaba las bebidas en general, alcohólicas o analcohólicas.
“Creemos que la presión tributaria que tienen las empresas ya es muy grande. La recaudación del Estado nacional, según el director de AFIP, es muy grande, por lo que decimos que pueden financiar un proyecto como este sin recurrir una vez más a un impuesto a las empresas”, indicó.
Para el gerente de la asociación integrada por más de 230 empresas de todas las provincias vitivinícolas: Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Neuquén, Río Negro, Córdoba y Buenos Aires, hay que tener mucho cuidado con este tipo de impuestos porque, si bien la idea es ponerlo sobre el precio de ventas, la experiencia demuestra que los que venden el producto, las cadenas comerciales, la mayoría de las veces trasladan ese incremento a la bodega y lo termina pagando el productor.
“Planteamos que la situación del sector es muy complicada. La inflación nos hizo perder competitividad y los precios de la uva, del vino, están deprimidos. El sector no puede soportar un nuevo impuesto”, dijo Pina.
Según Bodegas de Argentina, el 75% del vino va al mercado interno y el resto a la exportación. Si bien actualmente hay un muy buen consumo en el país, al hacer historia se ve que en los setenta alcanzaba los 90 litros per cápita y hoy el promedio es de 24 litros, y el mayor objetivo es mantenerlo.
El crecimiento de la vitivinicultura se dio por la exportación. Tal es así que desde el 2003 al 2011 las ventas del sector al exterior se incrementaron en cifras de dos dígitos (+36% en 2006), y hace dos años atrás se hizo negativo por la pérdida de competitividad. El año pasado cayeron un 10% con respecto a 2013.
“Cuando las condiciones macroeconómicas del país lo permitían, exportamos a valor FOB, puesto en argentina, una caja de 9 litros a 18 dólares. A medida que la inflación creció un 25% o 30% anual, el incremento de costo no se pudo trasladar al producto, porque dejan de comprar y lo que no vende uno lo vende otro”, dijo Pina. Consideró que los precios están deprimidos porque hay abundancia de vinos. Si se pudiera ser competitivos al exportar nuevamente podrían sacar la sobre oferta local.
“Se seguirá tratando en otras cámaras; es un camino largo, pero somos positivos, porque este impuesto fue eliminado y esperemos que siga así. Perturba a un sector que está en una situación crítica porque significaba un problema más a todos los que tenemos”, sostuvo en cuanto al proyecto de ley.
Según los bodegueros de la región, un nuevo gravamen afectaría a los negocios grandes y medianos, en un momento en que la rentabilidad del negocio viene en declive.
“Las bodegas de Neuquén nos sumamos al pedido del negocio en general. Se trata de un impuesto más y en el caso del vino un 50% del precio final está compuesto de impuestos, por eso, si se concretaba era agravar una situación muy compleja que viven las economías regionales y las bodegas que no escapan a esa realidad”, señaló Julio Viola (h), integrante de la Cámara de Bodegas Exportadoras de la Patagonia y dueño de Bodegas del Fin del Mundo.
“Mientras no se aplique este proyecto, no habrá más reuniones. Si vemos que avanza, toda la industria vitivinícola y de bebidas en general se deberá juntar”, señaló.
Tomás Groppo, integrante de la familia propietaria de Bodega Secreto Patagónico, reflexionó que todos están a favor de promocionar el deporte, pero no cree que sean las economías regionales las encargadas de financiarlo.
“La industria está atravesando un momento difícil y este no es el camino correcto. Desde todas las Cámaras estuvimos transmitiendo esta visión que compartimos”, sostuvo. Para el empresario, un impuesto más lo que hace es aumentar el costo y al consumidor final le puede repercutir en un aumento de precios.
“El problema más grande es que los costos aumentaron y los precios no. Parte del impuesto lo termina absorbiendo el productor, porque si aumentás dejan de comprar. La inflación genera una complejidad adicional para toda la cadena”, indicó.



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