El secretario del Consejo Económico y Social provincial, Carlos «Cacho» Luna, y el subsecretario de Comunicación de la gobernación se sumaron al bombardeo de críticas contra el ministro de Economía. Insisten con el reclamo histórico de Ricardo Quintela para investigar judicialmente el endeudamiento externo.
El violento choque político e ideológico entre el gobierno de La Rioja y el Palacio de Hacienda ingresó en una fase de descalificaciones de altísima gravedad institucional. Lejos de apaciguarse tras los cruces del fin de semana por el rechazo al RIGI, segundas y terceras líneas de la administración del gobernador peronista Ricardo Quintela salieron en bloque a recalentar la disputa en las redes sociales. En la embestida más virulenta hasta la fecha, un funcionario clave del organigrama riojano equiparó de forma directa al ministro de Economía de la Nación, Luis «Toto» Caputo, con «la pata civil de la dictadura genocida».
La dura imputación corrió por cuenta de Carlos «Cacho» Luna, secretario del Consejo Económico y Social de La Rioja, quien vinculó el programa económico que implementa la administración de Javier Milei con los procesos históricos más oscuros del país.
«Caputo y compañía representan la pata civil de la dictadura genocida y el proyecto de entrega del país», disparó el funcionario riojano a través de sus canales oficiales. En la misma sintonía con las advertencias penales lanzadas por otros miembros del gabinete norteño, Luna agregó de forma tajante: «El día que paguen con cárcel se acaba el principal problema de los argentinos».
Una bandera que data de 2019
El bombardeo discursivo contra el jefe de las finanzas nacionales sumó de inmediato el respaldo de las terminales de difusión de la gobernación riojana. El subsecretario de Comunicación del gobierno provincial, Ariel Allende, buscó darles un marco de continuidad histórica a las acusaciones de «vaciamiento y endeudamiento» que el PJ local le achaca al funcionario del Ejecutivo central.
«El gobernador Ricardo Quintela lo viene planteando desde el 11 de diciembre de 2019: hay que investigar a los que endeudaron a los argentinos», argumentó Allende, interpelando de manera directa al ministro. «Hoy son los mismos actores, ¿o no, Luis Caputo? Ojalá la justicia actuara», fustigó el vocero de la gobernación, reforzando la idea de una contraofensiva jurídica apenas se modifique el mapa del poder político a nivel nacional.
La andanada de descalificaciones oficiales de las últimas horas —que incluyó pedidos previos de ministros y diputados para colocarle una «tobillera electrónica» a Caputo y prohibirle la salida del país— refleja el grado de crispación total en el «pago chico». En los despachos oficiales riojanos acusan a la Nación de retener «ilegalmente» unos 1.700 millones de dólares en fondos extracoparticipables.
Entre el ajuste y la trinchera territorial
La virulencia discursiva del oficialismo riojano funciona además como el correlato político de una crisis financiera asfixiante puertas adentro de las fronteras de la provincia del NOA. Con el mercado de deuda pública local prácticamente congelado y una caída drástica en los subsidios nacionales al transporte y la obra pública menor, el quintelismo apuesta todas sus fichas a blindar las estructuras del Estado provincial mediante herramientas alternativas, como el uso del bono de circulación local «Chacho» y el congelamiento de tarifas.
Por su parte, la oposición local, referenciada en La Libertad Avanza y la figura del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, observa con duras críticas el accionar del gabinete peronista. Desde las filas libertarias insisten en que el armado de este «relato de agresión externa» y las acusaciones cruzadas en redes sociales solo buscan desviar la atención de la agenda económica local, marcada por salarios estatales retrasados frente a la Canasta Básica Total y el persistente rechazo a regímenes de inversión como el «Súper RIGI», que según la Casa Rosada podrían destrabar empleos y divisas genuinas en la región.
