La exprimera dama Zulema Yoma mostró hoy su esperanza de que el cuerpo que está enterrado bajo el nombre de Carlos Menem Jr sea efectivamente el de su hijo, fallecido en 1995 al caer el helicóptero que piloteaba, para poder «darle santa sepultura y que descanse en paz», mientras que por «diferencias de criterio» renunció su histórico abogado, Juan Gabriel Labaké.
«Espero que sean los restos de mi hijo, quiero darle santa sepultura y que descanse en paz», sostuvo Yoma en alusión a la decisión del juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, de exhumar el próximo 31 de mayo el cuerpo que está enterrado en el cementerio de La Tablada.
En dialogó con LT10 de Santa Fe, la exprimera dama insistió en que fue el expresidente Carlos Menem quien le confesó «que la muerte de su hijo se debió a un atentado» y sostuvo que su exesposo «tenía todas las herramientas para saber qué pasó pero estaba rodeado de gente que dejaba mucho que desear».
«Yo no tengo idea cuál fue el motivo del atentado. Lo único me interesa es defender el nombre y honor de mi hijo. A él no le importaba la política y tampoco era un loquito que iba jugando con el helicóptero», señaló.
Por último, la madre de Carlos Menem Junior aseguró que «confía en el el trabajo del cuerpo antropológico» y que ante la posibilidad de que se confirme que el cuerpo se trata de su hijo indicó que «cerraría una etapa».
En paralelo, a raíz de los conflictos por la forma de manejar el caso, el histórico abogado de Zulema, Juan Gabriel Labaké, anunció su renuncia como letrado de la exprimera dama: en una carta que entregó al juez Villafuerte Ruzo reconoció «diferencias de criterio» y sostuvo que Yoma decidió revocar «unilateralmente y sin causa» el contrato de gestión profesional que los vinculaba.
Labaké se refirió puntualmente a la decisión de Yoma de presentar el pasado 15 de mayo un escrito ante el magistrado sin su consentimiento ni firma cuestionando la intervención del Cuerpo Médico Forense (dependiente de la Corte Suprema de Justicia) en el estudio de identidad y requiriendo que sólo lo hiciera el Equipo Argentino de Antropología Forense.
El abogado señaló que en los últimos días no había podido conversar con Yoma debido «a su estado de salud» y que por ello había entablado conversaciones «con sus familiares cercanos para arribar a una solución amigable de algunas diferencias de criterio que habían surgido».
«En esa tarea estaba cuando tomé conocimiento de la presentación de un escrito firmado por mi mandante y su exesposo sin mi firma como patrocinante-apoderado de la primera. Tal escrito, además de adolecer del debido patrocinio letrado, es a todas luces extemporáneo, pues se presentó sin esperar a que Vuestra Señoría resolviera los planteos del Equipo Argentino de Antropología Forense-EAAF, tal como hizo el 17-5-17», advirtió.
En la nota, a la que accedió NA, Labaké reveló que ese escrito había sido redactado por él pero que su presentación había quedado a la espera de esa resolución del juez, por lo que agregó: «Nada explica y menos justifica, pues, el apresuramiento de mi mandante en presentar dicho escrito sin mi consentimiento y, especialmente, sin mi patrocinio profesional».
«No escapará a la comprensión de Vuestra Señoría que, con tales actitudes, mi mandante ha resuelto unilateralmente y sin causa el contrato de gestión profesional que nos ha vinculado hasta ahora, y ha revocado en forma tácita, pero clara e inequívoca, el poder general para actuaciones judiciales que me otorgara oportunamente. Por ello, y por la necesidad de aclarar mi situación en esta causa, vengo a manifestar mi decisión de considerar resuelto el mencionado convenio de gestión profesional y revocado el poder que hasta hoy tuve de Zulema Fátima Yoma», completó.
El objetivo del estudio es determinar si los restos que fueron enterrados coinciden con la identidad del hijo del expresidente, ya Zulema Yoma sostiene que el cuerpo fue profanado y algunos de sus huesos cambiados para ocultar la verdadera causa de su muerte.
El estudio de ADN sobre los restos del hijo del expresidente, quien falleció en 1995 cuando el helicóptero en el que viajaba cayó a tierra en San Nicolás, estaba pendiente porque Yoma se oponía, pero el juez finalmente ordenó la medida en base a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que así lo dispuso.
