Transporte fijará los cuadros tarifarios del servicio “Puerta a Puerta”

Publicado por

El gobernador Sergio Casas dispuso que la Subsecretaría de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial fijará y actualizará los Cuadros Tarifarios aplicables al servicio público de transporte en la modalidad “Puerta a Puerta”, en el marco de las disposiciones del Artículo 51º de la Constitución Provincial.

DECRETO Nº 958

La Rioja, 10 de septiembre de 2018

Visto: el Artículo 51° de la Constitución Provincial, las Leyes N° 5.891, 6.398, 6.029 y 8.229 y, los Decretos 864/94, 814/99, 1.121/96, 815/99, 118/07 y;

Considerando:

Que, el Artículo 51º de la Constitución Provincial, dispone que la legislación establecerá los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia provincial. Que, la Ley N° 5.891, modificada por Ley 6.398 y reglamentada por Decretos 864/94 y 814/99, regulatoria de la prestación del servicio de transporte público interurbano de personas y cosas en todo el territorio provincial, determina como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Recursos Hídricos.

Que, la Ley N° 6.029, reglamentada por Decretos N° 1.121/96 y 815/99 regulatoria en todo el territorio provincial, de la prestación del servicio de transporte público interdepartamental de pasajeros en la modalidad “Puerta a Puerta”, determina como Autoridad de Aplicación la Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos, a través del Departamento de Transporte.

Que, el Artículo 1° de la Ley N° 6.398 dispone la modificación del Artículo 38° de la Ley N° 5.891, atribuyendo el carácter de Autoridad de Aplicación a la Dirección Provincial de Transporte o el Organismo que en el futuro la reemplace.

Que, a través del Decreto N° 2.760107, ratificado por Ley N° 8.229, se crea el Ministerio de Infraestructura, atribuyéndosele competencia en el control de la prestación del servicio público de transporte. Que, mediante Artículos 3° y 4º del Decreto N° 118/07, ratificado por Ley N° 8.244, se transfiere la Subsecretaría de Transporte Tránsito y Seguridad Vial, desde el ámbito del Ministerio de Gobierno y Derechos Humanos a la órbita del Ministerio de Infraestructura, conservando su competencia y estructura, hasta que la Función Ejecutiva disponga las modificaciones normativas pertinentes.

Que, en virtud del ejercicio del poder de policía correspondiente a la Autoridad de Aplicación en materia de transporte, y a los fines de posibilitar que dicho servicio público sea prestado en condiciones de regularidad, continuidad, obligatoriedad, generalidad y uniformidad, resulta necesario atribuir la potestad de determinación y actualización de los cuadros tarifarios a la Subsecretaría de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, en el marco de la competencia que le asiste al Ministerio de Infraestructura, conforme lo dispuesto en la Ley N° 8.229.

Que, por otra parte, del régimen legal aplicable surge la competencia del Ministerio de Infraestructura y de la Subsecretaría de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, para la aplicación en forma coordinada, del régimen de sanciones previsto ante el incumplimiento de los permisionarios y concesionarios.

Que, las modificaciones operadas sobre la estructura orgánico-funcional de la Función Ejecutiva, con posterioridad a la aprobación de las Leyes N° 5.891 y 6.029, sus normas modificatorias y reglamentarias, tornan ineludible efectuar una restructuración de las competencias referidas a la aplicación del mencionado régimen de sanciones, a los fines de agilizar y optimizar el ejercicio de las facultades de control existentes respecto del servicio público de transporte, en particular atención a la urgente necesidad de regularización que pudiere afectarle.

Que, en orden a lo expuesto, resulta imperioso atribuir competencia a la Dirección General de Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Transporte Tránsito y Seguridad Vial para la aplicación de las sanciones más leves previstas por la normativa vigente; y a la Subsecretaría de Transporte Tránsito y Seguridad Vial en la aplicación de las más graves, correspondiendo la intervención del Ministerio de Infraestructura en la vía recursiva jerárquica de conformidad a las previsiones de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 4.044. Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 126 de la Constitución Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA:

Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 38° del Decreto F.E.P. N° 864/94, reglamentario de la Ley N° 5.891 de conformidad al siguiente texto: “Artículo 38°.- La Subsecretaría de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial a través de la Dirección General de Transporte, será la encargada del cumplimiento de las disposiciones de la presente reglamentación.

La Autoridad de Aplicación tendrá la más amplia facultad de auditoría respecto de la documentación de la prestataria, la que estará obligada a su vez, a brindar toda la información que aquella requiera.

Asimismo ejercerá el poder de policía sobre los servicios de transporte automotor, pudiendo para la realización de su cometido requerir la colaboración de los municipios, de otros organismos provinciales y, el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario.

La Subsecretaría de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial fijará y actualizará los Cuadros Tarifarios aplicables al servicio público de transporte, en el marco de las disposiciones del Artículo 51º de la Constitución Provincial.

Previa regulación del procedimiento de fijación de costos y gastos aplicables al servicio de transporte público de pasajeros en sus distintas modalidades, por parte de la máxima autoridad de transporte de la Provincia, la Subsecretaría de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial acordará una metodología general de determinación de la estructura de los cuadros tarifarios.

La resolución que en consecuencia se dicte, deberá ser ratificada por el Ministerio de Infraestructura en su carácter de máxima autoridad competente en la materia”.

Artículo 2°.- Modificase, el Artículo 19° del Decreto F.E.P. 1.121/96 reglamentario de la Ley N° 6.029, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 19°.- La Subsecretaría de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial fijará y actualizará los Cuadros Tarifarios aplicables al servicio público de transporte en la modalidad “Puerta a Puerta”, en el marco de las disposiciones del Artículo 51º de la Constitución Provincial. Previa regulación del procedimiento de fijación de costos y gastos aplicables al servicio de transporte público de pasajeros, por parte de la máxima autoridad de transporte de la Provincia, la Subsecretaría de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial acordará una metodología general de determinación de la estructura de los cuadros tarifarios. La tarifa mínima autorizada, deberá ser superior a 1,3 veces el importe que resulte de aplicar al mismo tramo, la prevista para los servicios regulares ordinarios. La resolución que en consecuencia se dicte, deberá ser ratificada por el Ministerio de Infraestructura en su carácter de mima autoridad competente en la materia.”

Artículo 3°.- Derógase, el Artículo 47° del Decreto F.E.P. N° 864/94, y su modificación dispuesta por Decreto F.E.P. N° 814/99.

Artículo 4°.- Modifícase el Art. 49° del Decreto F.E.P. N° 864/94, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 49°.- Multas: Las sanciones pecuniarias serán aplicables a los prestadores de servicios de transporte que cometan infracciones, de conformidad a los siguientes ítems:

a) Por permanecer más de quince minutos en plataforma, tanto para descenso como para ascenso de pasajeros: el equivalente a 250 litros de gas-oil.

b) Por no acatar las órdenes emanadas de la autoridad de aplicación: el equivalente a 250 litros de gas-oil.

c) Por no presentar la unidad móvil en plataforma, o tomar servicios en malas condiciones de higiene: el equivalente a 250 litros de gas-oil.

d) Por no registrar las firmas en oficina de control de tráfico; cada tres omisiones dentro del mes o seis dentro del año calendario: el equivalente a 250 litros de gas-oil. e) Por no poseer licencia de conducir vigente: el equivalente a 1.000 litros de gas-oil.

f) Por mala presencia estética en la vestimenta de los conductores: el equivalente a 250 litros de gas-oil.

g) Por no comunicar mensualmente los viajes especiales u ocasionales que realice conforme a lo dispuesto, en Artículo 19° de la Ley 5.891: el equivalente a 250 litros de gas-oil.

h) Por permanecer más de 15 minutos en las playas de maniobras o adyacencias dentro del ejido de la Estación Terminal de Ómnibus: el equivalente a 250 litros de gas-oil.

i) Por no respetar el horario en el expendio de los boletos: el equivalente a 250 litros de gas-oil.

j) Por no respetar los concesionarios comerciales, los horarios estipulados en los contratos de locación: el equivalente a 250 litros de gas-oil.

k) Por sobrecarga de pasajeros en las unidades: el equivalente a 500 litros de gas-oil.

1) Por no tener habilitados los servicios, conforme lo previsto en el Artículo. 25° de la Ley N° 5.891: el equivalente a 500 litros de gas-oil.

m) Por acumulación de paquetes, equipajes u otros objetos que obstruyan el libre desplazamiento de los peatones en las galerías o playas de maniobras de la Estación Terminal de Ómnibus: el equivalente a 400 litros de gas-oil.

n) Por violación a las disposiciones contenidas en los Artículos 20°, 22° y 24° de la Ley N° 5.891: el equivalente a 400 litros de gas-oil.

o) Por transitar en servicio por corredores no autorizados: el equivalente a 1.000 litros de gas-oil.

p) Por violación, a las disposiciones contenidas en el Artículo 4° de la presente reglamentación y Artículos 14°, 15°, 17° y 18° de la Ley N° 5.891: el equivalente a 500 litros de gas-oil.

q) Por prestar servicio sin autorización o permiso: el equivalente a 700 litros de gas-oil.

r) Por incumplimiento del cuadro tarifario vigente: el equivalente a 200 litros de gasoil.

En caso de reincidencia de faltas leves dentro de los 30 días del mes calendario, se multiplicarán éstas, por el número de veces que incurra en la misma falta. El pago de la multa se operará dentro de los 30 días corridos a contar de la fecha de la notificación de la infracción. Las notificaciones se harán en el marco de la Ley N° 4.044 – Art. 146° y concordantes.”

Artículo 4°.- Modifícase el Artículo 53° del Decreto F.E.P. 864/94, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 53°.- Toda vez que la Autoridad de Aplicación verifique la existencia de una presunta infracción, procederá a labrar acta circunstanciada, la que dará plena fe salvo prueba en contrario; se correrá vista del acta al presunto infractor para que dentro del plazo de quince (15) días corridos presente su defensa y ofrezca las pruebas pertinentes. El sumario respectivo deberá ser instruido por el área competente que determine la Subsecretaría de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial”.

Artículo 5º.- Incorpórase al Decreto F.E.P. N° 864/94, la reglamentación al Artículo 54° de la Ley N° 5.891, de conformidad al siguiente texto: Artículo 54°.- “Producidas las pruebas así como las medidas para mejor proveer que pudieran determinarse, concluirá el sumario y se remitirán las actuaciones a la autoridad que deba aplicar la sanción, según lo previsto en el Artículo 56°”.

Artículo 6º.- Incorpórase al Decreto F.E.P. N° 864/94, la reglamentación al Artículo 55° de la Ley N° 5.891, de conformidad al siguiente texto:

“Artículo 55°.- Las resoluciones por las que se apliquen las sanciones previstas en el Artículo 47° de la Ley N° 5.891, podrán ser recurridas conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo N° 4.044 o la norma que en el futuro la reemplace.”

Artículo 7º.- Incorpórase al Decreto F.E.P. N° 864/99, la reglamentación al Artículo 56° de la Ley N° 5.891, de conformidad al siguiente texto: “Artículo 56°.- “Las sanciones determinadas en los incisos a) y b) del Artículo 47° de la Ley 5.891, serán aplicadas por la Dirección General de Transporte. Delégase en la Subsecretaría de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, la aplicación de las sanciones previstas en los incisos c) y c) del Artículo 47° de la Ley N° 5.891″.

Artículo 8°.- Modificase el Artículo 23° del Decreto FEP 1.121/96 reglamentario de la Ley N° 6.029, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 23º.- Sin perjuicio de las penalidades establecidas en la legislación nacional, provincial o municipal que regulan en materia de transporte y toda otra norma jurídica, las transgresiones o infracciones a la Ley N° 6.029, así como el incumplimiento de los deberes establecidos, serán pasibles de las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento. b) Multa. c) Suspensión del Registro. d) Rescisión o revocación de la concesión, del Permiso o Licencia. Las sanciones determinadas en los incisos a) y b) serán aplicadas por la Dirección General de Transporte, y las individualizadas en los incisos c) y d) por la Subsecretaría de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la Provincia”.

El apercibimiento se aplicará cuando la falta o infracción fuere leve y no ocasionen daños físicos y/o pecuniarios a terceros. Las multas serán aplicadas previa actuación sumarísima, a los prestadores de los servicios de transporte que cometan infracciones, conforme a los siguientes ítems:

a) Por no acatar las órdenes emanadas de la Dirección General de Transporte, el equivalente a 150 litros de gasoil.

b) Por no registrar las firmas en Oficina de Control e Informes, cada tres (3) omisiones dentro del mes o seis (6) dentro del año calendario, el equivalente a 150 litros de gasoil.

c) Por poseer licencia de conducir vencida, el equivalente a 150 litros de gasoil.

d) Por mala presencia estética en la vestimenta de los conductores, el equivalente a 150 litros de gasoil.

e) Por sobrecarga de pasajeros en las unidades, el equivalente a 200 litros de gasoil.

j) Por ascenso o descenso de pasajeros intermedios, el equivalente a 200 litros de gasoil.

g) Por transitar en servicios por corredores no autorizados, el equivalente a 300 litros de gasoil.

h) Por incumplimiento del cuadro tarifario vigente, el equivalente a 200 litros de gasoil. En caso de reincidencia, se multiplicará el número de faltas por el valor fijado para la primera, resultando el nuevo importe a oblar. Este régimen de sanciones se acumulará dentro de cada mes calendario.

El pago de la multa se operará dentro de los cinco (5) días corridos a contar de la fecha de notificación de la infracción.

En caso de incumplimiento, la Autoridad de Aplicación deberá ordenar el inmediato retiro de servicio de la unidad infractora hasta tanto se cancele la multa aplicada. La Dirección de Transporte podrá proceder a la suspensión del permisionario del Registro de Prestadores, ante la comisión de las siguientes faltas:

a) Lesión al interés público.

b) No presentación de los servicios en forma reiterada durante diez (10) días consecutivos, o veinte (20) alternativos en los treinta (30) días calendario.

c) Circulación a velocidades superiores a las autorizadas por la Dirección General de Transporte, que pongan en riesgo la vida de los transportados. Esta suspensión será aplicada por tiempo determinado, sin perjuicio de la multa que corresponda, y no podrá exceder de trescientos sesenta (360) días.

La suspensión importa la imposibilidad del prestatario de postularse durante el tiempo que dure la sanción, como oferente para el otorgamiento de concesiones.

La revocación de concesiones, permisos o licencias será aplicables en los supuestos de reincidencia de los concesionarios o permisionarios, en infracciones graves.

Toda vez que la Dirección General de Transporte verifique la existencia de una presunta infracción, procederá a labrar acta circunstanciada, la que hará plena fe salvo prueba en contrario. Se correrá vista del acta al presunto infractor para que dentro del plazo de cinco (5) días corridos, presente su defensa y ofrezca las pruebas pertinentes.

El sumario respectivo deberá ser instruido por el área competente que determine la Subsecretaría de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, quien producidas las pruebas, así como las medidas para mejor proveer que pudieran determinarse, concluirá el sumario y remitirá las conclusiones a la autoridad que deba aplicar la sanción según lo previsto en el presente artículo.

Las disposiciones que recaigan serán susceptibles de ser recurridas, de conformidad con las normas de procedimiento administrativo vigente”.

Artículo 9°.- Deróganse los Decretos F.E.P N° 814/99 y 815/99.

Artículo 10º.- El presente decreto será suscripto por el Sr. Secretario General y Legal de la Gobernación, y refrendado por el señor Ministro de Infraestructura.

Artículo 11°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese.

Casas, S.G., Gobernador – Mercado Luna, G., S.G.G – Velardez, J.R., M.I.