El ministro de Vivienda, Ariel Puy Soria, advirtió que los inquilinos quedaron «desamparados» ante las políticas de Javier Milei. Con una suba de precios que triplica la inflación interanual y 50 mil riojanos afectados, el funcionario convocó a una mesa de diálogo para diseñar nuevas herramientas de regulación, citando como ejemplo la crisis habitacional de Nueva York.
La crisis habitacional en La Rioja ha llegado a un punto de inflexión y el gobierno provincial ha decidido tomar cartas en el asunto. Ariel Puy Soria, ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat, lanzó una dura advertencia sobre el impacto social y económico de la desregulación del mercado inmobiliario impulsada por la gestión nacional y confirmó que la provincia trabajará en un marco regulatorio propio para poner límites a los aumentos desmedidos.
Tras una reunión clave con Vanesa Córdoba, integrante de la Unión de Inquilinos La Rioja y la Federación Argentina de Inquilinos, el funcionario expuso cifras alarmantes que grafican el desajuste económico. «En la variación interanual de octubre 2024 a octubre 2025, la inflación fue del 32%, pero el alquiler de vivienda aumentó un 87,3%», detalló Puy Soria. Para el ministro, estos números son la prueba cabal de que «la eliminación de la Ley de Alquileres no hizo más que beneficiar a los propietarios».
El impacto en el comercio y el empleo
El diagnóstico oficial no se limita a la vivienda familiar. La preocupación se extiende al corazón productivo de la capital. Según los datos de la cartera de Vivienda, en el microcentro riojano un 95% de los comerciantes alquilan su local.
«Esta situación no solo condiciona el acceso a la vivienda, sino que también impacta con fuerza en el sector comercial. Esta realidad compromete a las familias comerciantes y a los puestos de trabajo que dependen de este sector», explicó Puy Soria, subrayando que la falta de reglas claras está asfixiando a la economía local.
El Estado como protagonista, no espectador
Frente a la retirada del Estado nacional, Puy Soria planteó la necesidad urgente de una intervención local. «El Estado no puede ser espectador, debe ser un protagonista activo que ponga límites, promueva reglas claras y cuide a quienes más lo necesitan», afirmó.
El ministro fue categórico al analizar la filosofía libertaria: «Cuando el mercado se regula solo, las consecuencias las paga la gente. Por eso es fundamental la intervención del Estado: para equilibrar la balanza y proteger a los inquilinos».
En esa línea, el gobierno riojano ha iniciado rondas de diálogo no solo con inquilinos, sino también con el Colegio de Escribanos y la Cámara Inmobiliaria, buscando generar consensos. «Reconocemos el rol importante del sector privado, por eso apuntamos a generar un marco regulatorio, incentivos o sanciones que requieren diálogo y compromiso de acción conjunta», sostuvo.
El espejo de Nueva York y el fracaso del modelo libertario
En un análisis político que trascendió las fronteras locales, Puy Soria comparó la situación argentina con la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, utilizando el ejemplo de las recientes elecciones en Nueva York como una advertencia sobre el futuro.
«El corazón del capitalismo demostró que es un fracaso gobernar sin una política habitacional eficiente», sentenció, haciendo referencia a la victoria de Zohran Mamdani, quien ganó con una plataforma basada en la congelación de alquileres. «La receta capitalista que busca imponer Milei en la Argentina, desregulando la ley de alquileres y eliminando la inversión en obra pública, ya mostró en el mismo Estados Unidos que no funciona», disparó.
Un futuro «imposible» sin regulación
La proyección del ministerio para el corto plazo es sombría si no se toman medidas. En La Rioja, más del 12% de la población alquila, lo que representa a unos 50 mil riojanos afectados directamente por el DNU de Milei.
«En un año será imposible alquilar en La Rioja si no interviene el Estado regulando con normas jurídicas las relaciones contractuales», alertó Puy Soria. El funcionario describió un escenario de deterioro social donde miles de familias debieron «volver con sus padres o compartir viviendas en situación de hacinamiento» ante la imposibilidad de costear un techo propio.
«Hoy los inquilinos están vulnerables frente a un combo peligrosísimo de eliminación de la obra pública y sin regulación del mercado inmobiliario», concluyó el ministro, ratificando que la provincia avanzará en el diseño de herramientas legales para garantizar la estabilidad de los contratos.
