El Asesor General de Gobierno aseguró que la instancia judicial será el 3 de diciembre y unificará los reclamos históricos con la deuda reciente, estimada en 1.300 millones de dólares. «El derecho respalda el reclamo de la provincia», afirmó.
En un paso decisivo para la disputa financiera entre la provincia de La Rioja y el Gobierno Nacional, la Corte Suprema de Justicia fijó una audiencia de conciliación para el próximo 3 de diciembre. La noticia fue confirmada por Pedro Goyochea, Asesor General de Gobierno, quien brindó detalles sobre la estrategia provincial y las expectativas de cara al encuentro.
«La Corte Suprema ha determinado la concreción de una audiencia de conciliación entre el Estado Nacional y la provincia de La Rioja, la cual está relacionada con el reclamo vinculado con los recursos», explicó Goyochea. Según el funcionario, esta instancia permitirá unificar dos frentes de conflicto: los reclamos históricos que datan de 2017 (por períodos entre 2012 y 2016) y la demanda actual impulsada por el gobernador Ricardo Quintela respecto a los fondos retenidos entre 2023 y 2025.
Una deuda millonaria y un reclamo unificado
Sobre los montos en juego, Goyochea fue preciso respecto a la deuda más reciente. «El reclamo particular referenciado al año 2023 hasta el año 2025 estamos hablando de 1.300 millones de dólares», sentenció. Esta cifra corresponde a las partidas presupuestarias que, según la provincia, el Ejecutivo nacional dejó de ejecutar sin justificación administrativa, incumpliendo una obligación mensual establecida por ley.
En cuanto a la deuda histórica, el asesor aclaró que el Ministerio de Hacienda trabaja en la actualización de los montos mediante tasas del Banco Nación para presentar una liquidación exacta el día de la audiencia.
Conciliación o sentencia: los escenarios posibles
La audiencia abre un abanico de posibilidades procesales. Goyochea detalló que el objetivo primario es buscar un «punto de equilibrio» que satisfaga a ambas partes. Si no se logra un acuerdo el 3 de diciembre, la Corte podría designar un mediador por un plazo de 30 días.
«Si esto fracasa, indudablemente viene la sentencia judicial, que es la que determina a quién le asiste la razón», advirtió el funcionario, quien se mostró cauto pero confiado: «Tenemos una actitud mesurada, teniendo la confianza de que el derecho respalda el reclamo de la provincia».
Un caso testigo para otras provincias
La Rioja será la primera de las 16 jurisdicciones con reclamos similares en tener su audiencia este año, lo que convierte al caso en un antecedente clave. «De darse las circunstancias, entender que dos estados llegan a un acuerdo es un gran gesto para la calidad democrática y puede constituirse en un modelo para las otras jurisdicciones», analizó Goyochea.
Finalmente, el asesor apeló a la «madurez institucional» para resolver el conflicto, subrayando que la falta de envío de fondos no responde a una cuestión política, sino a un incumplimiento legal del Estado Nacional. «Gobernar implica tener sostenibilidad sobre las acciones de gobierno, y esa sostenibilidad se hace con recursos», concluyó.
