La Sala Acusadora desestimó las denuncias contra Claudio Ana, Luis Brizuela, Claudio Saúl y Gabriela Asís al considerar que «carecen de base jurídica». Lourdes Ortiz asumió la presidencia del cuerpo y se renovaron las autoridades.
La Legislatura de La Rioja cerró una jornada de alto voltaje institucional con una definición contundente: la Sala Acusadora rechazó por unanimidad dos pedidos de juicio político que apuntaban contra los integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Los diputados consideraron que las presentaciones no cumplían con los requisitos mínimos y advirtieron sobre el peligro de utilizar este mecanismo para cuestionar fallos judiciales.
La sesión, que se desarrolló en el Recinto de la Legislatura, comenzó bajo la presidencia provisional del diputado Nicolás Martínez. Tras resolver las cuestiones administrativas y la elección de nuevas autoridades, el cuerpo se abocó al tratamiento de los expedientes que pedían la destitución de los magistrados.
«Carencia de base jurídica»
El primero de los expedientes tratados fue el N° 455, que solicitaba el juicio político específicamente contra el juez Claudio Ana. El encargado de fundamentar la postura del cuerpo fue el diputado Claudio Ruiz, quien fue tajante en su análisis.
«El pedido carece de base jurídica y de sentido institucional», afirmó Ruiz, argumentando que la herramienta constitucional del juicio político no debe ser utilizada para dirimir desacuerdos con sentencias. Según el legislador, aceptar denuncias sin pruebas o hechos graves «abriría la puerta a que cualquier juez sea atacado por el contenido de sus fallos».
Ruiz recordó que la Cámara tiene el deber de «proteger las instituciones» y que el proceso de destitución es un «mecanismo excepcional», reservado únicamente para faltas de extrema gravedad. La moción de rechazo por improcedencia fue aprobada por todos los presentes.
La defensa de la independencia judicial
Posteriormente, se abordó el expediente N° 483, que ampliaba la acusación a los jueces Claudio Ana, Luis Brizuela, Claudio Saúl y Gabriela Asís. En este caso, la diputada Carla Aliendro tomó la palabra para explicar que la denuncia fue analizada bajo la Ley N° 5.048 para determinar su admisibilidad.
Citando el artículo 131 de la Constitución Provincial, Aliendro sostuvo que la presentación carecía de «pruebas mínimas» y de los requisitos legales. «La Cámara no tiene potestad para revisar fallos judiciales ni valorar pruebas», subrayó, advirtiendo que avanzar en ese sentido «violaría la independencia de los Poderes».
La legisladora enfatizó que el juicio político sirve para controlar la conducta de los funcionarios, no para revisar sus decisiones jurídicas, las cuales deben ser impugnadas por las vías legales correspondientes. Al igual que en el caso anterior, la Sala declaró inadmisible la denuncia por unanimidad.
Nuevas autoridades
En el inicio de la jornada, y a propuesta del diputado Gonzalo Becerra, se eligió a la diputada Lourdes Ortiz como la nueva presidenta de la Sala Acusadora, quien prestó juramento ante Nicolás Martínez.
Además, se conformó la Comisión de Investigación, que quedó integrada por los legisladores Gonzalo Becerra, Yuliana López, Ismael Bordagaray, Juan José Elías y Belén Mora.
