El diputado Diego Molina Gomez alertó sobre la creación de un mecanismo de «disciplinamiento mafioso». Cuestionó la eliminación de plazos para revisar fallos y una fuerte suba de sueldos para los auditores bajo el ropaje de la «modernización».
Una fuerte polémica se desató en la Legislatura de La Rioja tras la aprobación de las modificaciones a la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas (TC). Desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA), el diputado Diego Molina Gomez calificó la reforma como una maniobra de «alta traición política e institucional» hacia el propio gobernador Ricardo Quintela, advirtiendo que el nuevo esquema legal otorga un poder desmedido al organismo de control para «disciplinar» a la actual gestión.
Según el legislador libertario, el proyecto aprobado bajo el argumento de la «modernización» encubre una estructura de privilegios y discrecionalidad. «Lejos de fortalecer los mecanismos de control, la reforma consagra privilegios, discrecionalidad y concentración de poder, desnaturalizando por completo la función constitucional del Tribunal», sentenció Molina Gomez.
«Cheque en blanco» y manejo de fondos
Uno de los puntos centrales de la denuncia apunta al artículo 12, inciso g, de la nueva normativa. El diputado advirtió que este cambio entrega un «cheque en blanco al presidente del Tribunal», permitiéndole disponer libremente de los fondos asignados y determinar su aplicación sin un control interno riguroso.
«Se elimina todo esquema de control interno serio sobre la ejecución del presupuesto del propio Tribunal», alertó Molina Gomez, señalando la paradoja de que el organismo encargado de auditar las cuentas públicas carezca de supervisión sobre sus propios gastos.
La «extorsión institucional»
El punto más álgido de la crítica recae sobre la modificación del artículo 157, que habilita al TC a revisar de oficio sus propios fallos en cualquier momento, eliminando el histórico tope de un año que fijaba la Ley 4828. Para el legislador de LLA, esto destruye la seguridad jurídica y crea una herramienta de presión política.
«El Tribunal queda en condiciones de retener fallos, mantenerlos ‘en un cajón’ y utilizarlos como herramienta de presión política o negociación», disparó. En un lenguaje llano y directo, Molina Gomez graficó la vulnerabilidad en la que quedarían los funcionarios del oficialismo: «Esto significa que los funcionarios ‘Q’ quedarán agarrados de las tarlipes por parte del TC, y con eso pretenderán hacer ‘entreguismo’ de quintelistas al próximo gobierno a cambio de permanecer en los cargos».
El libertario definió la maniobra como un «mecanismo de disciplinamiento mafioso» que su espacio no está dispuesto a avalar.
Sueldos de «casta» y recaudación propia
Finalmente, la denuncia expone un aumento de los beneficios para las autoridades del organismo. Los artículos 161 y 162 equiparan las prerrogativas institucionales y salariales de los miembros del Tribunal de Cuentas a las de los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
«Se suben el sueldo, dado que actualmente los integrantes del Tribunal ya perciben haberes equivalentes a jueces de Cámara Civil», explicó Molina Gomez, calificando la medida como «obscena» frente a los discursos de austeridad que pregona el Ejecutivo provincial. Además, cuestionó que el organismo se convierta en un «ente recaudador» al autorizársele celebrar acuerdos de pago extrajudiciales para incrementar sus propios recursos.
El comunicado cierra con una interpelación directa al mandatario provincial: «¿Quintela, vas a promulgar esta alta traición?».
