Archivos oficiales de la Legislatura revelan la aceptación «sin reservas» del régimen que recortó fondos clave. Erman González, Beder Herrera y la justificación política de que la nueva ley «satisfacía las aspiraciones» provinciales, el error de cálculo que condenó a la provincia a la dependencia crónica de la Casa Rosada.
La historia de la dependencia económica de La Rioja y la peregrinación anual de sus gobernadores a Buenos Aires para mendigar fondos extracoparticipables tiene una fecha de nacimiento y responsables con nombre y apellido. Corría el invierno de 1988. Mientras el entonces gobernador Carlos Menem proyectaba su figura a la presidencia de la Nación, en la provincia se gestaba el trámite administrativo que, bajo la promesa de una solución transitoria, cercenó para siempre la autonomía financiera local.
Documentos históricos a los que se tuvo acceso exponen la trama política detrás de la sanción de la Ley Provincial N° 5.054. Lejos de una imposición resistida, los textos oficiales muestran una adhesión voluntaria, entusiasta y «sin limitaciones» a la Ley Nacional de Coparticipación 23.548, la norma que le costó a La Rioja el célebre punto de coparticipación que hoy reclama.
«Sumo agrado» y presión política
El 6 de julio de 1988, el Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura el mensaje N° 5. El texto, firmado por el entonces Ministro de Hacienda y Obras Públicas, Antonio Erman González, y el vicegobernador Alberto Gregorio Cavero (a cargo del Ejecutivo), no dejaba margen para dudas.
En su misiva a los diputados, el Ejecutivo urgió el tratamiento del proyecto. Argumentó que la ley nacional condicionaba el pago de impuestos coparticipables a la «adhesión expresa» de las provincias. El tono del mensaje, sin embargo, cruzó la línea de la necesidad administrativa hacia la celebración política.
«Por lo expuesto, este Poder Ejecutivo verá con sumo agrado el tratamiento favorable y preferencial del proyecto de ley que adjunto se somete a consideración», rubricó González, artífice económico de la gestión y futuro ministro nacional. La advertencia era clara: no adherir implicaba quedar como «no adherente» y enfrentar «sanciones que crearían serios problemas al desenvolvimiento financiero». Bajo esa amenaza velada, la clase política riojana claudicó sin negociación.
La firma de Beder Herrera y las «aspiraciones satisfechas»
El trámite legislativo ofreció la oportunidad de dejar asentada una queja histórica o una reserva de derechos. No ocurrió. El despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de La Rioja, pieza clave en este rompecabezas, avaló el recorte con un optimismo que, visto a la luz de las décadas siguientes, resulta inverosímil.
Entre las firmas que avalaron el despacho aparece la de Luis Beder Herrera, entonces diputado provincial por el departamento Chilecito y décadas más tarde gobernador de la provincia. Junto a él, firmaron Agustín de la Vega y Carlos Alberto Cáceres.
El texto del despacho resulta lapidario para la defensa histórica del federalismo riojano: «Consideramos que el régimen transitorio de distribución de recursos fiscales entre la Nación y las Provincias satisface las aspiraciones de nuestra Provincia en materia de Coparticipación Federal».
Esa frase, plasmada en máquina de escribir sobre el papel oficial, constituyó la sentencia. Los legisladores no solo aceptaron la baja en los coeficientes, sino que dejaron por escrito que el nuevo esquema —que redujo drásticamente los ingresos en comparación con la ley anterior— cumplía con las expectativas de La Rioja.
Una entrega «sin limitaciones ni reservas»
La culminación de este proceso se materializó el 4 de agosto de 1988, en la Sala de Sesiones de la Legislatura. Allí se sancionó la Ley N° 5.054. El artículo 1° de la norma, promulgada posteriormente por decreto del Ejecutivo, cerró cualquier puerta a reclamos judiciales futuros inmediatos.
«Acéptase sin limitaciones ni reservas lo establecido por la Ley Nacional N° 23.548… que fija el régimen transitorio de Coparticipación Federal de Impuestos», dictó la ley.
El Boletín Oficial de la Provincia publicó la norma el viernes 9 de septiembre de 1988. Con la firma de Claudio Nicolás Saúl (prosecretario legislativo) y Jorge Raúl Yalis (vicepresidente 1° de la Cámara), La Rioja oficializó su ingreso al nuevo laberinto fiscal.
Lo que se vendió como un «régimen transitorio» se transformó en una trampa permanente. La política riojana de fines de los 80, alineada con el proyecto nacional que encabezaba Menem, priorizó la disciplina partidaria y la urgencia de corto plazo por sobre la estructura de ingresos estructurales.
Aquel «sumo agrado» de Erman González y la conformidad de Beder Herrera al asegurar que se «satisfacían las aspiraciones», explican por qué, 37 años después, La Rioja depende de la discrecionalidad del gobierno de turno para pagar sueldos, habiendo entregado su solvencia en un trámite exprés de invierno.
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