El Gobierno Nacional anunció un superávit primario de $930.284 millones en marzo y acumula 0,5% del PIB en los primeros tres meses de 2026, celebrando el «orden en las cuentas públicas». Pero la contracara de este equilibrio fiscal es una reducción de 5,7% en gasto primario real que ha desangrado las transferencias a provincias, con La Rioja sufriendo el mayor impacto per cápita del país.
El Gobierno Nacional exhibió cifras de estabilización fiscal que marcan un hito en su gestión económica. Según datos divulgados por el ministro de Economía, Luis Caputo, el Sector Público Nacional registró en marzo de 2026 un superávit primario de $930.284 millones y un superávit financiero de $484.789 millones, con pagos de intereses netos por $445.495 millones. En el primer trimestre acumulado, el resultado fue aún más significativo: superávit primario equivalente a aproximadamente 0,5 por ciento del PIB y superávit financiero de 0,2 por ciento del PIB.
El logro operativo es innegable. La contracción de gasto primario total alcanzó 5,7 por ciento interanual en términos reales, reflejando una disciplina fiscal sin precedentes en los últimos quince años de la administración pública nacional. Este desempeño ha permitido al Ejecutivo presentar un discurso de «orden» y «recuperación de la confianza» que resuena en los mercados internacionales y en sectores empresariales urbanos. El ancla fiscal —el principio fundamental de equilibrio presupuestario que anida el programa económico del Presidente Javier Milei— ha sido materializado con una consistencia que contrasta con gobiernos anteriores.
Sin embargo, la arquitectura de este superávit fiscal implica una realidad provincial profundamente asimétrica. Como documentó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal en su informe del 12 de abril de 2026, la reducción de $36 billones acumulados en transferencias a provincias entre enero de 2024 y febrero de 2026 se distribuyó de manera altamente desigual. Mientras la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró un incremento neto de transferencias de $550.000 millones —gracias a la medida cautelar de la Suprema Corte que le aseguró una coparticipación ampliada—, las provincias enfrentaron un ajuste conjunto de $36.109.148 millones en términos reales.
La Rioja emergió como la víctima más visible de esta ecuación fiscal. Con una pérdida acumulada de US$706 millones en transferencias durante veintiséis meses, la provincia registró la contracción más severa per cápita del país: $3.086 por habitante. Esta cifra duplica el impacto promedio nacional y refleja una política de ajuste que, aunque ha permitido al Ejecutivo lograr superávit en la contabilidad nacional, ha comprometido la capacidad de gobernar en jurisdicciones interiores de base tributaria débil.
La dinámica de los recursos tributarios que explica este fenómeno resulta crucial para entender el mecanismo. Caputo señaló que «la dinámica interanual de los recursos tributarios continúa reflejando un conjunto de medidas de administración tributaria y la reducción o eliminación de distintos impuestos a lo largo de 2025». Esto incluye la restitución de certificados de exclusión aduanera en marzo de 2025, que mejoró la recaudación en el período base de 2023 pero deprimió la de 2025-2026; reducciones de tasas de Ganancias que minimizaron la base coparticipable; y eliminación de impuestos internos que redujeron fondos de coparticipación. El Gobierno Nacional se apropió del beneficio político de las reducciones tributarias —presentadas como «devolución de recursos al sector privado»— mientras trasladó el costo del ajuste hacia provincias que dependen de esos fondos para financiar educación, salud y seguridad.
El contraste es edificante. Mientras el Ejecutivo Nacional celebra su «ancla fiscal como pilar fundamental del programa económico» y como «condición necesaria para consolidar la estabilidad macroeconómica», provincias como La Rioja enfrentan dilemas de gestión administrativa que ponen en riesgo servicios públicos básicos. Y sin embargo, simultáneamente, La Rioja logró registrar el crecimiento de empleo privado registrado más alto del país en enero 2026 (+1,3%), sugiriendo que las provincias están accionando mecanismos de reconfiguración administrativa para mantener servicios con menor presupuesto.
El relato oficial del Gobierno Nacional presenta el superávit fiscal como evidencia de competencia macroeconómica y disciplina. Pero el relato alternativo —emergente desde gobernadores federalistas como Ricardo Quintela de La Rioja, quien comanda el movimiento «Federales Somos Todos»— enmarca estos números como expresión de un modelo fiscal que sacrifica capacidades territoriales en favor de la estabilización de la capital federal. Ambos relatos son estadísticamente correctos. El Gobierno Nacional logró superávit. Y las provincias perdieron poder de fuego fiscal.
La pregunta política que emerge es si esta arquitectura fiscal es política y socialmente sostenible. El equilibrio presupuestario nacional alcanzado a costa de desfinanciamiento provincial genera tensiones que trascienden el ciclo económico. La Rioja, que bajo el Gobierno Quintela se resiste a capitular ante el ajuste y mantiene retóricamente su plataforma federalista, ejemplifica una provincia que acepta los límites reales pero se niega a asumir la narrativa oficial de que «el orden fiscal» requiere sacrificar el federalismo. En el mediano plazo, el costo político de esta estrategia fiscal podría resultar más elevado que el beneficio macroeconómico que proporciona.
