Claudia Ortiz, administradora de la obra social estatal, avanzó judicialmente contra páginas anónimas por «escraches» y hostigamiento. Su defensa advirtió que la responsabilidad penal también alcanza a los usuarios que comparten el contenido falso
La administradora de la Administración Provincial de Obra Social (APOS), Claudia Ortiz, decidió llevar a los tribunales una serie de ataques digitales que califica como una «campaña de difamación» sistemática. Junto a su representante legal, la doctora Natalia Olivera, confirmaron la presentación de denuncias tanto en el fuero penal como en el civil, buscando sentar un precedente en la provincia bajo el amparo de la Ley Olimpia.
El conflicto escala luego de que Ortiz identificara una serie de publicaciones en redes sociales y páginas de internet que, según su denuncia, constituyen actos de violencia de género en entornos digitales. «Uno de los medios que me difama tiene un historial de problemas conmigo, y en esta ocasión llevaré la causa hasta las últimas instancias de la justicia», sentenció la funcionaria.
Qué dice la Ley Olimpia
La estrategia legal se centra en la Ley 27.736, conocida como «Ley Olimpia», normativa que incorporó la violencia digital como una modalidad de violencia de género en la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.
«La campaña de difamación en contra de la contadora Claudia Ortiz encuadra en esta ley, que protege a las personas de la violencia digital», explicó la abogada Olivera. La letrada remarcó que el anonimato de internet ha generado un «escenario donde se ataca gratuitamente sin dar la cara», pero recordó que existen herramientas legales para combatir la mentira y el acoso digital.
La cronología judicial
El caso ya tiene un recorrido en la justicia riojana. Según detalló la defensa, el 5 de diciembre de 2025 se presentó una primera denuncia en la fiscalía por lesiones psicológicas, lo que motivó el dictado de medidas de protección a favor de Ortiz.
Sin embargo, ante el incumplimiento de estas restricciones por parte de los acusados, el pasado 9 de enero se realizó una nueva presentación por desobediencia judicial. La causa tramita actualmente en el Juzgado de Violencia de Género N° 2, a cargo de la jueza Díaz Marano. Paralelamente, en el fuero civil se solicitó una medida cautelar para la eliminación inmediata de las publicaciones difamatorias.
Advertencia a los usuarios: «Compartir también es delito»
Uno de los puntos más relevantes que destacó la defensa es la responsabilidad compartida en la viralización de contenidos falsos o injuriosos. La doctora Olivera fue contundente al señalar que la penalidad no recae únicamente sobre el autor material del posteo.
«No solo el que publica es responsable, sino también aquellos que difunden y comparten ese contenido dañino», enfatizó la abogada. Esta advertencia busca frenar la «cadena de viralización» que suele potenciar el daño en este tipo de escraches.
El límite de la vida privada
La defensa de la titular de APOS también abordó el debate sobre la exposición de los funcionarios. Si bien Ortiz ocupa un cargo público, la letrada aclaró que esto no habilita la invasión a su intimidad ni la de su familia. «La privacidad no es un lujo, es un derecho fundamental que debe ser respetado, incluso para aquellos que están en el ojo público», sostuvo.
«Se trata de ‘escraches’ sin denuncias formales ni pruebas», agregó Ortiz, quien concluyó reafirmando su confianza en la justicia local: «Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que este tipo de acciones no queden impunes».
