El abogado de la familia de César Núñez, fallecido en diciembre tras ser embestido por una camioneta, presentó un amparo ante el Tribunal Superior de Justicia; cuestiona que la jueza y el fiscal ignoraron la Ley de Víctimas durante la feria judicial.
LA RIOJA.– En un escenario de creciente tensión institucional, la querella que representa a la familia de César Domingo Núñez —el ciclista que perdió la vida el pasado 6 de diciembre tras ser colisionado por una camioneta en las inmediaciones del monumento al Chacho Peñaloza— denunció graves irregularidades en el proceso penal. Según el letrado Sergio Gómez, la justicia riojana otorgó la libertad al imputado, Diego Peralta, sin notificar ni dar participación a los familiares del fallecido, contraviniendo la Constitución provincial y la Ley de Víctimas.
El hecho ocurrió cerca de las 22 horas, cuando una camioneta Peugeot Partner embistió por detrás a la bicicleta de Núñez frente a la terminal de ómnibus. «César Núñez falleció en el acto. Desde ese día, la familia se vio obligada a asumir un dolor de pérdida irreparable», sostuvo Gómez. Sin embargo, el conflicto escaló al ámbito procesal durante el mes de enero.
Irregularidades en la feria judicial
El abogado denunció que, pese a estar constituidos como querellantes particulares desde el 13 de enero, el trámite de excarcelación del conductor se realizó de manera hermética. «¿Qué pasó? Se presentó la excarcelación, se fue en vista al Ministerio Público Fiscal, el fiscal dictaminó, no convocó a las víctimas y la jueza resolvió la excarcelación. Todo ese trámite no se nos comunicó en ningún momento», explicó el profesional.
La querella se enteró del beneficio otorgado a Peralta de forma «casual y fortuita» el pasado 2 de febrero, cuando se reanudó la actividad judicial tras el receso. Para Gómez, la actuación del fiscal González Aguirre y de la jueza Johana Córdoba representa una «gravedad institucional» que ignora los derechos consagrados en la reciente reforma constitucional de la provincia.
«Decidieron violar la ley de víctimas. No se citó a la víctima, no se la convocó, no se le informó del alcance de la excarcelación ni se pidieron medidas de protección», fustigó el abogado, quien subrayó que el rol de los damnificados en el proceso debe ser «real y efectivo y no meramente decorativo como era antes».
El planteo ante el Tribunal Superior
Ante lo que consideran una «violación de la Constitución», la familia Núñez presentó una acción de amparo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con el objetivo de nulificar la libertad del acusado y «restablecer el orden jurídico alterado».
Durante la exposición de los hechos, el letrado respondió a los interrogantes sobre los pasos a seguir. Al ser consultado sobre si «¿Vas a pedir audiencia con el fiscal González que en este caso es el que tendría que haber velado por las víctimas?», Gómez fue tajante: «Audiencia con el Ministerio Público Fiscal no la vamos a pedir. El dictamen fiscal en media carilla es un espanto. Analiza vagamente si el acusado tiene antecedentes, pero no nombra en ningún momento a la víctima».
Respecto al estado del proceso y la pregunta sobre «¿Cómo va la instrucción de la causa?», el abogado aclaró: «Recién empezamos. Ni siquiera se ha tomado una testimonial porque nos enteramos casualmente de todo este trámite. La jueza Córdoba ni siquiera tomó una cautelar específica para proteger a la familia; dictó cautelares genéricas para que el señor Peralta no consuma alcohol o no se ausente de la provincia».
Un pedido de respeto
El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad local. En el cierre de la presentación, se interpeló directamente a la hija de la víctima: «¿Cómo era tu domingo, tu papá, para la gente que no lo conocía y cómo son tus expectativas en todo este proceso?». Con visible dolor, la joven expresó: «Para nosotros fue un dolor muy grande, una pérdida que nunca la esperábamos».
La familia espera ahora que el máximo tribunal de la provincia actúe con la misma celeridad con la que se resuelven otros recursos de amparo. «No pedimos privilegios ni excepciones; pedimos que se aplique la ley. La familia Núñez merece respeto, merece justicia y merece ser escuchada», concluyó Gómez.
