El dirigente radical realizó una presentación espontánea contra la magistrada Cecilia Córdoba, titular del Juzgado de Instrucción N° 1. La acusa de «intencionalidad política» y de violar el deber de impartir justicia tras un posteo nocturno donde anunciaba el cese de actividades.
La Justicia riojana se encuentra sumida en un nuevo foco de conflicto que mezcla la política, el derecho laboral y la ética profesional. En las últimas horas, el abogado y referente político Guillermo Galván presentó un duro escrito ante el Juzgado de Instrucción N° 1, a cargo de la Dra. Cecilia Córdoba, luego de que la magistrada publicara en sus redes sociales personales un mensaje anunciando que la dependencia a su cargo no prestaría servicios durante la jornada de hoy.
El detonante fue un estado de WhatsApp —o posteo en redes— que, según la presentación de Galván, rezaba: «Mañana el Juzgado de Instrucción Número Uno hace paro. Los derechos de los trabajadores son elementales para la justicia».
Una «decisión arbitraria» bajo la lupa
Para Galván, la actitud de la jueza Córdoba no solo es inusual, sino que roza la ilegalidad. En su escrito, el letrado solicita que se garantice el derecho de acceso a la justicia y cuestiona la potestad de una magistrada para decidir, de manera unilateral y por canales informales, el cierre de un juzgado.
«Fundamente en qué se basó su decisión del cierre del Juzgado a su cargo, violando el derecho a trabajar de los empleados bajo su administración y el deber de impartir justicia delegados en la Constitución Provincial», dispara el texto en uno de sus puntos más calientes.
Entre la política y el salario
La presentación de Galván no se queda en las formas, sino que va al fondo de la cuestión salarial y política. Le exige a la jueza que precise qué presentaciones realizó ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para pedir mejoras reales, como el «blanqueo de los ítems en negro que perciben (los judiciales) y que claramente constituyen vulneración de derechos laborales».
Sin embargo, el dardo más venenoso de la denuncia apunta a una supuesta operación política detrás del reclamo gremial:
- Intencionalidad política: Galván sostiene que la actitud de Córdoba está enmarcada en una estrategia para «desacreditar la gestión del Gobierno Nacional».
- Falta de independencia: El denunciante afirma que este accionar «altera la prescindencia y la independencia que se espera de un juez probo de la Constitución».
Tensión en los tribunales locales
El conflicto se da en un contexto de fuerte tensión en La Rioja por la situación económica y el debate sobre la nueva Ley Laboral nacional, a la cual la magistrada habría manifestado su oposición. Galván la interpela directamente sobre este punto, pidiéndole que explique qué derechos se verían afectados por una ley que —según remarca el abogado— «claramente no se encuentra vigente».
La presentación concluye solicitando medidas urgentes para garantizar guardias mínimas, asegurando que un juez no puede «hacer paro» de la misma manera que un empleado, dado su rol como autoridad pública y garante del servicio de justicia.
Ahora, la pelota está en el campo del TSJ y de la propia jueza Córdoba, quien deberá ratificar o rectificar sus dichos en un clima de creciente efervescencia política en la provincia.
Debe estar conectado para enviar un comentario.