Miguel Zárate, titular de la cartera de Seguridad, Justicia y DD.HH. provincial, se refirió al femicidio de Jessica, asesinada por su ex pareja que cumplía una condena condicional. El funcionario detalló que el agresor había utilizado una tobillera electrónica a principios de 2025 sin registrar incidentes, pero la medida no fue renovada por la Justicia. Advirtió sobre la falta de comunicación entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía frente a las denuncias previas al crimen, lo que impidió una acción preventiva eficaz.
El reciente femicidio de Jessica conmocionó a la provincia de La Rioja y abrió un profundo debate sobre las falencias en el sistema de protección para las víctimas de violencia de género. En este contexto, el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Miguel Zárate, brindó detalles sobre el funcionamiento de los dispositivos de monitoreo y analizó los motivos que llevaron a este trágico desenlace.
Durante una entrevista radial, Zárate explicó que la provincia cuenta actualmente con alrededor de 75 dispositivos duales (tobillera para el agresor y un rastreador con botón antipánico para la víctima), los cuales son monitoreados las 24 horas por la Policía de la provincia. El ministro defendió la eficacia de este sistema, asegurando que funciona «de manera perfecta» como elemento disuasivo.
De hecho, en el caso del femicida de Jessica, la Justicia había ordenado la colocación de uno de estos dispositivos en febrero de 2025 por un plazo de 120 días. Durante ese período, según confirmó el funcionario, «no hubo incidentes de acercamiento del agresor a la zona de exclusión». Sin embargo, la medida no fue renovada.
Una condena condicional y el riesgo latente
El agresor continuó su proceso judicial y, en diciembre de 2025, la Cámara Penal lo condenó a cuatro meses de prisión de cumplimiento condicional. Esto significaba que permanecía en libertad bajo el estricto compromiso de no acercarse a la víctima y no cometer nuevos delitos, una pena que estaba a punto de agotarse entre abril y mayo de este año.
Al ser consultado sobre qué fue lo que falló para que el asesino terminara cometiendo el crimen mientras transitaba esta condena, el ministro fue categórico: «Acá lo que hay que analizar es si en este caso habían desaparecido los riesgos reales de reincidencia de esta persona». Zárate subrayó la importancia de los equipos interdisciplinarios y los diagnósticos psicológicos y psiquiátricos, sugiriendo que la evaluación del peligro que representaba el agresor no se correspondió con la realidad.
Desconexión entre la Policía y la Justicia
Uno de los puntos más críticos que dejó al descubierto el femicidio de Jessica es la alarmante falta de comunicación institucional. El domingo previo al crimen, un vecino alertó a la policía sobre un altercado en el domicilio de la víctima. Cuando los efectivos llegaron, el agresor ya no estaba. Al hablar con Jessica, le recomendaron radicar la denuncia.
Según la información que maneja el Ministerio, la víctima habría concretado esa denuncia el día lunes por la mañana en la sede de la Fiscalía (Ministerio Público Fiscal). Sin embargo, Jessica fue asesinada el martes por la noche sin que las fuerzas de seguridad estuvieran al tanto de la gravedad de la situación.
Zárate admitió que la Policía «no estaba en conocimiento de la condena» condicional que pesaba sobre el agresor. Explicó que la Fiscalía es un órgano independiente y que sus procesos no siempre se articulan de manera inmediata con las fuerzas de seguridad operativas. «Si la policía lo encontraba en el lugar (el domingo), iba a proceder a su detención inmediata por su antecedente», aseguró el ministro, dejando en evidencia que si las comisarías tuvieran acceso automatizado al estatus judicial de los denunciados, el trágico final de Jessica podría haberse evitado.
El caso pone sobre la mesa la necesidad urgente de desburocratizar el sistema y unificar las bases de datos para proteger verdaderamente a las mujeres que denuncian violencia de género.
