Cuarenta y siete trabajadores de seguridad del Hospital Enrique Vera Barros mantienen un acampe tras ser repentinamente desplazados de sus puestos. Acusan a las empresas prestatarias y al Estado provincial de avalar una maniobra fraudulenta para evitar el pago de millonarias indemnizaciones. Personal del Comité Operativo de Emergencia (COE) ya ocupa sus lugares.
Lo que comenzó como un rumor de pasillo derivó en un grave conflicto laboral e institucional en la capital riojana que amenaza con tener repercusiones a nivel nacional. En las puertas del Hospital Provincial Enrique Vera Barros, 47 trabajadores de seguridad privada mantienen un acampe por tiempo indeterminado tras haber sido apartados de sus funciones. La situación expone la extrema vulnerabilidad de los empleados tercerizados y salpica directamente a las más altas esferas del gobierno provincial por su presunta complicidad.
La crisis estalló de manera definitiva cuando, al llegar a sus puestos de trabajo, los empleados descubrieron que sus lugares en las garitas y accesos del centro de salud ya estaban siendo ocupados por personal del Comité Operativo de Emergencia (COE). Esto generó alerta inmediata, ya que los agentes del COE no cuentan con el entrenamiento específico para lidiar con situaciones de violencia o crisis propias de la seguridad de un hospital de máxima complejidad.
La maniobra: renuncias forzadas y millones en juego
El núcleo de la denuncia apunta a una presunta estafa laboral orquestada durante el cambio de concesión del servicio de seguridad. Según relatan los propios afectados y fuentes periodísticas locales, la anterior empresa a cargo, denominada «Prevenir», coaccionó a los trabajadores para que renunciaran a sus indemnizaciones —con antigüedades que en muchos casos llegaban a los 10 o 12 años— bajo la promesa de que serían absorbidos de forma automática por la nueva firma adjudicataria, «Omega».
Sin embargo, tras firmar y consolidarse la transición, los empleados fueron desvinculados de la noche a la mañana. Estimaciones señalan que esta maniobra fraudulenta le habría ahorrado a las empresas involucradas una cifra superior a los 460 millones de pesos en liquidaciones y derechos laborales adquiridos.
Los manifestantes apuntan contra el silencio de la Secretaría de Trabajo y del Estado provincial, que avaló la licitación sabiendo las condiciones irregulares que se les imponían. «Jugaron con nuestra necesidad y nuestra predisposición de seguir trabajando. Si nosotros hubiéramos sabido esto, no aceptábamos y parábamos ese mismo día», reclamó uno de los voceros en el lugar, destacando la desesperación de compañeros que hoy no tienen cómo afrontar el pago de sus alquileres.
Hostilidad institucional y riesgo de contagio en otras áreas
El clima en el acampe es de indignación y resistencia. Los manifestantes denunciaron públicamente el «destrato» por parte del director del hospital, Gabriel Goitea, a quien acusan de haber ordenado cerrarles las puertas para impedirles siquiera el uso de los baños. Pese a la hostilidad, los trabajadores decidieron sostener una postura pacífica y acordaron con la policía mantener liberada una calzada para garantizar el tránsito normal de las ambulancias y los pacientes.
El temor ahora es que este «modelo» de despidos encubiertos se expanda a otras áreas sensibles. Ya circulan fuertes versiones de que la misma purga se replicaría con los trabajadores de seguridad del Hospital de la Madre y el Niño y dependencias del Ministerio de Salud, quienes presuntamente ya comenzaron a recibir preavisos de corte de servicio.
Mientras el conflicto amenaza con la interrupción total de las calles aledañas si no hay soluciones, todas las miradas están puestas en el Ejecutivo. Los trabajadores aguardan una reunión decisiva pactada para este mediodía con la Secretaría General de la Gobernación, encuentro que definirá si la provincia interviene para reparar a las 47 familias o si el escándalo escala a un nivel sin retorno.
