Jorge Jalil avanza sin oposición hacia la titularidad de un juzgado de instrucción. Pese a tener una causa federal abierta y un sumario del Tribunal Superior de Justicia por acoso, el Consejo de la Magistratura avala su postulación amparándose en vacíos legales. La advertencia de Gabriela Rodríguez sobre la profunda degradación judicial y política en la provincia.
La provincia de La Rioja se encuentra sumida en un profundo escándalo institucional que expone las debilidades del sistema de selección de magistrados y amenaza con resonar a nivel nacional. En la ciudad de Chilecito, el abogado Jorge Jalil avanza sin obstáculos para convertirse en el nuevo titular del Juzgado de Instrucción, a pesar de arrastrar gravísimas acusaciones judiciales y disciplinarias en su contra. Lo más alarmante para la comunidad: es el único postulante en el concurso para el cargo.
El caso salió a la luz pública exponiendo un entramado de complicidades y normativas flexibles que permiten a personas con procesos abiertos aspirar a impartir justicia. Jalil, quien ya se venía desempeñando como juez transitorio en ese mismo fuero, se encuentra formalmente imputado por la fiscal federal Virginia Carmona en el marco de una investigación por presuntas irregularidades y desvíos vinculados a la ONG «Caminando Juntos».
A esta grave causa en la justicia federal se le suma una mancha aún más oscura. El propio Tribunal Superior de Justicia riojano le inició un sumario disciplinario y dispuso medidas de protección luego de que Jalil fuera denunciado por una compañera de trabajo por acoso y violencia laboral por motivos de género.
Pese a la gravedad institucional y ética que revisten estos antecedentes, la candidatura de Jalil sigue en pie. La Dra. Gabriela Rodríguez, diputada provincial y representante de la oposición en el Consejo de la Magistratura de La Rioja, explicó que las leyes vigentes terminan avalando esta situación. Al no existir todavía una condena firme que constituya «cosa juzgada», el reglamento se ampara estrictamente en el principio de inocencia, impidiendo que el Consejo lo excluya automáticamente del proceso de selección.
«Si no hay una sentencia que haga cosa juzgada, hay un principio de inocencia y yo no soy más que la ley», justificó la funcionaria ante los fuertes cuestionamientos de la prensa local, aclarando que su rol se limita a aplicar el procedimiento de selección establecido en la Constitución provincial.
La situación desnuda una crisis sistémica en la justicia y la política riojana. De hecho, la ley actual ni siquiera exige un piso mínimo de inscriptos para habilitar un concurso para magistrados, lo que permite que el proceso siga adelante aunque haya un solo competidor.
El debate trasciende la figura de este candidato en particular y apunta al corazón de la matriz política provincial. La funcionaria alertó que La Rioja atraviesa un momento «decadente institucionalmente» tanto en el servicio de justicia como en el sistema de salud. Además, denunció que las autonomías municipales son hoy una ficción: los intendentes del interior carecen de independencia económica y «viven de rodillas» ante el gobernador Ricardo Quintela, perpetuando un modelo unitario dentro del propio territorio riojano.
La hegemonía de las «mayorías automáticas» en las instituciones anula cualquier intento de contrapeso republicano. Aunque desde la minoría se intenten plantear objeciones éticas o jurídicas de peso, los votos de la oposición en el Consejo de la Magistratura pierden sistemáticamente ante las directivas del oficialismo.
Este episodio en Chilecito no es un hecho aislado, sino un síntoma de la degradación democrática en feudos provinciales donde el andamiaje legal parece amoldarse para garantizar el control del Poder Judicial. Mientras el concurso avanza hacia su definición, la sociedad riojana asiste a la inminente coronación de un juez que, antes de dictar sentencias sobre la vida de los ciudadanos, aún debe responder por sus propios actos ante la ley.
