El ministro Federico Sturzenegger destacó que 50 empresas emitieron más de 70 millones de dólares sin autorización previa en el primer año de la nueva modalidad. En una provincia con un sector privado raquítico y sin cultura de mercado de capitales, la reforma llega como una oportunidad teórica que el entramado productivo riojano todavía no está en condiciones de capitalizar.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró esta semana los primeros resultados concretos de una de las reformas silenciosas del gobierno de Javier Milei: la posibilidad de que empresas privadas emitan obligaciones negociables o acciones en el mercado de capitales sin necesidad de autorización previa de la Comisión Nacional de Valores. Los números, confirmados por el presidente de la CNV, Roberto Silva, hablan de 50 empresas y más de 70 millones de dólares emitidos en el primer año de vigencia del mecanismo.
Para el ecosistema empresarial de la mayoría de las provincias argentinas —y La Rioja ocupa un lugar protagónico en esa categoría—, la pregunta no es si la reforma es buena en abstracto, sino si existe el tejido productivo necesario para que sus beneficios lleguen a territorio provincial.
En qué consiste la reforma
El mecanismo impulsado por la CNV elimina el «tramiterío», en palabras del propio Sturzenegger, que históricamente desalentó a las empresas medianas de recurrir al mercado de capitales como fuente de financiamiento. Bajo el nuevo esquema, una compañía puede acordar directamente con un colocador, este consigue los inversores y la operación se concreta sin intervención burocrática previa.
El techo para estas emisiones fue elevado recientemente a 15 millones de Unidades de Valor Adquisitivo (UVAS), equivalentes a aproximadamente 20 millones de dólares. Del lado de los inversores, pueden participar quienes acrediten carteras o depósitos por al menos 350.000 UVAS, cerca de 450.000 dólares. El ministro anticipó que, a medida que el mercado madure, se irá ampliando el monto máximo de emisión y reduciendo el umbral mínimo de inversión, con el objetivo de democratizar gradualmente el acceso a este tipo de instrumentos.
«Es un buen comienzo, porque cuando uno hace reformas, nunca está seguro de que se completa el circuito para que la reforma se haga efectiva», escribió Sturzenegger. Los datos, a su juicio, confirman que el circuito funciona.
El mapa de quiénes aprovechan la reforma
Los 70 millones de dólares emitidos por medio centenar de empresas en el primer año configuran, sin dudas, un resultado auspicioso para los estándares del mercado de capitales argentino, históricamente estrecho y concentrado en el Gran Buenos Aires y el cordón agroexportador. Sin embargo, la distribución geográfica de esas emisiones importa tanto como el volumen agregado.
La Rioja es una provincia en la que el sector privado formal representa una fracción mínima de la actividad económica total. El Estado provincial —con su extensa planta de empleados públicos— y las transferencias nacionales absorben la mayor parte del flujo de ingresos y gastos. Las empresas con escala, historial contable auditado y capacidad de articular una colocación en el mercado de valores son, en ese contexto, una rareza.
La olivicultura de exportación, la vitivinicultura de altura y algunos emprendimientos mineros en desarrollo constituyen los núcleos más dinámicos del empresariado privado local. Pero incluso en esos sectores, la distancia entre la realidad operativa de las firmas y los requisitos mínimos para operar en el mercado de capitales —aun en su versión desregulada— sigue siendo significativa.
La brecha entre la reforma y el territorio
El gobierno de Ricardo Quintela ha construido su discurso económico sobre la crítica al ajuste nacional y la defensa de las transferencias fiscales como mecanismo de sostenimiento provincial. Esa narrativa tiene una contracara implícita: si las herramientas de financiamiento privado que la Nación habilita no encuentran demanda efectiva en La Rioja, la dependencia estructural de la coparticipación se perpetúa no solo por razones políticas sino también por razones de capacidad productiva real.
La reforma de Sturzenegger apunta precisamente a crear un canal alternativo de financiamiento para el sector privado que no pase ni por el crédito bancario tradicional ni por el presupuesto estatal. En teoría, una empresa olivícola de Aimogasta o una bodega de Chilecito podría, bajo el nuevo marco, emitir una obligación negociable para financiar la ampliación de su planta sin pedir turno en ninguna ventanilla oficial.
En la práctica, el salto desde esa posibilidad teórica hasta la emisión efectiva requiere un ecosistema de contadores, auditores, asesores financieros y colocadores con presencia y vocación regional que todavía está lejos de consolidarse en el interior profundo del país.
Una señal para el mediano plazo
Los 70 millones de dólares celebrados por Sturzenegger representan un umbral inicial, no un techo. El ministro fue explícito al señalar que la dirección de la política es hacia la ampliación progresiva: más empresas elegibles, más inversores habilitados, menos fricción burocrática. Si esa trayectoria se sostiene, el mediano plazo podría abrir oportunidades reales para un puñado de empresas riojanas que hoy miran el mercado de capitales como algo ajeno a su universo cotidiano.
La pregunta que La Rioja debe responder —más allá del debate político entre Quintela y la Casa Rosada— es si está dispuesta y en condiciones de construir el andamiaje privado que le permita aprovechar esas oportunidades cuando lleguen. La libertad económica que el gobierno proclama no se activa sola: necesita empresas, proyectos y capital humano dispuesto a dar el salto. Y en eso, la provincia todavía tiene mucho camino por recorrer.
