La Cámara de Diputados aprobó la norma que adecua el Consejo de la Magistratura a la reforma constitucional, con la creación de una Escuela de la Magistratura y la incorporación inédita de representación académica a través de la UNdeC y la UNLaR. En la misma sesión, se designaron magistrados para las tres circunscripciones judiciales y el Bloque Justicialista repudió los despidos nacionales que, en Chamical, reducen de cuatro a un solo operador la dotación del Servicio Meteorológico.
La Cámara de Diputados de La Rioja aprobó por mayoría, en la tercera sesión del 141° Período Legislativo, la nueva Ley del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, que deroga la norma N° 8450 y reordena el funcionamiento del órgano encargado de la selección y disciplinamiento de los magistrados provinciales. La sanción constituye uno de los pasos legislativos más relevantes derivados de la reciente reforma constitucional y se produjo bajo la presidencia de la vicegobernadora Teresita Madera.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el diputado Federico Sbiroli, detalló los principales cambios estructurales que introduce la norma. Los once consejeros que integran el cuerpo tendrán, a partir de ahora, mandatos de tres años, con un esquema de renovaciones parciales diseñado para garantizar la continuidad institucional y evitar vacancias simultáneas que puedan paralizar la actividad del Consejo.
Uno de los cambios más significativos es la incorporación —por primera vez en la historia del órgano— de un representante del ámbito académico y científico. Esa representación será ejercida inicialmente por la Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC) y luego rotará hacia la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), conforme al orden definido por sorteo. La decisión cristaliza un reclamo histórico de los sectores universitarios provinciales por obtener una silla formal en el entramado institucional del Poder Judicial riojano.
Escuela de la Magistratura: un giro en la formación de jueces
El cambio estructural de mayor alcance, según Sbiroli, es la creación de la Escuela de la Magistratura, que dependerá del Consejo. Esta nueva institución tendrá dos funciones centrales: la validación obligatoria de jueces, fiscales y defensores en el marco de la nueva Constitución, y la formación de los futuros aspirantes a través de capacitaciones específicas.
El legislador señaló que la iniciativa apunta a fortalecer la calidad institucional del sistema judicial, aunque advirtió que su implementación efectiva requerirá presupuesto, autonomía y funcionamiento sostenido en el tiempo. La referencia no es menor: en un contexto de tensión fiscal provincial, con caída real del 37,3% en las transferencias nacionales durante el primer trimestre, cualquier nueva estructura estatal debe sortear la prueba del financiamiento efectivo para no quedar reducida a una formulación normativa sin correlato operativo.
El trabajo en comisión y los consensos alcanzados
El presidente del Bloque Justicialista, Cristian Pérez, puso en valor el extenso trabajo realizado durante casi un año en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Describió el proceso como «amplio, participativo y transparente», con intervención de distintos bloques legislativos, instituciones y organismos del Estado, y aportes técnicos que —según señaló— enriquecieron el debate.
Pérez deslizó, en su intervención, una crítica velada hacia las objeciones presentadas durante la sesión. Planteó que muchas de las observaciones formuladas en el recinto no habían sido expuestas durante el trabajo en comisión, «donde sí se generaron instancias para debatir y construir consensos». Subrayó, además, la urgencia institucional derivada del próximo vencimiento de mandatos de los actuales integrantes del Consejo, un factor que acotó los tiempos legislativos para la sanción.
Por su parte, la presidenta del Bloque Unión Cívica Radical, diputada Gabriela Rodríguez, destacó el proceso de análisis artículo por artículo que se desarrolló en comisión. Ponderó que las definiciones sobre la integración del organismo surgieron de consensos orientados a priorizar la idoneidad por sobre la antigüedad institucional, y resaltó que la representación académica se resolvió mediante sorteo «con total transparencia». Aunque admitió diferencias con algunos aspectos del proyecto, lo caracterizó como una construcción colectiva orientada a fortalecer la institucionalidad provincial.
Designaciones judiciales para las tres circunscripciones
En la misma sesión, la Cámara aprobó por mayoría la nómina de postulantes elevada por el Consejo de la Magistratura para cubrir cargos en las tres circunscripciones judiciales de la provincia, respetando el Orden de Mérito surgido de los respectivos concursos.
Del Concurso N° 181, correspondiente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la Capital riojana, se aprobó la designación de María Florencia Cáceres como Jueza de Trabajo y Conciliación N° 4. Del Concurso N° 182, correspondiente a la Segunda Circunscripción Judicial con sede en Chilecito, fue designado Jorge Elías Jalil como Juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2.
En la Tercera Circunscripción Judicial, con sede en Chamical, se aprobaron dos designaciones. Del Concurso N° 183, María Eugenia Valencio fue designada Jueza de Instrucción en lo Criminal y Correccional. Del Concurso N° 184, María Valeria Funes Quintero accedió al cargo de Fiscal de Cámara.
El conjunto de nombramientos configura un movimiento de reordenamiento significativo del Poder Judicial provincial, que venía acumulando vacancias en los tres centros judiciales de La Rioja.
Repudio al vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional
La sesión incorporó, además, un posicionamiento político explícito respecto de la gestión nacional en un área sensible del servicio público. El Bloque Justicialista expresó su «enérgico repudio» a los despidos impulsados por el Gobierno de Javier Milei en el Servicio Meteorológico Nacional, en el marco del plan de reestructuración del Estado que afecta a decenas de organismos descentralizados.
La intervención estuvo a cargo de la diputada Carla Aliendro, quien alertó sobre el riesgo para más de 200 puestos de trabajo en todo el país. «Se trata de un vaciamiento sin precedentes en una institución con más de 150 años de trayectoria, sostenida por técnicos y científicos altamente capacitados», remarcó la legisladora.
Aliendro puso el foco en el impacto territorial sobre La Rioja, donde el Servicio Meteorológico Nacional mantiene estaciones en la Capital provincial, Chamical, Chepes y Chilecito. El dato más dramático corresponde a Chamical: de los cuatro operadores con que contaba la estación, quedaría sólo uno. «Lo que compromete seriamente el funcionamiento del servicio», advirtió la legisladora.
La reducción tiene implicancias que exceden la dimensión laboral. El Servicio Meteorológico cumple funciones críticas de alerta temprana frente a fenómenos climáticos extremos, de prevención de riesgos en actividades productivas como la agricultura y la vitivinicultura —pilares de la economía de los valles riojanos— y de seguridad aérea, particularmente relevante en un corredor donde las condiciones meteorológicas cordilleranas son variables y, en ocasiones, extremas.
«Desmantelar este servicio es poner en riesgo a toda la sociedad», sostuvo Aliendro, quien expresó el acompañamiento del Bloque Justicialista a las familias afectadas y exigió la revisión urgente de las medidas.
La dimensión federal del reclamo
El posicionamiento del oficialismo provincial en torno al Servicio Meteorológico se inscribe en la secuencia de confrontaciones que el gobierno de Ricardo Quintela viene sosteniendo con la administración nacional. A los reclamos por la caída real de las transferencias discrecionales, por la retención de fondos coparticipables y por la demora en la firma del adelanto de coparticipación por 85.000 millones de pesos, se suma ahora la denuncia por el impacto territorial del ajuste sobre organismos técnicos del Estado nacional con presencia efectiva en la provincia.
La modalidad del planteo —no un reclamo abstracto, sino el señalamiento concreto de las consecuencias locales de decisiones tomadas en Buenos Aires— es parte del repertorio discursivo que Quintela y su equipo vienen articulando como base del espacio «Federales Somos Todos», en alianza con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. En ese marco, la defensa de estructuras nacionales con despliegue provincial funciona como eje de convergencia con otros gobernadores del interior que atraviesan dinámicas de ajuste similares.
Un día legislativo con múltiples dimensiones
La sesión del 141° Período Legislativo condensó, así, tres planos que difícilmente coincidan en una misma jornada parlamentaria: un rediseño institucional profundo del Poder Judicial provincial, con ajustes a la nueva Constitución; designaciones concretas para cubrir vacancias en las tres circunscripciones judiciales del territorio; y un pronunciamiento político explícito sobre una dimensión central de la relación con la Nación.
En el cierre, a pedido del diputado Pérez, el Cuerpo aprobó en conjunto las Declaraciones de Interés Provincial del temario y giró a comisiones el resto de los proyectos en tratamiento. La combinación de sanciones y posicionamientos institucionales deja a la Cámara riojana en condiciones de afrontar, con herramientas renovadas, los procesos judiciales pendientes —particularmente los concursos para cubrir las vacancias remanentes— y de articular, en paralelo, la disputa política nacional en un año en el que cada señal pesa, tanto por su contenido específico como por su inserción en el cuadro más amplio de la pulseada federal.
