El ministro de Producción sanjuanino Gustavo Fernández responsabilizó al gobierno de Ricardo Quintela por la paralización de actividades vinculadas al yacimiento binacional y sostuvo que detrás de la decisión hay un «trabajo» de sectores del peronismo local cercanos a Cristina Kirchner; apuntó directamente al senador Sergio Uñac y acusó a la empresa operadora de demoras «cuasi extorsivas» en la construcción del camino alternativo por territorio cuyano.
LA RIOJA.- El conflicto entre La Rioja y San Juan por el proyecto Vicuña —uno de los yacimientos de cobre y oro más relevantes del país y pieza clave del andamiaje que el Gobierno nacional exhibe dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)— ingresó esta semana en una fase abiertamente política. El ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, uno de los funcionarios de mayor peso en el gabinete del gobernador Marcelo Orrego, calificó como una «provocación» la medida impulsada desde el gobierno riojano de Ricardo Quintela que derivó en la paralización de actividades y restricciones al tránsito hacia el proyecto. En diálogo con 0264Radio, Fernández fue más allá de la disputa de jurisdicción y atribuyó la decisión a una estrategia del kirchnerismo con anclaje en ambas provincias.
La controversia tiene a La Rioja como protagonista en un doble plano. Por un lado, el departamento de General Lamadrid, en el extremo oeste provincial, reivindica derechos territoriales sobre el área de influencia del yacimiento, un reclamo histórico de las autoridades riojanas que se reactivó con fuerza tras el avance de las obras. Por otro, el Ejecutivo de Quintela ha sostenido —en línea con las objeciones ambientales canalizadas por organizaciones de Famatina y del oeste riojano— que cualquier explotación minera de gran escala debe sujetarse al marco provincial y a las salvaguardas ambientales que la provincia considera irrenunciables. La medida judicial a la que apuntó Fernández se inscribe en ese marco.
«Provocación» y sospecha política
La lectura que hizo el ministro sanjuanino fue tajante. «Hoy no estamos viendo claro qué podría hacer la provincia de San Juan desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista político creo que es una provocación lo que está haciendo el gobierno de La Rioja», sostuvo el funcionario, quien relativizó el impacto operativo de la restricción al asegurar que el yacimiento continúa activo gracias al acceso por territorio cuyano. «La operación de la empresa está activa y hoy están accediendo a través del camino que existe por la provincia de San Juan», subrayó.
La afirmación más sensible del ministro, sin embargo, no apunta contra La Rioja en abstracto, sino contra lo que describió como una operatoria interna del peronismo sanjuanino con proyección nacional. «Hay sectores del peronismo local que vienen haciendo un trabajo de poner palos en la rueda para el avance de la actividad minera», deslizó. Y avanzó con nombre propio al señalar al senador nacional y ex gobernador Sergio Uñac como referente de ese espacio. «Hay algún dirigente local del peronismo que ha mostrado extrema cercanía con Cristina Fernández de Kirchner. Uñac, claramente», disparó.
La acusación traza, por elevación, una línea política que conecta a Quintela con Uñac y con el núcleo del kirchnerismo que sobrevive al recambio post 2023. No es un dato menor: el gobernador riojano ha intentado durante los últimos meses consolidar un espacio nacional propio bajo la denominación «Federales Somos Todos», con vocación de articular gobernadores peronistas frente al oficialismo de Javier Milei. La embestida de un funcionario orreguista —alineado con el Gobierno nacional— contra las acciones riojanas encaja, en ese plano, en la disputa por el liderazgo del interior productivo.
Críticas también a la operadora y a los tiempos del camino
El ministro sanjuanino no limitó sus críticas a La Rioja. Apuntó también contra la empresa responsable del proyecto por las demoras en obras clave de infraestructura, en particular el camino alternativo por San Juan que permitiría prescindir de cualquier tramo riojano. «Las empresas tienen que ponerse los pantalones largos», expresó Fernández, en una advertencia que expone las tensiones entre el Ejecutivo cuyano y la operadora. «Las demoras de la empresa en avanzar rápidamente con el camino por San Juan también los exponen a estas situaciones que a mi criterio son cuasi extorsivas», añadió, con una fórmula que deja traslucir la incomodidad de la gestión provincial ante lo que percibe como una gestión lenta frente a los cuellos de botella logísticos.
Para la lectura riojana, la admisión es relevante: confirma que el proyecto depende todavía de la geografía compartida y que la posición territorial de La Rioja no es un detalle menor en la ecuación productiva. La propia existencia del conflicto demuele la idea, instalada desde Cuyo, de que el yacimiento es un asunto exclusivamente sanjuanino.
Proveedores, glaciares y sequía: el trasfondo cuyano
En la misma entrevista, Fernández repasó otros frentes abiertos en San Juan que tienen proyección sobre el conjunto del negocio minero. Confirmó que la denominada Ley de Proveedores Mineros —aunque el ministro prefiere ampliar el concepto a «proveedores, empleo local y desarrollo comunitario»— ingresaría a la Legislatura sanjuanina entre fines de abril y principios de mayo, con metas del 80% de contratación local y 60% de proveedores locales medidos sobre facturación, bajo un régimen sancionatorio escalonado.
También detalló que el caudal del río San Juan se ubicará por debajo de las previsiones iniciales, con una expectativa de escurrimiento del orden de los 630 hectómetros cúbicos, más de 300 por debajo del cálculo original. Sobre la aplicación de la Ley de Glaciares, el ministro defendió el esquema provincial de estudios propios, que reivindica un inventario con más de 5.000 formas relevadas, por encima del relevamiento nacional, y minimizó el aporte de los glaciares de escombro en la zona de El Pachón a la cuenca hídrica.
La dimensión nacional del conflicto
La controversia Vicuña, lejos de ser una disputa limítrofe acotada, sintetiza el choque entre dos modelos que atraviesan al país. De un lado, la alianza de hecho entre el Gobierno nacional y las provincias cordilleranas alineadas al RIGI, que empujan la explotación a gran escala como motor del superávit exportador y el ingreso de divisas. Del otro, provincias como La Rioja que combinan reivindicaciones territoriales, objeciones ambientales y un posicionamiento político de confrontación con la Casa Rosada.
Que un ministro sanjuanino impute motivaciones kirchneristas a una decisión tomada en La Rioja y nombre a un senador de su propia provincia como responsable del supuesto entramado político no es un dato menor: introduce la disputa en el plano nacional, involucra al Congreso y roza la figura de Cristina Kirchner. Para Quintela, que ha buscado diferenciarse tanto del oficialismo nacional como de los referentes tradicionales del peronismo, el episodio confirma que la pulseada por Vicuña excede el plano judicial y se ha convertido en un frente más de la batalla por el mapa político argentino camino a 2027.
