Crisis sanitaria en La Rioja: un frente inédito de prestadores privados exige a APOS el pago de tres meses de deuda

Clínicas, sanatorios, colegios y consejos profesionales firmaron un comunicado conjunto sin precedentes en el que advierten que la obra social estatal, que cubre al 70% de la población provincial, adeuda diciembre, enero y pronto febrero; alertan por el pago de sueldos, el éxodo de profesionales y una creciente derivación de pacientes a Córdoba

LA RIOJA.– El sistema de salud privado de La Rioja atraviesa el punto más crítico de los últimos años. En un gesto poco habitual y de alta carga política, la totalidad de los prestadores que trabajan con la Administración Provincial de Obra Social (APOS) —clínicas, sanatorios, colegios y consejos profesionales— se unieron en un pronunciamiento conjunto para reclamar el pago urgente de una deuda que ya abarca tres meses y que, advierten, pone en riesgo la calidad de la atención médica para miles de afiliados y la continuidad operativa de buena parte del entramado sanitario provincial.

El comunicado, emitido el 16 de abril en la sede del Colegio Médico Gremial, lleva la firma de 18 instituciones, un bloque inédito que incluye desde los principales sanatorios privados de la Capital —INCOR, Mercado Luna, Rioja e IMED, entre otros— hasta las clínicas de Chilecito y de la región de Los Llanos, junto a los colegios y consejos que nuclean a médicos, odontólogos, bioquímicos, kinesiólogos y nutricionistas. El texto exige la cancelación inmediata de los haberes correspondientes a diciembre de 2025 y enero de 2026, y advierte que en pocos días vencerá también el plazo para febrero sin perspectivas claras de regularización.

«No damos más»: el reclamo desde los laboratorios

Una de las voces que tomó estado público fue la de Liliana Parco Parísi, presidenta del Colegio de Bioquímicos, que expuso en Riojavirtual Radio la dimensión del conflicto y las razones que llevaron a la entidad a sumarse al frente común. «Estuvimos reunidos todos los colegios y las clínicas, estamos pidiendo que nos acerquen los tiempos de pagos, porque la mayoría no cobramos noviembre», señaló. Y fue aún más elocuente sobre el agotamiento del sector: «A los bioquímicos se nos hace imposible el pago de insumos y empleados. Tantos meses haciendo frente a sueldos y necesitamos un auxilio, que nos paguen lo que nos adeudan».

La dirigente reveló, además, la ausencia de canales institucionales fluidos con las autoridades de la obra social. «Hemos presentado notas pidiendo por esta situación y nos respondieron que hacen lo que pueden, pero nosotros no damos más. Somos los laboratorios de toda la provincia», enfatizó. Pese a la crudeza del diagnóstico, Parco Parísi aclaró que el Colegio no adoptará medidas que impliquen la interrupción del servicio: «No vamos a cortar porque es nuestra fuente más importante de recursos, el 70% de la población tiene APOS».

Ese dato, mencionado casi al pasar, grafica la magnitud del problema: en una provincia con fuerte dependencia del empleo público, la obra social estatal es el principal pagador del sistema sanitario y su crisis arrastra al conjunto de los efectores privados.

Un comunicado que marca un antes y un después

El documento firmado por las 18 instituciones tiene un tono institucional pero no esquiva la gravedad del planteo. Los prestadores exigen dos puntos concretos: el pago inmediato de los meses adeudados y el cumplimiento de los plazos establecidos en el convenio vigente. En el texto, las entidades firmantes cuestionan además la aplicación del sistema de cupos, que según sostienen «restringe las prestaciones a los afiliados» sin haber alcanzado el objetivo declarado de ordenar las cuentas.

La advertencia es explícita: la falta de pago «impide afrontar el pago de honorarios y sueldos de los profesionales de la salud» y acelera «un franco deterioro en la calidad de la atención médica y el éxodo del profesional de salud». Este último punto es particularmente sensible en una provincia que desde hace años enfrenta dificultades para retener especialistas y que compite en desventaja con los centros urbanos de Córdoba y Mendoza.

Entre los firmantes figuran el Colegio Médico Gremial, el Consejo Médico de la Provincia, los colegios de Odontólogos, Bioquímicos, Kinesiólogos y Nutricionistas, el Círculo de Odontólogos —tanto en su sede capitalina como en Los Llanos y Sur—, los principales sanatorios privados (INCOR, Mercado Luna, Rioja, Maternidad Privada, IMED, ERI), las clínicas San Nicolás y Privada de Chilecito, y las entidades médicas y asistenciales de Los Llanos.

Pagos atrasados, cupos y derivaciones a Córdoba

Según reconstruyen fuentes del sector, en las últimas semanas APOS efectivizó pagos correspondientes a noviembre y prometió avanzar con diciembre, pero el ritmo de cancelación no acompaña el ritmo de las prestaciones facturadas. Cada mes que transcurre la deuda crece y las estructuras administrativas de las clínicas deben afrontar sueldos, aportes, insumos y servicios con recursos cada vez más exiguos.

«Hay estructuras que ya no resisten más, la situación es crítica e insostenible», describieron voceros consultados, que apuntan al impacto combinado de la inflación en los costos operativos, los ajustes salariales pactados en el sector y la imposibilidad de trasladar esos aumentos a una obra social que paga con meses de atraso.

En paralelo, los prestadores denuncian dos fenómenos que agravan el cuadro. El primero, la aplicación de cupos que limitan la cantidad de prestaciones mensuales que cada afiliado puede realizar y que, según las entidades firmantes, no han logrado el objetivo de ordenar las finanzas de APOS y sí han deteriorado el acceso. El segundo, el aumento de derivaciones a centros de salud de Córdoba, que desde el sector interpretan como un mecanismo para compensar las restricciones en la oferta local sin reconocer la magnitud del problema.

Los referentes consultados también aluden a presuntas presiones para evitar que la crisis tome estado público, un elemento que explica —según su lectura— por qué el pronunciamiento conjunto debió esperar hasta abril, cuando ya estaban comprometidos los pagos de tres meses consecutivos.

El contraste con PAMI y la lectura política

Un dato que los propios prestadores subrayan es el contraste entre la situación de APOS y la de PAMI, la obra social nacional de los jubilados. «PAMI no tiene discontinuidad del pago, viene desde Nación, estamos con los tiempos contractuales», señalaron desde el Colegio de Bioquímicos. La comparación, lejos de ser menor, instala un interrogante político incómodo para la administración del gobernador Ricardo Quintela: mientras la obra social manejada por el Estado provincial acumula atrasos, la estructura nacional —pese al fuerte ajuste del gobierno de Javier Milei sobre el área sanitaria— sostiene el calendario de pagos con sus prestadores riojanos.

La crisis de APOS se produce, además, en el marco más amplio de la disputa entre la provincia y la Casa Rosada por los fondos coparticipables y las transferencias discrecionales que el Ejecutivo nacional condiciona. La Rioja, una de las provincias con mayor dependencia estructural de los giros federales, atraviesa un escenario fiscal que limita de manera severa su capacidad de honrar compromisos con proveedores, contratistas y, ahora, con el sistema sanitario privado.

Un sistema en alerta

A la espera de respuestas concretas del Ejecutivo provincial, el sector se mantiene en estado de alerta. Aunque ninguna de las instituciones firmantes anticipó por el momento medidas de fuerza que comprometan la atención —el propio Colegio de Bioquímicos lo descartó de manera explícita—, la conformación de un frente tan amplio y heterogéneo constituye en sí misma una señal política de primer orden.

Lo que está en juego, advierten los prestadores, excede la coyuntura: un sistema de salud que combina una obra social estatal omnipresente, una red privada que depende de ella para subsistir y una provincia sin márgenes fiscales para absorber shocks. En esa ecuación, cada mes sin pago erosiona un poco más las condiciones en las que funciona la atención médica de siete de cada diez riojanos.