La Rioja endurece su reclamo por Vicuña y advierte que no aceptará quedar al margen del mayor proyecto de cobre del país
El secretario de Ambiente provincial, Santiago Azulay, sostuvo que los efectos negativos que genere la explotación a cielo abierto en territorio riojano deben ser evaluados por la autoridad ambiental local y calificó de error cualquier intento de la empresa de buscar vías alternativas para sortear las exigencias de la provincia. El conflicto —que ya derivó en un fallo judicial de Chilecito y en controles policiales sobre el corredor de Guandacol— pone en tensión la relación con San Juan y puede escalar hasta la Corte Suprema.
LA RIOJA.– El enfrentamiento por el proyecto minero Vicuña, considerado el desarrollo cuprífero más ambicioso de la Argentina, sumó una nueva definición política que coloca a La Rioja en una posición difícil de retroceder. El secretario de Ambiente provincial, Santiago Azulay, ratificó que la provincia reclama competencia propia sobre los impactos ambientales que la explotación —ubicada a apenas 700 metros del límite interprovincial con San Juan— genere en territorio riojano, y advirtió que los intentos de la empresa Vicuña S.A. de reconfigurar su logística para evitar las exigencias locales constituyen «una decisión equivocada».
«Sobre los impactos negativos que se van a producir en suelo riojano, corresponde que sean evaluados por nuestra autoridad ambiental», afirmó el funcionario, en declaraciones que se inscriben en una ofensiva más amplia del Gobierno provincial para forzar a la firma a presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) integral ante las autoridades riojanas. Para Azulay, el reclamo no sólo se funda en la normativa ambiental, sino en una cuestión de «autonomía provincial misma».
La segmentación imposible de los impactos
El eje del argumento oficial es, en rigor, de una lógica elemental: resulta poco razonable sostener que los efectos de una mina a cielo abierto (open pit) de la magnitud prevista se detengan exactamente sobre la línea política que separa a San Juan de La Rioja. Según explicó el secretario, la aprobación original del estudio de impacto ambiental del camino de acceso contó con un visado favorable, pero el conflicto se profundizó en el proceso de renovación, cuando el Ejecutivo riojano advirtió que la evaluación seguía concibiendo al proyecto como un fenómeno acotado a la jurisdicción vecina.
La objeción provincial se articula en torno a tres ejes que se refuerzan entre sí. Primero, la proximidad geográfica del yacimiento al límite interprovincial, que vuelve prácticamente imposible circunscribir los impactos —tránsito pesado, dispersión de material particulado, ruido, vibraciones por voladuras— a una sola jurisdicción. Segundo, el hecho de que el corredor logístico principal del proyecto atraviesa territorio riojano a lo largo de más de un centenar de kilómetros, incluyendo el paso por una reserva provincial. Y tercero, la exigencia normativa de evaluar los efectos sobre cuencas, vegas y bofedales altoandinos, ecosistemas particularmente sensibles en una provincia cuya fragilidad hídrica es, desde hace años, un factor estructural del debate público.
Un fallo judicial en Chilecito y el pulso con San Juan
El reclamo administrativo ya se tradujo en un escenario judicial. La jueza de cámara de Chilecito María Greta Decker dictó una medida autosatisfactiva que dispuso la suspensión por 30 días de las actividades asociadas al proyecto y prohibió el tránsito de vehículos vinculados al emprendimiento por territorio riojano, hasta tanto la empresa presente el EIA exigido por la autoridad provincial. La resolución, recaída en el expediente «Estado Provincial c/ Vicuña S.A.», se hizo efectiva con presencia policial en el corredor de Guandacol, donde se impide la circulación hacia el yacimiento.
La decisión generó una réplica inmediata del otro lado de la cordillera. Desde San Juan, sectores oficiales y vinculados a la actividad minera cuestionaron la competencia de un tribunal riojano para disponer medidas sobre un proyecto emplazado físicamente en suelo sanjuanino, y no descartan llevar la disputa hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En paralelo, la empresa —una sociedad conjunta entre las mineras globales BHP y Lundin Mining, con una inversión estimada en torno a los USD 16.000 millones— comenzó a reorientar su logística hacia un corredor alternativo por el departamento sanjuanino de Iglesia, la denominada traza del Corredor Norte, que atraviesa Rodeo, Angualasto, Malimán y El Chinguillo hasta desembocar en el campamento Batidero.
«Buscar caminos alternativos es un error»
Es precisamente sobre ese punto donde Azulay dejó la advertencia más directa. Para el funcionario, la apuesta de la compañía por sortear el problema reconfigurando rutas antes que cumplir con las exigencias ambientales riojanas constituye un desvío que no resuelve la cuestión de fondo. Recordó que todas las partes —Estado provincial, comunidades afectadas, organismos técnicos— cuentan con herramientas legales suficientes para hacer escalar el conflicto en instancias superiores, y reclamó que la discusión se encauce por la vía del diálogo institucional.
«Debe primar la razonabilidad», planteó el secretario, en una apelación que busca fijar una posición firme sin clausurar la posibilidad de un acuerdo. La fórmula no es nueva en la caja de herramientas del oficialismo riojano: el propio gobernador Ricardo Quintela ha ensayado en los últimos meses un equilibrio similar entre la defensa de la autonomía provincial frente a la Casa Rosada y la búsqueda de espacios de negociación, tanto con el Gobierno nacional como con empresas y provincias vecinas.
Una disputa que excede lo técnico
El conflicto por Vicuña trasciende largamente el terreno de la evaluación ambiental. En juego se encuentra la definición de un modelo productivo para el oeste riojano, una región históricamente desafiada por la escasez hídrica, la presión sobre los glaciares —custodiados en la provincia por la Ley 8773 y por la Ley Nacional de Glaciares— y una economía marcadamente dependiente del empleo público y de las transferencias nacionales. La posibilidad de capturar parte de la renta del yacimiento sanjuanino más importante en materia de cobre, mineral clave para la transición energética global, constituye para La Rioja una oportunidad estratégica difícil de resignar.
Pero esa misma oportunidad explica la firmeza del planteo: si la provincia acepta un esquema en el que los beneficios fiscales y el empleo se concentren en San Juan mientras los impactos —tránsito, polvo, afectación de bofedales, tensiones sobre cuencas compartidas— se derramen sobre Guandacol, Villa Unión, Jagüé y las comunidades del oeste, el balance resultará estructuralmente desfavorable. En ese sentido, la definición de Azulay sobre el carácter «primordial» del cuidado del agua en una provincia de «tan poco caudal» —que atraviesa, por otra vía, el debate legislativo reciente en torno a la defensa de los glaciares— funciona como telón de fondo de todo el reclamo.
En las próximas semanas, el desenlace dependerá de tres variables simultáneas: la respuesta técnica de la empresa al requerimiento del EIA en territorio riojano, la eventual intervención de la Corte Suprema ante un conflicto de competencias entre provincias y la capacidad de los gobiernos de Quintela y de su par sanjuanino Marcelo Orrego para construir un esquema de gobernanza compartida que contemple las exigencias ambientales de ambas jurisdicciones sin paralizar una inversión de relevancia nacional. Por lo pronto, La Rioja ha dejado sentada una posición que, al menos en el discurso oficial, no parece admitir demasiadas concesiones.