El diputado libertario cuestionó que el organismo pase a la órbita del Poder Legislativo y denunció un pacto entre el oficialismo y el radicalismo. En respuesta, la Cámara de Diputados aprobó una cuestión de privilegio en su contra por «conductas inapropiadas» y «agravios».
LA RIOJA. – El clima político en la Cámara de Diputados de la provincia alcanzó un nuevo pico de tensión tras la aprobación de una cuestión de privilegio contra el diputado de La Libertad Avanza, Diego Molina Gómez. El conflicto, que ahora será analizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, se originó a raíz de las duras críticas del legislador libertario hacia la reciente reforma constitucional y la nueva conformación de los organismos de control judicial.
Molina Gómez fue tajante al calificar como una «aberración jurídica» que el Consejo de la Magistratura —según establece la Ley 10.864 publicada este 5 de mayo— pase a funcionar bajo la órbita de la Función Legislativa. «Esto va en contra de la división de poderes. El organismo debe estar bajo la órbita judicial», afirmó en declaraciones radiales, cuestionando que la Legislatura coordine ahora la administración financiera y los recursos del cuerpo encargado de designar jueces.
Denuncias de pactos y «daño patrimonial»
El legislador libertario no ahorró críticas hacia la oposición tradicional, asegurando que su bloque es blanco de ataques por haber visibilizado un supuesto acuerdo. «Se enojan conmigo porque claramente hubo un acuerdo con el oficialismo y el radicalismo me ataca por eso», disparó. Además, vinculó la sanción institucional en su contra con un intento de disciplinamiento económico: «Van a intentar dañarme patrimonialmente suspendiéndome un mes. Yo soy una persona austera que viajo en colectivo; voy y vuelvo de la sesión en colectivo», subrayó.
La respuesta del oficialismo y la UCR
Desde el bloque mayoritario, el diputado Cristian Pérez fundamentó la cuestión de privilegio señalando que las expresiones de Molina Gómez en redes sociales buscan «poner en duda la honestidad y la integridad» del cuerpo legislativo. Según Pérez, se trata de una «metodología de avasallamiento» que se replica del ámbito nacional al provincial.
Por su parte, la presidenta del bloque de la UCR, Gabriela Rodríguez, adhirió al pedido de sanción. Si bien defendió la libertad de expresión, advirtió que «en democracia no vale todo» y exigió que Molina Gómez ratifique o rectifique sus dichos. «Se hacen graves imputaciones sin fundamentos que le hacen daño a la democracia y buscan convertir la política en un show de diatriba barata», sentenció la legisladora radical.
La nueva estructura del Consejo
La polémica se da en el marco de la entrada en vigencia de la nueva normativa que establece que el Consejo de la Magistratura tendrá su sede en dependencias de la Legislatura. El organismo quedó integrado por tres diputados (dos por la mayoría y uno por la minoría), representantes de la Función Ejecutiva, el Tribunal Superior de Justicia, jueces inferiores, el Fiscal General, el Defensor General, abogados de la matrícula y un académico.
En la última sesión, se formalizaron las designaciones de los miembros titulares ante el Consejo: los diputados Oscar Chamía, Lourdes Ortiz e Ismael Bordagaray. Asimismo, para el Jurado de Enjuiciamiento fueron designados los legisladores Julio Reynoso, Marcelo Del Moral y Claudia López.
La Comisión de Asuntos Constitucionales deberá determinar ahora si la conducta de Molina Gómez amerita sanciones que, según el reglamento interno, podrían escalar hasta la suspensión o, en casos extremos, la expulsión de la Cámara.
Claves de la nueva ley:
- Autonomía: El Consejo goza de autonomía funcional pero su administración financiera depende de la Legislatura.
- Sede: Funcionará en el ámbito de la Función Legislativa.
- Representación: Incluye por primera vez de manera explícita a un académico de universidades locales.
