La provincia es clave para conectar infraestructura eléctrica entre San Juan y Mendoza, pero mineras y gobiernos vecinos buscan evadir a Quintela. El bloqueo de la ruta a Vicuña expone los costos políticos de una estrategia de presión que no tiene respaldo institucional.

La Rioja emerge como un actor involuntario pero crítico en la revolución del cobre que está redefiniendo la geografía económica del sector minero argentino. La provincia controla el paso terrestre de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión que conectaría San Juan con Mendoza —infraestructura vital para garantizar energía a proyectos de cobre como Vicuña y Los Azules—, pero su gobernador Ricardo Quintela está siendo visto por el sector privado como un obstáculo a evitar.

«Si puedo evitar al gobernador Quintela, lo evito. Una vez que le abrís la silla, no lo bajás más», expresó un participante directo en las negociaciones de infraestructura eléctrica minera, según reportajes de análisis sectorial. La frase encapsula una realidad política incómoda: Quintela tiene poder de veto sobre una infraestructura que requiere permisos ambientales riojanos, pero ese poder es percibido como arbitrario e impredecible por el capital privado y por gobiernos provinciales vecinos.

El bloqueo de Vicuña como táctica de presión

La estrategia de Quintela se hizo visible hace pocas semanas cuando el Gobierno riojano bloqueó el camino de acceso a Vicuña —el mayor proyecto de cobre del país— como «mecanismo de presión para incrementar la contratación de mano de obra local». La acción fue efectiva en lo inmediato: generó respuesta de la empresa. Pero en lo estratégico, consolidó la percepción de que La Rioja es una provincia «históricamente hostil frente al capital minero».

Esa hostilidad tiene antecedentes: gobiernos riojanos han bloqueado proyectos mineros, enfrentado a empresas de extracción, y utilizado la política ambiental como herramienta de negociación con gobiernos nacionales. Sin embargo, en el contexto actual —donde el Gobierno nacional impulsa el Súper RIGI como mecanismo de inversión minera, y donde San Juan, Mendoza y Catamarca están posicionándose agresivamente para captar proyectos—, la «hostilidad ambiental» de La Rioja se transforma en un costo político que otros actores prefieren evadir.

La infraestructura que La Rioja no puede ofrecer

La línea de transmisión crítica es el anillo Rodeo (San Juan) – La Rioja Sur – Gran Mendoza. Esa línea cuenta con una oferta de financiamiento de 400 millones de dólares de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Banco Europeo de Inversión (BEI) —fondos destinados específicamente al gobierno de San Juan, con tasas de retorno extremadamente positivas gracias a la demanda energética garantizada por proyectos mineros.

Sin embargo, San Juan está «todavía no está convencida de esta alternativa porque compromete partidas presupuestarias». La verdadera razón es que la línea debe pasar por La Rioja, y eso introduce un riesgo político que San Juan no quiere asumir: depender de permisos ambientales de una provincia que historicamente ha usado esos permisos como arma de negociación.

Como lo expresó una fuente allegada a la gobernación sanjuanina: «Los cupos de crédito no son ilimitados y tenemos otras prioridades crediticias como la construcción de rutas». En otras palabras, San Juan está priorizando invertir en vías de transporte antes que en infraestructura eléctrica que requiera permiso de La Rioja. Es una reasignación de recursos federales que penaliza indirectamente a La Rioja.

La ruta alternativa que evita a Quintela

El sector minero y gobiernos vecinos están trabajando en una alternativa que evita completamente a La Rioja: una línea desde la Estación Transformadora Gran Mendoza hasta Calingasta (San Juan), conectando directamente con el proyecto Los Azules de la canadiense McEwen. Esa ruta requeriría un tendido eléctrico de 132 kv desde Calingasta hasta la mina, más una nueva subestación, con una inversión de 440 millones de dólares que estaría a cargo de YPF Luz.

Desde el gobierno de Mendoza, encabezado por Marcelo Orrego, se confirma que «Estamos en conversaciones con ambas provincias. Lo importante es que todas las generadoras renovables top están dispuestas a poner dinero y colaborar». Traducción: Mendoza y San Juan están coordinando una infraestructura eléctrica que prescinde de La Rioja.

Esa dinámica revela una realidad estructural: mientras La Rioja presiona por contratación local y beneficios, San Juan y Mendoza están construyendo mecanismos de acceso a infraestructura que literalmente la evitan. La Rioja tiene poder de veto, pero carece de la credibilidad institucional para convertirlo en poder de negociación constructiva.

La puja de ENRE y los proyectos aprobados

El Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE) fue forzado a hacer una retractación en su aprobación de la demanda eléctrica de Vicuña. Inicialmente había autorizado acceso al 90% de la capacidad de nuevas redes, lo que habría dejado capacidad mínima para otros proyectos mineros. Tras críticas, ENRE redujo la demanda aprobada a 260 MW —abarcando solo la primera fase de Josemaría, no las fases posteriores que requieren aprobación ambiental.

Una audiencia pública el 3 de junio será el próximo paso. Pero lo relevante para La Rioja es que se está discutiendo cómo distribuir capacidad eléctrica en un sistema que ella no controla completamente. Los Azules (proyecto de McEwen con RIGI aprobado) está diseñado para funcionar con la ruta alternativa que evita La Rioja.

La paradoja del poder sin institucionalidad

Quintela está en una posición paradójica: tiene poder sobre infraestructura crítica, pero ese poder es percibido como caprichoso e impredecible. Eso genera dos efectos:

1. Desvío de inversiones: San Juan y Mendoza están priorizando rutas y infraestructura que no requieren permisos riojanos, lo que reduce el valor de la posición de La Rioja en futuras negociaciones.
2. Debilitamiento de la negociación provincial: Al usar el bloqueo de Vicuña como táctica de presión por empleo local, Quintela se posiciona como un adversario del sector minero en lugar de un socio. Eso lo coloca en una relación de conflicto permanente con actores que tienen más recursos y opciones territoriales.

La contratación local como herramienta de presión limitada

El bloqueo de la ruta a Vicuña para «incrementar la contratación de mano de obra local» responde a una demanda legítima: empleo para trabajadores riojanos. Sin embargo, como estrategia de negociación federal, es limitada. Otros gobiernos provinciales también reclaman contratación local sin necesidad de bloquear accesos. Y en contexto de fragmentación política nacional, donde el Gobierno federal no tiene suficiente poder para imponer disciplina, mineras y gobiernos vecinos simplemente eligen rutas alternativas.

Lo que sucede es que La Rioja está jugando una partida de poder local (contratación) cuando la verdadera negociación es federal (infraestructura, recursos, RIGI). En esa arena federal, Quintela tiene menor capacidad de presión que otros gobernadores como Orrego (Mendoza) o Cornejo (Mendoza con PRO), quienes tienen mejores relaciones con el Gobierno nacional.

Quintela está descubriendo los límites del poder provincial en un federalismo fragmentado. Puede bloquear caminos de acceso a Vicuña, pero no puede evitar que San Juan y Mendoza construyan infraestructura eléctrica que lo prescinda. El costo político de usar el bloqueo como táctica de presión es que refuerza la percepción de La Rioja como «hostil al capital minero», lo que acelera la búsqueda de rutas alternativas. Para el próximo ciclo de negociaciones sobre infraestructura crítica, La Rioja será evitada, no buscada.