El sector farmacéutico riojano advirtió que la entidad estatal APOS arrastra un retraso de seis meses en los pagos. Además, critican un gravamen del 11% que se les exige por adelantado y la apertura de sucursales oficiales que califican como «competencia desleal». Aseguran que los comercios de barrio corren riesgo de desaparecer frente al avance de cadenas de otras provincias.
La crisis económica y financiera que golpea al sector de la salud sumó un capítulo dramático en la provincia de La Rioja. La Cámara de Farmacias local encendió las alarmas ante una situación que califican como «sistemática y destructiva»: la obra social estatal APOS (Administración Provincial de Obra Social) mantiene una deuda de seis meses con los prestadores, lo que obligó a decenas de locales pequeños y medianos a dejar de atender a los afiliados o, en el peor de los casos, a bajar la persiana definitivamente.
En diálogo radial, Hugo Tello, representante de la entidad que nuclea a las farmacias riojanas, describió un panorama de asfixia financiera insostenible para el sector. Según el directivo, el último período que la obra social provincial liquidó de manera efectiva fue octubre de 2025. Desde noviembre del año pasado hasta la fecha, los pagos se encuentran completamente frenados, rompiendo de forma sistemática los contratos vigentes que establecen un plazo máximo de cobro de entre 30 y 45 días.
«Esto ya es una situación destructiva para el sector. El contrato establece que a los 30 o 45 días como máximo debería estar pagado, pero no se cumple absolutamente nada de eso. Siempre se pagó a dos, tres o cuatro meses, pero ahora ya llevamos seis meses de retraso», afirmó Tello, visiblemente preocupado.
El «impuesto» del 11%: la encrucijada financiera
A la millonaria mora en la cadena de pagos se le suma una exigencia comercial que las farmacias locales ya no pueden absorber. Para poder atender a los afiliados de APOS, el Estado provincial les exige una bonificación obligatoria del 11%, un canon que los farmacéuticos deben abonar de manera anticipada apenas se realiza la venta del medicamento, para luego quedar a la espera de un reintegro estatal que tarda más de medio año en efectivizarse.
«Para hacerlo concreto: si usted tiene una farmacia y quiere atender a los afiliados de APOS, tiene que pagarle a la obra social una bonificación del 11%, y eso se paga por adelantado. Apenas el cliente se lleva el medicamento, ese porcentaje ya le queda a la obra social, y la farmacia tiene que esperar seis o siete meses para que le devuelvan el costo total. Es un costo altísimo e imposible de sostener», explicó el dirigente.
A este esquema se le sumó otro factor de presión fiscal impositiva: el incremento de la alícuota de Ingresos Brutos a nivel provincial, que en el último tiempo trepó del 2,5% al 4%, recortando aún más los ya golpeados márgenes de ganancia locales.
Competencia desleal y el fantasma del «monopolio foráneo»
La problemática no solo es financiera, sino también estructural. Desde la Cámara de Farmacias denunciaron que, mientras el sector privado se ahoga por la falta de pago, el Estado provincial expandió su propia red oficial (Farmapos) con la apertura de casi una veintena de sucursales en todo el territorio. Esta estrategia, que desde el Gobierno riojano se defiende como una «federalización del servicio», es vista por los comerciantes locales como una competencia desleal que busca centralizar la atención.
Como consecuencia directa de esta asfixia, las farmacias tradicionales de la provincia —muchas de ellas empresas familiares con más de 30 o 40 años de trayectoria— comenzaron a achicarse drásticamente o a vender sus fondos de comercio. El vacío dejado por el empresariado riojano está siendo rápidamente ocupado por grandes cadenas de capitales foráneos (provenientes de provincias vecinas) que cuentan con la «espalda financiera» necesaria para soportar los meses de retraso de la seguridad social.
Tello graficó la crisis con la experiencia en carne propia de su histórico comercio en el interior provincial: «Nosotros somos Farmacia Cristal, de la ciudad de Chilecito. Comenzamos allá por el año 1997 y supimos tener 16 empleados; hoy apenas nos quedan seis. Hace 20 años que debimos dejar de trabajar con la obra social provincial porque no podíamos pagar ese costo».
Sin respuestas de la política
El sector farmacéutico intentó canalizar el reclamo a través de la Legislatura provincial, pero las gestiones naufragaron. Según los representantes del sector, legisladores oficialistas manifestaron su «buena voluntad» pero reconocieron que no existe canales de diálogo abiertos con la actual administradora de APOS, Claudia Ortiz, cuya gestión mantiene la misma línea rígida aplicada en su momento por su antecesor, Emiliano Castro.
Ante el fracaso de las negociaciones legislativas, los farmacéuticos riojanos consideran que la situación entró en una etapa drástica y que la única salida institucional depende de una decisión política directa del Poder Ejecutivo.
«Estamos apelando a la buena voluntad de nuestro gobernador. Es la única persona que puede atendernos, mirar la situación del sector, cambiar este panorama y brindar una solución antes de que las farmacias locales desaparezcan por completo», concluyó Tello. Por el momento, el desabastecimiento de medicamentos bajo la cobertura de APOS ya es una realidad palpable en localidades del interior como Chepes, Ulapes, Villa Unión y Famatina, donde los afiliados deben recorrer largas distancias o abonar los remedios de su propio bolsillo a precio de lista.
