El abogado asumió como nuevo secretario del Consejo de la Magistratura, un puesto estratégico para destrabar los concursos de jueces provinciales. Su designación coincide con un clima de fuerte tensión por el torniquete fiscal de la Nación y las reformas clave del gobernador Ricardo Quintela.
En un escenario político provincial cruzado por la pulseada diaria con la Casa Rosada y la escasez de recursos presupuestarios, la trinchera institucional de la Justicia riojana activó un recambio de piezas que busca dar respuesta a una demanda urgente en los tribunales del interior y de la Capital: la parálisis en la designación de magistrados formales. La atención de los principales operadores judiciales y políticos se posó sobre la figura de Juan Manuel Ártico, quien asumió formalmente el cargo de secretario del Consejo de la Magistratura de La Rioja.
Su designación, impulsada y aprobada de manera previa por la Legislatura Provincial de mayoría justicialista, lo ubica en un puesto clave de alta sensibilidad técnica. El secretario es el encargado de articular el engranaje de los concursos públicos, manejar los expedientes de evaluación de antecedentes y controlar los procesos de ingreso y promoción dentro de la Función Judicial en los fueros penal y civil. Ártico estará secundado por el doctor Francisco Martínez de la Colina, quien asumió la prosecretaría en el mismo acto protocolar.
La ceremonia de asunción estuvo encabezada por la presidenta del Consejo, la doctora Karina Becerra, y funcionó como una fuerte foto de respaldo del poder peronista local en medio de los duros cruces discursivos con el Ministerio de Economía nacional por los fondos extracoparticipables. En las primeras filas del evento se mostraron la vicegobernadora de la provincia, Teresita Madera; el Fiscal General, Javier Vallejos; y el Defensor General, Gastón Mercado Luna, además de autoridades de diversos organismos estatales.
La puesta en funciones de Ártico y de los nuevos consejeros titulares (los doctores Elvio Elías Romero Sarquis y María Marta Reynoso Bordón) marca, según precisaron fuentes oficiales, el inicio de una «nueva etapa institucional» orientada a priorizar los criterios de idoneidad y transparencia por sobre la burocracia judicial. Se busca con urgencia cubrir vacantes críticas en juzgados clave para mejorar el «servicio de justicia» directo a los ciudadanos. Durante la misma jornada, las autoridades despidieron y reconocieron la gestión de la secretaria saliente, Florencia Ibáñez, y del consejero Lucas Casas.
Un recambio en medio de reformas y ahogo fiscal
El desembarco de las nuevas autoridades en el estratégico órgano de selección judicial ocurre en un contexto riojano sumamente complejo que excede las fronteras de los tribunales. El gobernador Ricardo Quintela viene de enviar a la Cámara de Diputados un ambicioso paquete de proyectos que incluye desde modificaciones de fondo al Código de Procedimientos Penales hasta la institucionalización de un nuevo Régimen Electoral Provincial.
Este intento de blindaje y ordenamiento normativo puertas adentro es la respuesta del quinterismo frente a lo que denuncian como un «plan sistemático de asfixia financiera» por parte del gobierno nacional de Javier Milei. La provincia del NOA enfrenta actualmente un drástico desplome del 29,4% real en las transferencias para subsidios al transporte, un parate absoluto en la obra pública nacional y un virtual congelamiento en el mercado de deuda tradicional subnacional, ubicándose al fondo de los ránkings de crédito en el país.
Para amortiguar el impacto de la licuación de los salarios estatales y evitar que se rompa la cadena de pagos en el «pago chico», la gestión peronista ya ratificó que apelará a su propia ingeniería financiera de emergencia para el segundo semestre. La conducción riojana analiza volver a volcar masivamente los bonos de circulación local «Chacho» para apalancar las recomposiciones salariales de los empleados públicos tras el receso invernal de julio, mientras resiste en bloque —junto a los gobernadores del Norte Grande— la presión de la Casa Rosada para adherir a los esquemas desreguladores del RIGI nacional. En este tembladeral de fondos, la transparencia y velocidad que Ártico le imprima al Consejo de la Magistratura será vital para sostener la legitimidad institucional del Estado riojano.
