Un informe técnico desnudó el impacto del freno total a la obra pública que aplica la Casa Rosada. La provincia norteña quedó relegada al lote de los distritos que recibieron menos de $100 millones, profundizando la asfixia financiera del pago chico.
En medio de la feroz pulseada política y judicial que mantiene el gobernador peronista Ricardo Quintela con la administración de Javier Milei, una nueva radiografía de los números oficiales promete recalentar el conflicto en el «pago chico». Durante abril, la Inversión Real Directa (IRD) del Estado nacional en La Rioja sufrió un drástico desplome del 75,8% interanual, dejando en evidencia el impacto material del torniquete fiscal de la Casa Rosada sobre el interior profundo del país.
Los datos, que se desprenden del último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), exponen que la provincia norteña recibió apenas $59 millones en el cuarto mes del año. Con esta cifra, el distrito conducido por el quinterismo quedó formalmente sepultado en el pelotón de las jurisdicciones más castigadas por el plan de shock libertario, que restringe al mínimo las transferencias para sostener la infraestructura y los servicios locales.
La poda en el gasto público no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia macroeconómica: a nivel nacional, la inversión real directa se hundió un 72,5% en abril —destinándose un total de apenas $30.566 millones—, lo que representó el recorte porcentual más acentuado en los últimos 18 meses. Hay que remontarse a octubre de 2024 (cuando la retracción tocó el 89,3%) para encontrar un parate de tal magnitud en las planillas de la Secretaría de Hacienda.
Un reparto desparejo y discrecional
El documento técnico de ASAP revela además que el ajuste libertario estuvo lejos de ser homogéneo. Mientras el gobierno nacional se retiró de la ejecución de la obra pública civil para forzar a que sea costeada por arcas provinciales o por el sector privado, un puñado de distritos gozó de un tratamiento diferencial. Cuatro provincias (Catamarca, Chubut, Mendoza y Tucumán) registraron incrementos reales en sus partidas. De hecho, el podio de la inversión de abril estuvo concentrado en un 63% por Tucumán ($7.768 millones), Buenos Aires ($7.231 millones) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($4.272 millones).
La contraacara de este escenario es el lote de las nueve provincias periféricas —entre las que se ubica La Rioja— cuyas transferencias mensuales por IRD ni siquiera lograron quebrar la barrera de los $100 millones. En el acumulado del primer cuatrimestre, la caída nacional ya promedia un 36,8% real, con un desembolso consolidado de $234.167 millones.
Trinchera provincial y el regreso de los «Chachos»
En los despachos de la gobernación riojana leyeron estos números como una ratificación del «ahogo financiero sistemático e ilegal» que vienen denunciando ante la Corte Suprema, donde reclaman una deuda acumulada por fondos extracoparticipables. «Detrás de estas planillas de Excel que festejan en Buenos Aires hay obras paralizadas y familias reales que se quedan sin sustento», braman cerca del mandatario provincial, alineado en la estrategia de resistencia territorial del PJ.
Para contrarrestar la licuación de recursos y evitar que se rompa por completo la cadena de pagos en el circuito comercial doméstico, el oficialismo riojano ya prepara su propia ingeniería financiera de emergencia de cara al segundo semestre. Con el mercado voluntario de crédito prácticamente congelado y los subsidios al transporte en caída libre, la administración de Quintela ratificó que apurará una recomposición salarial estatal tras el receso invernal de julio, y no descarta volver a volcar de forma masiva los bonos de circulación local «Chacho» para sostener la contención social.
Desde la oposición local, referenciada en La Libertad Avanza y bajo el paraguas del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, insisten en desacreditar el «relato de escasez permanente» del Ejecutivo provincial. El bloque libertario argumenta que los giros automáticos de coparticipación federal mantuvieron estabilidad real y acusan al peronismo de utilizar el conflicto con la Casa Rosada como un escudo político para pisar los sueldos públicos por debajo de la Canasta Básica Total. Sin embargo, el severo freno a los fondos para obras que exhiben las estadísticas de abril le vuelve a dar aire al discurso federalista de una provincia dispuesta a no dar el brazo a torcer frente al dogma del déficit cero.
